El Senado argentino consuma la revuelta contra Milei: revierte el recorte a las universidades y hospitales pediátricos
El Congreso rechaza por una amplia mayoría los vetos del presidente a las leyes que asignan más fondos para la educación superior y la salud infantil


El Congreso argentino detuvo el avance de la motosierra de Javier Milei sobre las universidades públicas y los hospitales infantiles. Con amplia mayoría —una confluencia opositora que reunió al peronismo con fuerzas de centro e incluso conservadoras—, el Senado ratificó este jueves dos leyes que el presidente ultra había vetado. La votación volvió a dejar en evidencia la debilidad parlamentaria del Gobierno, a tres semanas de las elecciones legislativas, en el mismo momento en que su plan económico zozobra y el Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclama “generar un amplio apoyo político” para “fortalecer la confianza”.
El resultado en la Cámara alta fue lapidario para Milei. Fueron dos votaciones y los senadores que se expresaron contra los vetos fueron 58 y 59. Solo 7 legisladores los defendieron. Así, los decretos del presidente observando las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en salud pediátrica fueron dados de baja y las normas deberán ser promulgadas por el Ejecutivo. El rechazo a los vetos consiguió la mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras legislativas: Diputados ya se había pronunciado en el mismo sentido a mediados de septiembre.
En los alrededores del Congreso, en el centro de Buenos Aires, estudiantes y profesores, médicos, enfermeros y otros trabajadores de la salud y la educación celebraron la derrota del Gobierno.
La ley de emergencia en salud pediátrica, sancionada en agosto, dispone una inmediata reasignación de recursos para el sector, en especial para el Hospital Juan Garrahan, el mayor centro de salud infantil del país. Prevé, también, una recomposición salarial de los médicos y demás personal de los hospitales. La otra norma, la ley de financiamiento universitario, también aprobada en agosto, actualiza el presupuesto de las universidades públicas nacionales y de los sueldos de su personal, según la inflación acumulada. Desde que asumió Milei, uno y otros sufrieron una merma superior al 30% de su poder adquisitivo.

El presidente había vetado ambas leyes en septiembre porque, sostuvo, aplicarlas supondría un desequilibrio fiscal que atentaría contra la estabilidad macroeconómica.
“Las bases de la justicia social y del crecimiento de una sociedad son la salud y la educación. El pueblo necesita un Estado con alta responsabilidad”, dijo el senador peronista José Mayans, durante el debate de este jueves. “Milei nos quiere llevar a la antinomia entre equilibrio fiscal o financiamiento universitario, dejando de lado que la educación superior es un derecho humano y una condición imprescindible para el desarrollo de Argentina”, planteó otro legislador del peronismo, Daniel Bensusán.
Desde el bloque de la centenaria Unión Cívica Radical, el senador Martín Lousteau consideró “increíble y patético” estar “debatiendo de nuevo estos temas”, tras haberlos aprobado hace menos de dos meses. “El Hospital Garrahan y las universidades”, remarcó, “son de las pocas políticas públicas de Argentina que tienen reconocimiento internacional”.
En soledad, la bancada de La Libertad Avanza defendió a su líder ultraderechista. El senador Ezequiel Atauche acusó a la oposición de “utilizar banderas nobles con efectos electorales” y justificó el ajuste por la burocracia de los hospitales y la ineficiencia de las universidades; “los curros” [robos], la falta de auditorías y el uso de los recursos “con fines políticos”.
Antes del arribo de Milei a la Casa Rosada, hacía 22 años que el Congreso argentino no rechazaba un veto presidencial, el último había sido en 2003, cuando gobernaba en forma interina el peronista Eduardo Duhalde. Con la definición del Senado este jueves, el presidente ultra ya suma tres vetos denegados en apenas un mes. El primero fue a principios de septiembre, cuando el Parlamento insistió con la sanción de la ley que dicta la emergencia del sistema de atención a personas con discapacidades. Pese al tiempo transcurrido, el Gobierno hasta ahora se resiste a ponerla en marcha.
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