Milei va por su segundo intento para privatizar la hidrovía, un corredor clave para las exportaciones de Mercosur

Después de un primer intento frustrado, Javier Milei se encamina ahora a avanzar con la concesión a una empresa privada de la hidrovía, un corredor fluvial de 3.400 kilómetros clave para la salida de las exportaciones argentinas. Culminado el plazo para la presentación de ofertas, se abrieron los sobres y el Gobierno deberá evaluar ahora a los tres candidatos interesados en quedarse con el negocio de administrar esa arteria clave: dos de origen belga, Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME) y Jan De Nul, y una brasilera, DTA Engenharia.

El plan de Javier Milei es privatizar por 25 años, renovables por otros 5, el mantenimiento y operación del tramo argentino (alrededor de 1.400 kilómetros) de la Vía Navegable Troncal (VNT), más conocida como la hidrovía Paraná-Paraguay. Esta vía conecta puertos fluviales de Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay con el océano Atlántico a lo largo de 3400 kilómetros de navegación continua. Por allí circulan anualmente cerca de 4500 buques de ultramar y se moviliza más del 80% del volumen de exportaciones del país, tanto de productos agroindustriales como la producción automotriz.

La licitación abierta por el Gobierno en diciembre pasado contempla la operación, el cobro de peaje, el mantenimiento, la señalización y las tareas de dragado de la hidrovía desde el kilómetro 1238 del río Paraná, en su confluencia con el río Paraguay, hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata. Además, compromete trabajos de inversión en tecnología que buscan garantizar una mayor velocidad de navegación.

Los 1.400 kilómetros de hidrovía bajo jurisdicción argentina fueron administrados durante 25 años por un consorcio privado conformado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa. Cuando caducó el contrato, en 2021, el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) devolvió su manejo a manos estatales. Sin embargo, Jan de Nul continuó al frente de las operaciones, subcontratada por el Estado. Emepa, por su parte, quedó salpicada por la causa Cuadernos, en el marco de la cual se conoció que el dueño de la compañía, Gabriel Romero, habría pagado sobornos para obtener una extensión de la concesión en 2010.

Ya con Milei a cargo, el Gobierno intentó ponerla nuevamente en manos privadas y en noviembre de 2024 lanzó un proceso de licitación, que estuvo plagado de denuncias de falta de transparencia. Once empresas se mostraron interesadas en el proyecto oficial, pero al momento de abrir los sobres, solo una había hecho una oferta formal: la empresa de origen belga DEME, justamente la que más había cuestionado la licitación y había señalado direccionamiento en los pliegos (y que vuelve a estar entre los oferentes ahora). El Gobierno, entonces, declaró nulo el proceso e inició una investigación para determinar si DEME ejerció presiones sobre otros competidores o hubo algún pacto ilícito en perjuicio del Estado y los productores argentinos.

Licitación con supervisión de Naciones Unidas

En el Gobierno informaron que el pliego de esta nueva licitación se elaboró con el respaldo y la auditoría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que “garantizó la transparencia del proceso”. “El trabajo conjunto con este organismo de las Naciones Unidas aseguró que el proceso de adjudicación se rija por criterios de competitividad que beneficien de manera directa a la economía nacional”, señalaron en un comunicado oficial, y también resaltaron el rol que tuvieron cámaras empresariales y los gobiernos de las provincias que cruza la hidrovía.

Entre los cambios más importantes respecto del pliego anterior, se rebajan notablemente los plazos de concesión (de 30 años, con posibilidad de prórroga de otros 30 a 25 años con posibilidad de 5 más) y se redujeron los precios de referencia de 4,5 a 3,8 dólares por tonelada de registro neto (TRN). “Está licitación garantiza la baja de por lo menos 10% en dólares del costo de logística desde el día uno”, asegura Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. También se logró mayor profundidad en las obras a realizarse y se incorporó a la provincia argentina de Entre Ríos a la traza. De acuerdo a las estimaciones del Gobierno, la evaluación de las ofertas llevará alrededor de tres meses y luego demorará entre 60 y 90 días en que el ganador tome posesión de la hidrovía. “Deberíamos llegar al segundo semestre con una operación nueva”, apunta Arreseygor.

De todos modos, persisten algunos cuestionamientos al proceso licitatorio. Por un lado, se señala que los más de 1.400 kilómetros sean entregados a un solo concesionario, lo que configuraría un “monopolio ineficiente” por la magnitud de la tarea, un argumento que el equipo de Milei desacredita y atribuye a voces interesadas en quedarse con una porción del negocio. Por otro lado, se señala que faltan “metas de profundidad” para que los buques graneleros modernos puedan salir con carga completa y evitar costosas escalas en otros puertos. En el Gobierno aseguran que en la licitación se contempla la máxima profundidad posible que los estudios existentes permiten cotizar. Queda abierta la renegociación para ir llegando a más profundidad, basada en nuevos análisis que permitan saber qué hay en el lecho del río, por debajo del nivel ya explorado.