Dos firmas en manos del PP debían controlar Emarsa, según el juez

Ni una empresa ni la otra estaban eximidas de fiscalizar las cuentas de Emarsa, que gestionaba la mayor depuradora de la Comunidad Valenciana. El juez que investiga el saqueo de al menos 25 millones de euros en la planta que trataba las aguas residuales de Valencia y su área metropolitana considera que dos empresas públicas en manos del PP tenían la obligación de supervisar a Emarsa. Tanto la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), que gestiona hasta 460 depuradoras valencianas, como la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), integrada por medio centenar de municipios del área de Valencia, “debían ejercer funciones de inspección y control sobre la gestión de Emarsa y la actividad que desarrollaba, ambas dentro del ámbito de su competencia”, asegura el juez Vicente Ríos en un auto por el que desestima el recurso contra la imputación de Ignacio Bernácer, exjefe de explotación de la Epsar.

“Y es indiciariamente el concierto de sus máximos responsables, también del recurrente”, añade Ríos, “lo que ha podido facilitar la ausencia de control para llevar a cabo el fraude investigado”.

En su auto, el juez desmiente a Bernácer, pues entiende que la Epsar, “mediante el sistema de financiación por convenio”, sí “se ha encargado de sufragar la práctica totalidad de los gastos de gestión y explotación” de la depuradora. Ríos también cree que la petición de la Epsar a diversas plantas de precios para tratar lodos, que basó la tasa fijada de 42 euros por tonelada, “es una ficción”, puesto que se destinaban a aplicación agrícola.