El Gobierno ayuda a Arenas para que sus alcaldes sean diputados

Mariano Rajoy prometió durante la campaña de las elecciones generales que haría todo lo que estuviera en su mano —y aún más— para ayudar a Javier Arenas en la conquista de la presidencia de la Junta. Sin poder esquivar la embestida de la crisis económica, ya ha dicho que presentará los Presupuestos del Estado, donde irá el grueso de los recortes, pasados los comicios andaluces, el día 30 de este mes. Tendrá también una presencia activa en la recta final de la carrera del candidato (hoy mismo estará en un acto en Córdoba), al igual que sus ministros. Y ahora se propone recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley electoral andaluza, que prohíbe a los alcaldes ser también diputados de la Cámara autónoma.

Arenas había hecho del combate a esta norma —aprobada en las postrimerías de la legislatura— uno de los puntales de la precampaña de su partido y de la ofensiva a José Antonio Griñán, quien había defendido que no se pudieran simultanear los cargos para evitar su acumulación, especialmente en tiempos de crisis y desempleo.

El candidato del PP llevó su desafío hasta el extremo de encabezar cinco de las listas con alcaldes, a los que se suman media docena más en puestos de salida. Lo hizo después de que el Consejo de Ministros, en su primera reunión, el pasado 30 de diciembre, conociera un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que preside el diputado por Sevilla Cristóbal Montoro, para recurrir ante el Constitucional. El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, dictaminó el pasado 26 de enero que existen fundamentos jurídicos para el recurso. “Constituye una vulneración de los derechos constitucionales de derecho pasivo y de acceso a cargos públicos (...) y una discriminación que carece de justificación razonable”, sostuvo.

El Consejo de Ministros, presidido ayer por Soraya Sáenz de Santamaría, aprobó solicitar del presidente del Gobierno la interposición del recurso. Ya quedan pocos pasos y los plazos están muy medidos. La mera toma en consideración del recurso por parte del alto tribunal significa la suspensión cautelar de la ley Electoral andaluza, de modo que los alcaldes —que no son inelegibles, es decir, que pueden presentarse a las elecciones pero no desempeñar ambos cargos— tendrían tiempo de incorporarse a sus escaños cuando se constituya el Parlamento autónomo el próximo 19 de abril. La inoperancia de la norma durará cinco meses. Antes del vencimiento, el Constitucional deberá resolver si anula el precepto impugnado.

El plan de Arenas es que cuando el pronunciamiento se produzca, él ya estará sentado en la presidencia de la Junta, merced a la mayoría absoluta que le otorgan las encuestas, y derogará la ley de forma inmediata.

En la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno señala que la incompatibilidad no existe en la legislación básica estatal y se entiende desproporcionada y arbitraria, en tanto que la norma que la recoge no justifica el distinto trato que se da a los alcaldes y a otros cargos de las Administraciones públicas.

Ocurre, sin embargo, que en Galicia sí existe esta incompatibilidad desde hace 15 años sin que haya habido problemas.