Olaverri dice de las Diputaciones que son “españolas” y no “forales”

Las Diputaciones vascas actuales “no son herederas de las antiguas Diputaciones forales, sino Diputaciones españolas administradas al modo vasco gracias a los recursos del Concierto Económico”, fue la contundente crítica de Javier Olaverri ante la comisión de duplicidades del Parlamento. Esta escucho otras dos comparecencias, las del exconsejero de Educación del anterior Gobierno, Tontxu Campos, que pidió la modificación de la Ley de Territorios Históricos (LTH) y de la Ley de Aportaciones, y la del representante de la Diputación de Bizkaia en la Comisión Arbitral, Andrés Urrutia. Este fue el más defensor del statu quo actual, que desaconsejó replantear en su globalidad. Sí lo consideró “perfectible” pero abogó por una “lealtad y cooperación” que dijo no ver “desde fuera” y que atribuyó a los diferentes colores políticos que rigen cada administración. Sí señaló que en el momento constituyente del autogobierno, Estatuto de Gernika en 1979, “el legislador” si tenía “la idea clara” de “incardinar” en las “instituciones comunes”, es decir, en el Gobierno, las competencias que los territorios históricos “ejercían o recuperaban”.

Los tres vieron conveniente la revisión en profundidad, tras treinta años de pervivencia, del sistema de organización interna. “La reflexión es de enorme interés para el país” y, en su caso, “para posibles modificaciones del modelo de articulación política”, dijo Urrutia.

El diagnóstico más pedagógico, y también el más crítico, lo realizó el compareciente más alejado hoy día de la política, el antiguo parlamentario de Euskadiko Ezkerra, Javier Olaverri, ingeniero de primera formación y abogado en ejercicio.

El exconsejero Campos aconseja cambiar la LTH y la ley de Aportaciones

Olaverri sumó legislación inadecuada, financiación excesiva e incumplimiento de leyes como los factores que han propiciado las duplicidades; bien porque las administraciones entran en cuestiones para las que no tienen competencias, bien porque estas están mal definidas (las sociedades públicas o el bienestar social) o porque hay mala gestión. Aquí incluyó la de los tres aeropuertos, dos puertos, dos meteorologías, u otras como los centros de congresos y museos.

Entre la legislación inadecuada, Olaverri incluyó la Ley de Territorios Históricos (LTH), pero también la Ley de Bases de Régimen Local. La primera fue mucho más allá de las competencias que el Estatuto les daba a los territorios, dijo, al tiempo que echó en falta “un marco de coherencia entre ingresos totales y gastos totales”: los primeros dependen de las Diputaciones y los segundos se pactan al margen del Parlamento, apuntó, en referencia al Consejo Vasco de Finanzas (CVF). El marco actual “no tienen en cuenta la entrada en la Unión Europea” —en 1983 no se había producido— y además “margina a los ayuntamientos”. A estos se les invade la capacidad de organización comarcal, se les controla presupuestariamente, se les impide la presencia en el CVF, mientras la capacidad de fomento de las diputaciones es ilimitada.

El modelo obvia la Unión Europea, porque es de antes de entrar España

Olaverri describió igualmente una “huida del derecho administrativo”, en la que enclavó la creación de falsas empresas públicas de derecho privado y de falsas fundaciones —más de 450, dijo—, que no computan deuda y contratan sin control. En el capítulo de la financiación excesiva, Olaverri resaltó que el sistema de Cupo con el Estado no se aplique al reparto interno de competencias.

Respecto de la legislación que no se cumple, incluyó el que las instituciones comunes no planifiquen, como indica la propia LTH; que el Gobierno no ejerza la alta inspección sobre las Diputaciones: que el CVF no decida según informes de necesidades que son preceptivos legalmente o que el Parlamento no no fije el nivel de recaudación global necesario ni intervenga en el reparto, “ni siquiera cuando hay desacuerdo en el CVF”.