La policía acredita 200.000 euros ilegales en la campaña de Camps en 2007

Mientras los principales imputados niegan ante el juez las irregularidades, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía sigue aportando al Tribunal Superior de Justicia valenciano informes que acreditan la financiación ilegal —delito electoral y falsedad documental— del PP regional en las elecciones de 2007 y 2008.

El último informe de la UDEF concluye que el Grupo Vallalba y dos de sus filiales, vinculados al sector de la construcción y la obra civil, aportaron casi 200.000 euros de forma irregular a la campaña del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en los comicios autonómicos que ganó por mayoría absoluta en 2007.

Las tres empresas —la matriz Grupo Vallalba, Pavimentos del Sureste y Hormigones Martínez— habrían efectuado los pagos a Orange Market, la sociedad de la trama Gürtel que organizaba los actos electorales del partido. El responsable empresarial detrás de los pagos a la red sería, según la policía, Rafael Martínez Berna, presidente de la patronal de Alicante hasta noviembre, cuando dimitió por su implicación en Gürtel y a raíz de la millonaria multa que, por otros motivos, le impuso la Comisión Nacional de la Competencia.

La contabilidad interna de Orange Market refleja el ingreso de 199.520 euros en septiembre de 2007 junto a numerosos ingresos identificados como “Campaña 2007”. Pero en la hoja de Excel de la sociedad de la red que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, no figuran los nombres de las tres empresas alicantinas, sino una misteriosa referencia: El Cantante. La policía considera que se trata de otro ejemplo de la tendencia de la trama Gürtel a utilizar apodos “con la finalidad de ocultar” identidades.

La investigación lleva a la policía a concluir que con El Cantante la red hacía referencia a Rafael Martínez Berna, al coincidir “el nombre de pila de este y el de un conocido profesional dedicado a la canción española”. Esto es, Raphael.

La mecánica utilizada por las empresas del Grupo Vallalba fue muy parecida a la de otras empresas supuestamente implicadas en la causa, como Sedesa, de la que la policía también aportó recientemente un informe. En el caso de Vallalba, para camuflar el pago de actos electorales populares, Orange Market emitió cuatro facturas por servicios ficticios en las que se plasmaba un concepto “suficientemente amplio y vago en su descripción, que permite acomodarse a las necesidades tanto de Orange Market como de la empresa pagadora”, según la UDEF. Esos conceptos fueron: “Ocho lonas publicitarias” (40.600 euros); “asesoramiento en relaciones públicas” (21.460 euros); “estudio corporativo” (69.600 euros), y “estudio impacto” (67.860 euros).

Gürtel redactó los presupuestos de las cuatro facturas en solo tres minutos

A pesar de su apariencia legal, las cuatro facturas y la documentación relativa a las mismas incautada por la policía no han resistido un examen a fondo. Uno de los muchos datos que el informe destaca para deducir su falsedad es el de la elaboración de los presupuestos por parte de Orange Market. Aunque la trama los fechó en momentos diferentes (25 de enero, 6 de febrero, 17 de abril y 2 de julio de 2007), el campo de propiedades de los archivos informáticos revela que los presupuestos fueron redactados consecutivamente y en solo tres minutos: entre las 18.46 y las 18.49 del 17 de julio de 2007.

La contratación presenta más incongruencias. En la de las ocho lonas publicitarias que teóricamente pidió Pavimentos del Sureste —que en junio de 2009 pasó a llamarse Padelsa Infraestructuras— a la empresa de El Bigotes, la policía ha descubierto que en el borrador de presupuesto ya figuraba el mes en el que Orange Market emitió tiempo después la factura (septiembre de 2007) y la fecha exacta de vencimiento del pagaré con el que le pagó la constructora (28 de octubre de 2007).

“Se puede inferir”, señala la UDEF, “que antes de la elaboración definitiva del presupuesto por parte de Orange Market, ya existía una previsión o instrucción al respecto de emitir la factura en una fecha determinada y de cuándo se iban a recibir los fondos en pago a la misma”. La anomalía se repite en las otras tres contrataciones.

Es común también a los cuatro casos una ausencia llamativa. La policía no ha hallado la “hoja de costes” que las empresas del grupo de Francisco Correa utilizaban habitualmente para conocer con precisión el beneficio de los actos que organizaba. En ella, la trama detallaba “los proveedores que participaban en la preparación, montaje y ejecución de un acto determinado, el importe que los mismos facturaban” y el beneficio que obtenían.

Ni rastro del servicio

Si realmente se hubiera prestado el servicio de las lonas, prosigue la policía, el diseño, fabricación e instalación de las mismas, “habría sido subcontratado por Orange Market a un tercero y debería existir factura de dicho proveedor”, ya que la empresa de El Bigotes carecía de los medios para hacerlo, pero no existe rastro de ello.

Y en el “estudio corporativo” que supuestamente realizó Orange Market para Hormigones Martínez —que en junio de 2010 cambió su nombre por el de CHM Obras e Infraestructuras—, el envío del pagaré (24 de septiembre) y el cobro del mismo (26 de septiembre) es anterior a la fecha de la factura (22 de octubre) que los justifica.

La contratación fue firmada por Tomás Martínez Berna por parte de las constructoras, según la policía. El día que la sociedad de la red recibió los 199.500 euros del Grupo Vallada también se ingresaron en su cuenta 7.345 euros provenientes de Arturo Torró, entonces en la oposición y hoy alcalde popular de Gandia. Torró reconoció en 2010 que Orange Market hizo su gran acto electoral de 2007.