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Una huelga de médicos profundiza la crisis del PAMI, la obra social más grande de Latinoamérica

La motosierra de Milei afecta el funcionamiento del PAMI, que otorga cobertura sanitaria a alrededor de seis millones de jubilados en Argentina

Protesta de pensionados fuera del Congreso de Argentina, en Buenos Aires, el 1 de abril.Miguel M. Caamano (NurPhoto vía Getty Images)

Una huelga de 72 horas lanzada este lunes por médicos y odontólogos profundiza la crisis del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, una obra social argentina que tiene alrededor de seis millones de afiliados y es considerada la más grande de Latinoamérica. La entidad, que es una de las cajas más voluminosas del Estado, sufrió un fuerte deterioro desde que la administración de Javier Milei recortó los fondos destinados a la salud. Acumula una deuda con prestadores de alrededor de 500.000 millones de pesos (unos 370 millones de dólares) y ha aplicado una modificación en su pago a profesionales que alienta la salida de médicos del sistema, lo que afecta la atención que reciben las personas mayores.

Según explica Roberto Souto, secretario general de la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia), los problemas salariales empezaron con las negociaciones paritarias de 2024, cuando los ingresos comenzaron a quedar descalzados respecto de la inflación y a perder capacidad de compra. Pero la situación se agravó este mes con una resolución que modificó el esquema de pagos y generó el “estallido” de los profesionales afectados.

Son alrededor de 8.500 médicos y 3.200 odontólogos de cabecera de todo el país que, hasta el momento, cobraban un monto fijo por cada paciente de su nómina (independientemente de cuántas veces lo atendieran) y extras por consultas especiales que tenían un gran peso en la liquidación final. La resolución 1107/2026, implementada este mes, elevó el valor fijo que se paga por paciente de 946 a 2.100 pesos mensuales, pero eliminó los adicionales por determinadas consultas, lo que —de acuerdo al sindicato que impulsa la medida de fuerza— redunda en una importante reducción de los ingresos.

“Lo que cobramos no alcanza para pagar el alquiler del consultorio, los servicios, la factura electrónica, la secretaria”, resume Souto, que es médico cirujano y hace 54 años es prestador de PAMI. Asegura que es imposible para un médico vivir solo del trabajo en esa obra social y que todos atienden también en hospitales y hacen guardias para complementar ingresos. Algunos profesionales deciden dejar de atender a afiliados de PAMI y se vuelcan a pacientes con cobertura privada, lo que termina repercutiendo en el acceso a la salud de los adultos mayores con menores ingresos, que tienen más demora en los turnos y menos opciones. En el PAMI aseguran que es una medida que busca “ordenar” y señalan que el aumento del pago fijo per cápita es del 120%, el “máximo esfuerzo presupuestario” del que es capaz la obra social en este momento.

La entidad presenta problemas estructurales desde hace años, vinculados a la alta cantidad de afiliados, el elevado gasto en medicamentos y prestaciones, y la dependencia del financiamiento estatal para funcionar. Hasta la llegada de Milei al poder se mantenía una cobertura amplia, incluyendo medicamentos bonificados al 100%, una política costosa pero de gran impacto en la economía de los hogares. La reducción abrupta de la cobertura y el rezago de los haberes respecto de los precios contribuyeron a que los jubilados se convirtieran en epicentro de la resistencia argentina contra el Gobierno ultra. Realizan manifestaciones cada miércoles frente al Congreso de la Nación, que en más de una ocasión fueron reprimidas violentamente por fuerzas de seguridad.

El otro gran frente de conflicto para el instituto es su cuantiosa deuda. Si bien en el PAMI no detallaron la magnitud de ese problema, admitieron que la deuda acumulada con prestadores (clínicas, sanatorios, laboratorios, farmacias, ópticas) puede rondar los 500.000 millones de pesos (unos 370 millones de dólares). En los hechos, esta situación termina por generar la creación de pagos complementarios por parte de los pacientes o la suspensión temporal o permanente de las prestaciones para los afiliados.

“El PAMI se comprometió a saldar lo que aún quede pendiente en los próximos días”, apuntaron, aunque admiten que no hay un cronograma definido para hacerlo. El Ministerio de Salud —que en el presupuesto de este año recibió un recorte del 13,7%— intenta obtener una ayuda adicional de la caja de Economía, que administra con rigidez el ministro Luis Caputo.

La crisis del PAMI se profundiza por un componente demográfico y socioeconómico: el achicamiento progresivo de los aportes derivados del trabajo registrado —que desde hace más de una década no solo no crece, sino que se reduce frente a otras formas de empleo precario—, lo que se combina con una población que envejece y es más longeva. Menos trabajadores formales deben sostener la atención de una masa de jubilados cada vez más amplia.

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