Transparencia para las empresas

Los recursos siguen creciendo desde que en mayo pasado se pusiera en marcha el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) del Gobierno vasco. En los siete meses del pasado ejercicio en que estuvo activo entraron 68 casos y en los primeros dos meses, todavía sin acabar, de este año, son ya 19 las causas, un ritmo que de consolidarse podría acabar duplicando el número total de actuaciones.

Fuentes de ese órgano concretan que se están recibiendo casos de recursos de empresas que han licitado en los Ayuntamientos de las tres capitales. El OARC ha completado un círculo de transparencia integral para las empresas que trabajan con la Administración.

El Perfil del Contratante es la base a partir de la cual se publicitan los contratos. Está abierto al público en general y cualquier persona puede ver la actividad de la Administración como contratista y seguir los pasos de cada uno de los contratos, con plazos garantizados por el organismo certificador del Gobierno —Izenpe—. También se pueden comprobar las modificaciones en los pliego, o plazos, si las hay, en tiempo real.

El portal no se queda ahí. Las novedades que incorpora el sistema, que lo han convertido en único en España, son el Perfil del Adjudicatario y el Registro de Contratos, ya operativo. El Perfil del Adjudicatario es una base de datos que se está depurando según los números NIF para consultar qué empresas contratan con la Administración y en qué cuestiones. Aunque existen niveles para la información más sensible, los datos societarios básicos y los de los contratos públicos pueden ser consultados libremente.

Si esas dos herramientas permiten acceder a toda la oferta de contratos del Gobierno y las empresas que los han ganado y en qué condiciones, el Registro de Contratos facilita hacer el seguimiento de la vida íntegra de cada uno de ellos. El sistema se completa con el Registro Oficial de Contratistas y el Órgano de Recursos Contractuales. Las empresas presentan una vez la documentación al Registro y, tras un acuerdo con las Diputaciones y la Seguridad Social, el Ejecutivo comprueba la veracidad al momento.