Milei paraliza las leyes que dan más fondos a universidades y hospitales pediátricos

La motosierra de Javier Milei dejó malheridas las universidades públicas y el mayor hospital pediátrico de Argentina, el Garrahan. Se trata de dos áreas sensibles ajenas a la polarización argentina —cuentan con el apoyo de nueve de cada diez ciudadanos, según las encuestas—, pero a las que Milei volvió a dar la espalda a cinco días de las elecciones legislativas. Este martes, el Gobierno argentino promulgó las leyes aprobadas por el Congreso que aumentan la financiación de las instituciones de educación superior y del hospital que trata las enfermedades infantiles más raras y complejas del país. Acto seguido, a través de un decreto, dejó en suspenso su aplicación hasta que el Congreso especifique de dónde van a salir los fondos.

La estrategia elegida por el presidente ultraderechista para mantener los recortes en salud y educación es la misma que usó semanas atrás con la ley que declaraba la emergencia en discapacidad y garantizaba los tratamientos a este colectivo vulnerable.

En los tres casos se trata de normativas que fueron aprobadas por las dos cámaras legislativas, que después Milei vetó y que quedaron firmes cuando volvieron a someterse a votación y obtuvieron el respaldo de más de dos tercios de los diputados y de los senadores.

Nunca antes en la historia reciente de Argentina, el Ejecutivo se había negado a acatar leyes con ese apoyo legislativo, lo que ha disparado desde denuncias de inconstitucionalidad hasta pedidos de juicio político.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez definió como “un nuevo acto de autocracia” la decisión de Milei de negarse a aplicar las leyes aprobadas por el Congreso. El letrado aseguró en X que los decretos de suspensión de las tres normativas son nulos e inconstitucionales porque violan el proceso de formación y sanción de leyes.

Desde las filas opositoras, algunos diputados advirtieron a Milei que su negativa a cumplir las leyes aprobadas rompe con la división de poderes consagrada en la Constitución nacional y lo acusaron de tener una doble vara a la hora de defender el equilibrio fiscal. Uno de los ejemplos citados fue el pedido hecho por el Gobierno para reimprimir todas las papeletas electorales de la provincia de Buenos Aires y evitar que apareciese en ellas la fotografía de José Luis Espert, el economista que encabezaba la lista oficialista hasta que renunció por sus presuntos vínculos con un empresario preso por narcotráfico.

“Ese argumento se lo acuerda sólo cuando no le gusta lo que tiene que financiar”, criticó la legisladora peronista Julia Strada. Esta politóloga subrayó que el aumento de financiación que les niega a las universidades públicas, a los hospitales pediátricos nacionales y al área de discapacidad contrasta con las rebajas temporales de impuestos concedidas a un puñado de multinacionales agroexportadoras y mineras con las que el Estado argentino dejó de recaudar más de 2.000 millones de dólares y que beneficiaron a muy pocos.

“Paro general”

Docentes, personal sanitario, pacientes y prestadores de servicios en discapacidad protestaron este martes frente a la Casa Rosada. “Milei está incumpliendo una ley que no le gusta, gobierna como un monarca”, lo critica Maximiliano Bares, administrativo del Garrahan. Este trabajador del hospital pediátrico adelanta que preparan un pedido de juicio político a Milei y a sus ministros de Salud y Economía. Además, exigen que las grandes centrales obreras del país convoquen a una huelga general.

Cerca de Bares, una madre se ríe al ver cómo su hija, de 12 años, juega con una enorme bandera albiceleste desde su silla de ruedas. La niña se llama Fátima y en 2022 los médicos del Garrahan le extirparon un tumor cerebral. “Le salvaron la vida”, asegura su madre, que prefiere no dar su nombre. “Poner en riesgo este hospital, que tiene los mejores profesionales de Argentina, es cruel y estúpido, porque todos los argentinos sabemos que si nuestros hijos se enferman gravemente el mejor lugar para que los atiendan es acá”, lamenta mientras a su alrededor se escuchan cánticos que piden “paro, paro general”.

La situación es crítica también para las decenas de miles de discapacitados que requieren costosos medicamentos y tratamientos que no pueden pagar sin la ayuda del Estado. En los primeros siete meses de 2025, la inflación general acumulada fue del 22%, pero en alquileres y servicios como luz, gas y agua se acercó al 30%. En cambio, el precio por sesión que reciben los prestadores de servicios en discapacidad se mantuvo congelado en 13.000 pesos (menos de 9 dólares).

“Somos precarios y estamos en una situación desesperante”, advierte la fonoaudióloga Elsa Martínez. “Tenemos que pagar el alquiler, los servicios, los materiales con los que trabajamos y cada vez necesitamos hacer más y más horas para llegar a fin de mes”, detalla. La ley de emergencia en discapacidad contempla que los prestadores como Martínez recuperen el poder adquisitivo perdido y garantiza que los pacientes tengan acceso a todos los tratamientos, ya que a día de hoy muchos sólo se mantienen si las familias pagan de su bolsillo un aporte extra.

En el caso de las universidades públicas, en 2024 el recorte de fondos llegó a poner en duda la finalización del año lectivo. Los docentes calculan que desde que asumió Milei, hace 22 meses, sus salarios han perdido un 46% de poder adquisitivo frente a la inflación, casi el doble de lo que perdieron en los ocho años previos bajo los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Las mayores manifestaciones contra el Gobierno ultraderechista han sido aquellas convocadas en defensa de la educación superior pública y gratuita. Milei se ha mostrado indiferente al apoyo popular del que gozan las universidades para abrir el grifo de la financiación. Si se mantiene inflexible en plena campaña electoral, muchos dudan que cambie su postura después de la cita en las urnas.