A los pies de los promotores

Cualquiera que sea la decisión que adopte el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, una cosa es cierta: Alicante necesitará varias décadas para recuperarse de los gobiernos de Luis Díaz Alperi y de Sonia Castedo. El paso de estas personas por la alcaldía ha tenido unas consecuencias para la ciudad que sólo ahora comenzamos a ver en toda su magnitud. La crudeza de la crisis económica ha hecho que los alicantinos nos enfrentemos, en los últimos meses, a una realidad que las autoridades ocultaban. La brillante ciudad del turismo y los servicios ha resultado ser poco más que un ingenioso eslogan de la propaganda oficial. Las repetidas quejas de los hoteleros vienen a confirmar la situación. No es una casualidad que las encuestas más recientes sobre la calidad de vida en las ciudades españolas releguen a Alicante a los últimos lugares. Se necesita un esfuerzo continuado para alcanzar esta posición.

La imputación de Luis Díaz y Sonia Castedo por favorecer a Enrique Ortiz durante la elaboración del Plan General de la ciudad puede dar la impresión de que el problema se reduce a este asunto. Desde el punto de vista de la justicia es así, desde luego, y esto es lo que han manifestado las investigaciones de la policía. Pero la realidad es bastante más compleja. Quien haya seguido la política municipal de Alicante durante los últimos quince años sabe que el urbanismo ha sido su columna vertebral. En torno a la construcción y a la recalificación de terrenos se ha levantado la ciudad que los alicantinos sufrimos ahora. La situación actual de Alicante, sus problemas de limpieza, de movilidad, son el resultado de una política municipal que gobernó para unos pocos y olvidó a la mayoría. Durante mucho tiempo, en la ciudad mandaron los constructores y se gobernó a su criterio.

Los sucesos en torno al Plan General, su inacabable redacción, sus cambios, sus vaivenes, reflejan con exactitud lo que ha sido la política municipal de Alicante bajo la alcaldía de Díaz Alperi y Sonia Castedo. Cuando Díaz contrata a Lluís Cantallops para redactar el Plan General se produce un equívoco que, con el tiempo, resultaría revelador. Cantallops —un arquitecto de prestigio en su especialidad— se asombra del ritmo de la construcción que observa a su llegada a la ciudad. “Lo que ocurre en Alicante no lo he visto en ningún sitio”, declarará a la prensa. Sus manifestaciones a favor de la calidad frente a la cantidad alarman a los constructores locales. La ciudad que propone el arquitecto —recuperar el tejido urbano, compactarlo— no puede ser aceptada por los promotores porque va en contra de sus intereses. En la discusión, Díaz toma partido por estos y se producen las desavenencias que acabarán con el despido de Cantallops y su sustitución por otro arquitecto menos díscolo. “Cantallops pretendía decirnos a los alicantinos cómo teníamos que vivir”, declarará a la prensa, tiempo después, un importante constructor. No sé si Cantallops pretendía decirnos a los alicantinos cómo debíamos vivir, pero lo cierto es que acabamos viviendo como querían los promotores.