Los incendios en la Patagonia argentina exponen la desidia oficial

El fuego no avanza solo. Lo hace sobre decisiones tomadas y, sobre todo, sobre las no tomadas. Según datos oficiales preliminares, en estas pocas semanas de verano más de 21.000 hectáreas de bosques ya fueron reducidas a cenizas en la Patagonia argentina.

La región de los bosques andino patagónicos constituye una de las últimas reservas mundiales de bosques templados con poca alteración humana y valiosa biodiversidad. Se trata de uno de los biomas mejor conservados de Argentina.

Puerto Patriada, El Hoyo, Epuyén, el Parque Nacional Los Alerces, El Turbio en la provincia de Chubut y el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz: lugares de enorme belleza, biodiversidad y agua dulce, hoy asociados al fuego y la destrucción. Paisajes que no podrán ser disfrutados por varias generaciones.

No se trata de una tragedia inesperada. Venimos de un invierno donde nevó y llovió poco. La crisis climática está aquí y no pide permiso. Sequías prolongadas, temperaturas extremas, vientos intensos, sumados a la expansión descontrolada de pinos exóticos —que actúan como combustible— conforman un cóctel explosivo. Negar o subestimar este escenario es una forma de irresponsabilidad política que se paga con bosques y viviendas.

Se estima que el 95% de los incendios forestales se producen por acción humana, ya sea por negligencia o intencionalidad: fogatas mal apagadas, asados en lugares no habilitados, colillas de cigarrillos, quemas de residuos forestales, habilitación de tierras para pastoreo y especulación inmobiliaria. No es un fenómeno natural inevitable. Es una consecuencia directa de la falta de prevención, de controles insuficientes y de políticas públicas debilitadas.

Si hay responsables, debe investigarlos el Poder Judicial, no señalarlos desde tribunas políticas. El tiempo y la energía gastados en buscar chivos expiatorios deberían destinarse a reforzar la prevención y el combate del fuego.

La dimensión del problema ya no admite eufemismos. En 2025, casi 32.000 hectáreas de bosques andino patagónicos fueron afectadas por incendios durante el verano, cuatro veces más que la temporada anterior. Fueron los peores incendios registrados en la región en las últimas tres décadas. No es una anomalía: es una tendencia.

Sin embargo, la respuesta estatal va en sentido contrario. Argentina se encuentra entre los 15 países con mayor deforestación del mundo, y el gobierno nacional redujo los presupuestos de la Ley nacional de bosques nativos y del Fondo nacional de manejo del guego. Menos recursos significan menos prevención, menos controles, y menos capacidad de reacción, tanto del gobierno nacional como de las provincias. A eso se suma la insólita intención de modificar la Ley Nacional de Glaciares, poniendo en riesgo a las principales fuentes de agua dulce del país, en un contexto de crisis hídrica cada vez más grave.

La situación de los brigadistas en todo el país es el retrato más crudo del poco interés. La Administración de Parques Nacionales cuenta con apenas 400 brigadistas, cuando el mínimo necesario sería de 700 para cubrir los cinco millones de hectáreas bajo su jurisdicción y asistir a las provincias cuando la emergencia lo requiere. Se les pide que enfrenten incendios de magnitud histórica con recursos humanos insuficientes, equipamiento limitado, sueldos miserables y un desgaste físico y emocional extremo.

Mientras tanto, el fuego no espera. Cada foco que no se controla a tiempo se transforma en un monstruo inabordable. Cada hectárea perdida es biodiversidad que no volverá pronto, suelos degradados, agua comprometida y comunidades afectadas.

El bosque no se quema solo. Se quema cuando se recortan presupuestos, cuando se mira para otro lado, cuando se niega el cambio climático, cuando se improvisa en lugar de planificar. Se quema cuando se llega tarde.

Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo, pero no con discursos vacíos. Hace falta más prevención, más controles, más brigadistas, más aviones hidrantes, erradicar los pinos exóticos y penalizar la destrucción de bosques. Prepararse para un escenario de incendios crecientes ya no es una opción: es una obligación que el pueblo debe exigir y los gobiernos asumir.