Doble feminicidio, un chófer mutilado y un niño secuestrado en Argentina

Pablo Rodríguez Laurta, de 39 años, fue detenido en un hotel de la ciudad argentina de Gualeguaychú el pasado domingo como principal sospechoso de haber asesinado a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Zoraida Zamudio. Estaba con su hijo de cinco años, al que la Policía buscaba desde hacía 24 horas, y todo apunta a que quería llevarlo a Uruguay, su país de origen.

La Policía encontró una pistola cargada en su habitación, con la que presumen que perpetró ambos crímenes. La reconstrucción hecha por las autoridades dos días después deja al descubierto que Laurta planificó con frialdad el doble feminicidio y lo acusa de haber asesinado a una tercera persona, el chófer Martín Palacio, que llevaba una semana desaparecido. “Estamos frente a una verdadera mente criminal metódica”, declaró este martes el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Giardina denunció a Laurta por violencia de género en 2023 y un año después el hombre fue detenido y encarcelado durante un mes por haber violado la orden de restricción que pesaba contra él. En ese momento permaneció tres días escondido debajo del tanque de agua de la casa en la que su expareja vivía con su hijo y con su madre para poder espiar todos los movimientos que hacían. La Justicia lo dejó en libertad bajo estrictas condiciones, pero Laurta escapó a Uruguay. En ese país, integraba el grupo Varones Unidos, dedicado a arremeter contra las políticas de género y poner en dudas las denuncias por violencia interpuestas por las mujeres.

En rueda de prensa, Roncaglia detalló los movimientos realizados por el presunto asesino en la última semana. Según los investigadores, Laurta cruzó en canoa el río que separa Uruguay de Argentina el pasado 7 de octubre para burlar los controles migratorios que hubiesen hecho saltar las alarmas. La escondió —aparentemente porque pensaba usarla de nuevo para volver a cruzar de forma ilegal con su hijo— y se dirigió en autobús hacia la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Llegó a las ocho de la tarde y en la terminal lo esperaba Palacio con un automóvil para trasladarlo hasta Rafaela, en la provincia de Santa Fe.

Nunca llegaron a ese destino juntos. El teléfono de Palacio se apagó antes de medianoche y las cámaras de seguridad registraron a Laurta al volante del vehículo de Palacio cuando cargaba combustible en una estación de servicio a las tres de la madrugada del día siguiente. Sospechan que en ese momento ya había asesinado al chófer y se había deshecho de su cuerpo en el lugar donde fue encontrado durante un rastrillaje cinco días después. Estaba dentro de una bolsa de basura. Había sido decapitado y le faltaban los brazos.

“Creemos que asesinó a Martín para ocultar lo que iba a hacer después”, dijo Roncaglia. “Evidentemente hubo una planificación, no creo que lo haya matado en una discusión. Él iba a ser un testigo, se iba a enterar y lo iba a relacionar con el doble femicidio”, agregó el exjefe de la Policía Federal.

El automóvil fue descubierto carbonizado a las afueras de la ciudad de Córdoba, 650 kilómetros al oeste de Concordia. La Policía todavía investiga qué hizo entre ese día y el sábado 11 por la mañana, cuando Giardina y Zamudio fueron asesinadas. Giardina contaba con un botón antipánico que no activó, lo que hace pensar que el atacante llegó por sorpresa y disparó antes de que fuese posible cualquier reacción. Las autoridades policiales activaron una alerta para localizar al niño, que fue encontrado después de una búsqueda de 24 horas y puesto bajo custodia estatal.

El caso ha vuelto a poner en primer plano la violencia de género en Argentina. El Gobierno de Javier Milei niega que se trate de un delito con características específicas, quiere eliminar la figura de feminicidio del Código Penal y ha desfinanciado los programas de protección a las víctimas. Las cifras del país sudamericano muestran otra realidad: en promedio, una mujer es asesinada por razones de género cada 39 horas, según el último informe de la Corte Suprema de Justicia. Nueve de cada diez homicidas tenían un vínculo previo con la víctima.