El campo argentino cuestiona la vuelta de los aranceles a las exportaciones

En su acuciante busca de divisas, Javier Milei decretó el lunes pasado la eliminación temporal de los derechos de exportación que pagan los productos agropecuarios, la gran fuente de ingresos para Argentina. La medida tenía previsto regir hasta fin de octubre —cuando se realizarán elecciones legislativas nacionales— o hasta alcanzar una liquidación de 7.000 millones de dólares. Lo que no tenía previsto era que ese cupo se alcanzara en solo tres días y que su éxito, al concentrar el beneficio en las grandes empresas exportadoras, generara malestar en los productores rurales, uno de los sectores cruciales para el arribo de la ultraderecha a la Casa Rosada. La rápida obtención de divisas tiene como contracara que el Estado dejará de percibir, al menos, unos 1.500 millones de dólares.

La suspensión de los derechos de exportación —las retenciones, como se las conoce en el país— fue parte del paquete de medidas tomado por el Gobierno de Milei para enfrentar la zozobra que sufrió su plan económico en las últimas semanas. Su principal propósito fue conseguir los fondos necesarios para aliviar tensiones cambiarias y pagar vencimientos de deuda. La situación se estabilizó, finalmente, con la promesa de un multimillonario rescate de Estados Unidos para Argentina, anunciado el lunes por la Administración de Donald Trump.

La eliminación de las retenciones a las exportaciones es un reiterado reclamo de los productores agropecuarios argentinos. Milei se ha manifestado a favor de quitarlas, pero hasta ahora solo ha dictado bajas parciales. Por eso, la suspensión resuelta por el presidente ultra había despertado expectativas en el campo. Duraron poco.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero del país informó en la noche del miércoles que se había alcanzado el cupo de 7.000 millones de dólares de exportaciones y que, desde ese momento, las operaciones deberían pagar retenciones. Solo se prorrogó el beneficio, sin tope y hasta el 31 de octubre, para la exportación de carnes. Los principales aranceles vigentes son del 26% para la soja; del 9,5% para el maíz y el sorgo; y del 5,5% para el girasol.

En realidad, gracias al sistema vigente, el cupo de exportaciones sin retenciones se alcanzó no con operaciones concretas, sino con declaraciones de venta presentadas por las grandes exportadoras. Las compañías tienen 72 horas para liquidar al menos el 90% de las divisas según los montos declarados. Pero, debido a una resolución tomada por el Ejecutivo este martes, tienen hasta 360 días para efectivizar el embarque de los productos. Las compañías exportadoras disponen ahora de un año para comprarles a los productores los granos a un valor menor al declarado, ya que el precio supondrá la vigencia de las retenciones.

“Fue un negocio pura y exclusivamente entre el Gobierno y las exportadoras”, explica Soledad Aramendi, presidenta de la Sociedad Rural de la ciudad de Rosario, donde se asienta uno de los principales puertos comerciales del país. “El resto de los actores de la cadena productiva del agro se quedó afuera”, agrega. “Los productores están enojados, los acopiadores de granos están enojados. El precio siempre lo terminan poniendo los exportadores. Así, esto es inviable”, lamenta y reclama una profunda reforma laboral y tributaria, con reglas claras y estables.

La Sociedad Rural Argentina reclamó “analizar la legitimidad de las declaraciones” y solicitó que “el decreto de retenciones cero sea extendido”. La Confederación de asociaciones rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó “malestar” por la suspensión de los derechos de exportación “por un período tan breve, medida claramente coyuntural […] que no generó ningún beneficio para los productores —verdaderos dueños de los granos— y que terminó siendo un gran negocio para los mismos de siempre: los exportadores”.

De acuerdo con datos oficiales preliminares, cinco grandes firmas exportadoras concentraron el 80% de las declaraciones de venta sin retenciones, que totalizaron 11,7 millones de toneladas de granos y subproductos como harina y aceite. Bunge Argentina registró el 19% de las declaraciones presentadas. La filial local de Louis Dreyfus Company (LDC) declaró una cantidad muy similar. Cofco Argentina, delegación de la firma china, detentó casi el 16%. Luego siguieron Viterra, del grupo Bunge, con el 12% y la multinacional Cargill, con el 11%.

La brevedad de la exención de las retenciones despertó recelo no solo porque implicó un negocio redondo para grandes compañías, en detrimento de los productores rurales y las arcas del Estado.

También alimentó sospechas porque, al informar este miércoles detalles del rescate financiero para Argentina, el secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, expresó su interés en “poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas” argentinos. El respaldo multimillonario de Trump al Gobierno de Milei alumbró reclamos internos en Estados Unidos. La Asociación Americana de Soja (ASA, su sigla en inglés) elevó una protesta porque la guerra arancelaria de Trump ha obstaculizado las ventas a China y, mientras la Administración republicana auxiliaba a Argentina, el país sudamericano suspendía las retenciones y aumentaba sus ventas al gigante asiático —esta semana se comprometieron 20 cargamentos de soja—.

Con la restauración de las retenciones en Argentina, las críticas internas fueron para Milei, tanto de los productores rurales como de quienes alertaron sobre la influencia de EE UU en el rumbo de su plan económico.