La huelga municipal golpea a Barbate

Barbate tenía señalada esta semana como festiva, porque a partir del jueves tendrán lugar las jornadas gastronómicas en torno al atún rojo. Pero la huelga convocada por los empleados municipales, que no han cobrado las últimas cuatro nóminas, desnuda una realidad en la que hay realmente poco que celebrar. Las basuras no se recogen, los bomberos y los policías locales cumplen servicios mínimos, no se puede tramitar ni un solo documento en el Ayuntamiento. Los paros continuarán indefinidamente. “Dejaremos las movilizaciones cuando sepamos que vamos a cobrar”, advierte el representante de UGT en la plantilla municipal, José Ramón Torres.

 Barbate lleva muchos años en crisis, con 30 millones de euros de deuda a la Seguridad Social, las Participaciones de Ingresos del Estado retenidas, un 40% de paro, apenas actividad industrial y un sector pesquero en declive. En Barbate, hay muchos que no tienen empleo y los 300 trabajadores del Ayuntamiento no cobran. Al alcalde, Rafael Quirós (PSOE), se la han agotado las fórmulas para reunir los 400.000 euros mensuales que hacen falta para pagar las nóminas. Hasta el momento, no se ha planteado despedir a nadie. “Hay veces que pensamos que es mejor eso. Por lo menos, nos darían dinero”, sostiene Roque Vázquez, de CC OO.

Para muchos de estos empleados, la situación se ha complicado de tal forma que han tenido que dejar sus casas e incluso acudir a comedores sociales. De ahí que vean que esta huelga general, a la que han llamado al resto de los vecinos, sea ya la única solución posible. “Lo hemos intentando todo. Concentraciones, manifestaciones, asambleas, paros parciales. Solo nos queda esto”, asegura el portavoz de UGT.

El alcalde dice que respeta pero no comparte esta huelga. Menos aún en la semana en la que Barbate podría obtener algún rédito económico con las jornadas gastronómicas dedicadas al atún rojo. Quirós dice que confía en que los pagos a todos los trabajadores se puedan poner al día pronto. El alcalde cimienta su confianza en la llegada de fondos desde la Diputación y al cobro de la privatización del servicio de agua.