El juez inhabilita a los administradores de Alfageme y les pide 18,4 millones

Una sentencia ha puesto el punto final a uno de los mayores desastres empresariales de esta década en Galicia. El fallo declara culpable el concurso de Alfageme; condena a Gustavo Lago Rey, su primer administrador, a cinco años de inhabilitación para administrar bienes y a indemnizar al resto de los acreedores de la conservera con 11,8 millones de euros. El juez señala que Lago realizó pagos indiscriminados por esa cantidad “a favor de una empresa del grupo que terminó engullendo todo el capital social en detrimento de los acreedores”, lo que “contribuyó a generar o agravar la insolvencia”. Como resultado, unos 200 trabajadores perdieron su puesto en la conservera más antigua de España; la marca Miau ha desaparecido y se han dilapidado 40 millones de fondos públicos.

El desastre se podía haber evitado “si hubiera existido una mínima voluntad de consolidar el proyecto empresarial”, pero lejos de ello se multiplicaban las trampas contables, los préstamos entre empresas del mismo grupo para descapitalizar la conservera, lo que “precipitó la insolvencia de modo definitivo”, según el fallo.

Pese a calificar la conducta de la familia Lago, padre e hijo, como “gravemente imprudentes”, toda la responsabilidad recae en Gustavo Lago, administrador único de Alfageme hasta el 31 de marzo de 2009. Bajo su dirección se produce el “primer fenómeno agravador de la insolvencia”, al devolver unos supuestos préstamos de 11,8 millones a Promalar, la sociedad matriz dirigida por su padre. Después, un consejo de administración formado por representantes de las sociedades Arkiterra, Cobreiro y Oremor Inversiones (que también han sido inhabilitadas) tomó las riendas. Pero la juez no ve probado que Juan Lago (patriarca de la familia) fuese su “administrador de hecho” pese a numerosos indicios.

La sentencia también obliga a las tres empresas a devolver otros 6,6 millones como consecuencia de las indemnizaciones laborales dictadas por los juzgados en el despido de más de 100 trabajadores de Vigo. Con ese dinero hubieran sido indemnizados “por lo menos, con el coste legal de 20 días de salario”.