La alcaldesa de Jerez advierte a los sindicatos que el ERE es innegociable

El primer encuentro entre la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), y los delegados sindicales para abordar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 390 trabajadores municipales puede ser el último. La regidora ha decidido contratar servicios jurídicos externos para que consensúen con los agentes sociales el único aspecto que a su juicio se puede negociar: el de establecer criterios para seleccionar el personal afectado por la extinción de contratos.

El tiempo tampoco corre a favor de la plantilla. Pelayo quiere aplicar el ERE a mediados de junio y ha fijado un mes para la negociación de los despidos, del convenio colectivo y de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) inédita hasta ahora en el Consistorio jerezano.

Desde las secciones sindicales creen que ese plazo "es imposible de cumplir". De ahí que interpreten que el gobierno del PP "no espera nada de la negociación" y se centra solo en cumplir los requisitos administrativos para que el ERE sea viable.

El segundo plan de ajuste municipal aprobado en pleno por el gobierno del PP para que el Consistorio perciba de la línea de crédito del ICO 328 millones de euros para el pago a proveedores marca un ahorro de 17 millones de euros a través del ERE y de otros 16 millones de euros más en bajadas salariales que deben reflejarse en la negociación colectiva.

Pelayo no quiere dilaciones y tampoco lo oculta. Ha avisado que en el proceso de contratación de la asistencia jurídica para la gestión de los despidos se tendrá en cuenta entre las ofertas recibidas tanto el coste del servicio (entre 18.000 y 60.000 euros) hasta el tiempo de ejecución. "A lo mejor pueden hacerlo en una semana", deslizó la regidora.

Minutos antes de iniciarse el primer encuentro entre gobierno y sindicatos, la alcaldesa dejó claro el punto de partida. "La decisión del ERE ya está tomada. Lo que cabe es que en el periodo de consultas de un mes se consensúen los criterios más favorables para la tramitación. Es necesario hacer una reducción en el capítulo de personal en este Ayuntamiento". Sentadas las bases, Pelayo instó a los sindicatos a que hagan propuestas en el convenio colectivo y en la relación de trabajadores afectados por el ERE para que el ajuste sea "menos doloroso".

A pesar de la determinación de la alcaldesa, algunos sindicatos creen que hay un margen para que el ERE sea "menos dramático". La presidenta del comité de empresa, Nieves Calvillo (CGT), valora incluso la posibilidad de que el gobierno pueda negociar la jubilación anticipada de 150 trabajadores que, a los seis meses de percibir el desempleo, pudieran cobrar la pensión al sobrepasar los 61 años de edad. Calvillo cree que la salida de esos 150 trabajadores podría ayudar a suavizar la regulación de empleo. Desde la UGT son más pesimistas. Sostienen que la jubilación anticipada solo sería una medida adicional al ERE.

El gobierno ya ha advertido que va a aplicar el ajuste con o sin consenso y ha advertido a las secciones sindicales que actuará de forma unilateral si los representantes de los trabajadores no acuerdan cómo reducir salarios y qué premisas marcan para seleccionar a los afectados por el ERE.