El Ayuntamiento de Sevilla insiste en parar la Torre Pelli
Zoido quiere que Junta y Gobierno compartan el coste si hay que indemnizar a los promotores


Al Ayuntamiento de Sevilla le gustaría que se parasen las obras de la Torre Pelli, pero ni quiere cargar con el peso de tomar la decisión ni puede asumir el coste de la indemnización millonaria que habría que pagarle a la promotora (la antigua Cajasol, ahora integrada en Caixabank). Esta es la conclusión que se extrae de las palabras pronunciadas ayer por el concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, que compareció ante los medios tras reunirse con dos miembros de Icomos España, el órgano asesor de la Unesco en materia de patrimonio.
Al encuentro asistió el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), que planea un encuentro entre el gobierno municipal, el autónomo y el central, Icomos y Caixabank para intentar llegar a un acuerdo antes de la reunión del comité mundial de la Unesco prevista para junio. En esta cita es posible (aunque nadie lo ha confirmado) que se analice el impacto de la Torre Pelli sobre el patrimonio de Sevilla y, según insiste Icomos, es “probable” que se decida incluir a Sevilla en la lista negra de los bienes “en peligro”. “Ese riesgo existe”, sostuvo ayer Víctor Fernández Salinas, que además de ser secretario general de Icomos es uno de los miembros destacados de la plataforma Túmbala, que reúne a los detractores del rascacielo diseñado por César Pelli.
El gobierno local planea una reunión de todas las partes y pactar una solución
Lo cierto es que, en el caso de Sevilla, en el catálogo de Bienes Patrimonio de la Humanidad solo están incluidos la catedral, el Archivo de Indias y el Real Alcázar. Y, según el informe presentado por el Gobierno ante la Unesco, la torre no tiene impacto visual en este conjunto. Sin embargo, el Ayuntamiento asume el mensaje de Icomos y considera que este peligro existe, según manifestó el edil de Urbanismo.
Vílchez intentó ayer abrir una puerta a la responsabilidad de la Junta en este embrollo porque, recordó, es la encargada de velar por el “interés paisajístico”. “Si se decide la paralización tendrán que hacer frente a sus responsabilidades”, señaló el concejal. El Gobierno central, por su parte, es el interlocutor directo con la Unesco, por lo que el Ayuntamiento cree que también tiene su cuota de responsabilidad.
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