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Roman Stavsky, quien ha vivido con encefalitis desde la infancia, recibe ayuda de su padre, Héctor, en su casa de Buenos Aires.Foto: Agustin Marcarian (Reuters) | Vídeo: Reuters

El veto de Milei amenaza a atención a las personas con discapacidad

La negativa del presidente argentino vulneraría el acceso a servicios esenciales e inclusión social para personas con discapacidad física, mental, intelectual y sensorial

El País

En Argentina, el sistema de apoyo vital para personas con discapacidad, del que dependen miles de personas como Roman Stavsky, un hombre de 39 años con discapacidad motora, se encuentra en grave amenaza tras los recortes y el veto propuesto por el presidente Javier Milei a la Ley de emergencia para personas con discapacidad. Esta legislación, aprobada por unanimidad en el Congreso el 10 de julio, busca asegurar servicios esenciales como terapia, transporte, educación especial e inclusión social. La posible pérdida de acceso a su centro de día es una preocupación directa para Roman y su familia.

El presidente califica la ley como “regresiva” y parte de un “modelo asistencialista que ya ha fracasado”. Esta situación ocurre en un contexto de severos recortes presupuestarios en el sector de salud pública argentino, donde muchas familias dependen crucialmente del apoyo gubernamental para la atención de la discapacidad. Como consecuencia, familias y organizaciones denuncian el cierre de centros y la pérdida de beneficios y acceso a medicamentos para los pacientes, lo que el padre de Roman, Héctor Stavsky, describe como un “abandono a su suerte”. Él advierte que la financiación insuficiente ya está provocando cierres graduales porque los honorarios no son suficientes para los profesionales ni para cubrir los costos institucionales.

Frente a esta situación, cientos de manifestantes se han dado cita frente al Congreso Nacional, para exigir la aprobación de la ley de emergencia. Las asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad han instado a que se declare el estado de emergencia, tal como lo prevé el proyecto de ley, para compensar el impacto devastador de los recortes presupuestarios que les impiden llevar una vida digna.

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