Nace un tribunal ciudadano de justicia en el seno del 15-M

La creación de un tribunal ciudadano de justicia que investigue los desmanes inmobiliarios cometidos por bancos, cajas de ahorros y compañías tasadoras contra la ciudadanía y que exija además la devolución de lo estafado a los usuarios y al Estado, es una de las novedades de la asamblea de indignados de Sol, planteada la noche del domingo y aprobada masivamente por los asistentes a manos alzadas. Varios miembros del movimiento 15-M informaron de la iniciativa a la asamblea, compuesta por más de dos mil personas.

El tribunal ciudadano investiga tales prácticas bancarias tras recoger y cruzar toda la información posible procedente de aquellas personas que, sin saberlo, recibieron créditos tramitados ilegalmente por gestores bancarios, cajas de ahorros y suscribieron contratos de compraventa de pisos fraudulentamente sobretasados. Hasta el momento los portavoces del tribunal aseguran disponer de información sobre 20.000 contratos inmobiliarios, pero se proponen recoger mucha más información y cruzarla convenientemente para llegar hasta el origen de los fraudes y esclarecerlos.

El tribunal quedará formado por un jurado ciudadano de 20 miembros titulares y otros 20 suplentes elegidos entre los propuestos desde las asambleas de barrio. Posteriormente a la investigación, tratará públicamente los casos y enjuiciará la conducta de las entidades concernidas en prácticas delictivas.

Las prácticas denunciadas en la asamblea perseguían -y aún persiguen- cobrar las comisiones correspondientes a las cédulas hipotecarias, cuyos topes legales han sido sistemáticamente violados por bancos, cajas de ahorros y tasadoras. El delito que la asamblea de indignados denuncia consiste en que las entidades bancarias involucradas en métodos crediticios ilegales ganaban sus comisiones según el volumen de préstamos hipotecarios que concedían pero lo hicieron a costa de personas que carecían de medios para devolverlos.

Origen de la burbuja

En vez de atenerse a la normativa legal, que mantenía un fondo exigido al concesionario del préstamo —la tradicional entrada, aproximadamente el 20% del valor total contratado— los gestores fraudulentos de bancos y cajas otorgaron créditos sin tales límites, operación especulativa que luego las compañías tasadoras completaban, de manera igualmente ilegal, mediante la sobretasa de las viviendas contratadas. De este modo, espoleaban la demanda ficticia de pisos que, a su vez, disparaba la oferta de viviendas y distorsionaba la planificación urbanística hasta extremos ruinosos.

En esas prácticas de concesiones fraudulentas de crédito a personas insolventes, desprovistas además de información veraz, y en las sobretasaciones ilegales de viviendas con fines especulativos sitúa el nuevo tribunal ciudadano el origen de la burbuja inmobiliaria. Asimismo, la asamblea de indignados del 15-M destacó que muchos de los estafados son inmigrantes que no dominan la lengua y a quienes se les hurtó la información de detalle sobre el alcance de aquello a lo que se comprometían.

Los préstamos no devueltos han de ser satisfechos por el Estado, según denuncian los portavoces del tribunal ciudadano, que remarcan asimismo que la tarea investigadora que se proponen realizar debiera haber sido acometida previamente por el Estado, al que imputan declinar del cumplimiento de su deber al respecto.

Los informadores facilitaron una dirección electrónica www.tribunalciudadanodejusticia.com para encauzar la información de quienes deseen aportar sus datos en este proceso que se informará, expondrá, debatirá y juzgará públicamente antes de las eventuales actuaciones de oficio. En la misma asamblea se informó también del comercio justo y del consumo solidario. Estas nuevas modalidades de comercio y consumo se aplican ya en ámbitos de barrios y localidades, para ampliarse a círculos cada vez más extensos de la población. Consisten en la toma de conciencia del alcance social de tales buenas prácticas en contraposición a los hábitos comerciales desorbitados de la sociedad de consumo.