Los médicos del mayor hospital pediátrico de Argentina se alzan contra el ajuste de Milei

“Los niños con cáncer no pueden esperar”. “Duermo mal, como mal, cobro mal y atiendo a tu hijo”. “Amo lo que hago, pero no vivo con lo que gano”. Los carteles que llevaban los médicos, mientras marchaban este jueves por el centro de Buenos Aires, resumían con bronca y angustia el reclamo de los profesionales del Hospital Garrahan, el mayor centro de salud pediátrica de Argentina. La protesta confluyó con otra manifestación de rechazo al ajuste aplicado por el Gobierno ultra de Javier Milei, encarnada por familias, organizaciones y prestadores de servicios para personas discapacitadas.

El Hospital Garrahan, dependiente del Estado, atiende unas 600.000 consultas y realiza cerca de 10.000 cirugías al año, incluido un centenar de trasplantes a niños y adolescentes, la mitad de los que se hacen en todo el país. Fundado en 1987, se ha convertido en un centro médico de alta complejidad reconocido en América Latina y a donde son derivados los menores que sufren enfermedades graves o raras. Sus médicos, técnicos y trabajadores denuncian que hoy está al borde de la ruina por falta de recursos, con “una situación salarial crítica e insostenible” profundizada por la motosierra de Milei.

En conjunto, los distintos sectores que sostienen al hospital habían convocado a un paro y una movilización este jueves. La huelga no pudo cumplirse, porque el Gobierno dictó un período de conciliación obligatoria, sin medidas de fuerza. Pero la marcha sí se realizó y trasladó el reclamo desde la sede del Garrahan hasta el Ministerio de Salud.

La movilización arrancó pasado el mediodía. Las columnas, con sus carteles y banderas, se organizaron detrás de un camión desde donde se coreaban las principales consignas: “Salarios dignos para cuidar la salud de los niños”, era una. El corazón de la protesta fue el reclamo de los llamados residentes, los jóvenes médicos que recién ingresan en el sistema de salud y tienen los sueldos más bajos.

“Trabajamos de lunes a viernes de 8 a 16 y hacemos dos guardias semanales de 24 horas. Somos los primeros médicos que toman contacto con los pacientes que llegan al hospital. Y lo que cobramos no alcanza para nada”, explica Casandra, una médica de 28 años, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Y muestra su recibo de sueldo: “Cobro 797.000 pesos por mes [unos 687 dólares]. Desde diciembre de 2023 hasta hoy, perdimos el 53% de nuestro salario”.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la canasta básica familiar que evita la pobreza requiere 1.110.063 pesos mensuales. La mayoría de los residentes necesita, para poder subsistir, la ayuda de sus familiares o tomar otros trabajos en las pocas horas libres que les deja el hospital. Pero la crisis salarial no se limita a ellos. “Es una situación que está llegando a un nivel de colapso. Tenemos un derrumbe salarial que afecta a todas las profesiones y oficios que se desempeñan en el Garrahan”, asegura Alejandro Lipcovich, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). “La política del Gobierno es aniquilar todo vestigio de responsabilidad del Estado nacional en la provisión de servicios de salud”, denuncia.

Los manifestantes atravesaron el centro porteño para llegar a la cartera de Salud, a cuyo titular, Mario Lugones, le dedicaron cantos e insultos. En el camino, se fueron sumando grupos que representaban a otros hospitales públicos que sufren situaciones similares. También fueron recibiendo el apoyo de vecinos que aplaudían o tiraban papelitos desde los balcones, de los conductores de autos o motos que saludaban con sus bocinas.

Junto a los médicos y trabajadores del hospital, en distintos tramos marcharon legisladores y dirigentes políticos de distinto signo, del centro a la izquierda. Además de muchos familiares de pacientes. “Lo menos que puedo hacer es acompañar a los doctores”, cuenta Lola, madre de una niña de 10 años con síndrome de West, una enfermedad rara que la provoca ataques epilépticos. “Si nos sacan el hospital y sus médicos, ¿quién va a atender a mi hija? Yo no puedo pagar todo lo que nos dan”, dice.

Sobre la emblemática Avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Salud, las columnas que venían del Garrahan se encontraron con los manifestantes movilizados para exigir la sanción de una ley de emergencia en discapacidad. El reclamo se expresó este jueves en diferentes ciudades de Argentina y lo protagonizaron organizaciones, familiares y personas con discapacidad. Entre otras cuestiones, denunciaron la quita de pensiones, la falta de cobertura de servicios y medicamentos, y las deudas acumuladas por el Estado con los profesionales que atienden a discapacitados.

La respuesta pública de la Casa Rosada ante las demandas dejó en claro que no habrá una mayor inversión en salud y aludió a irregularidades administrativas y exceso de gastos burocráticos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que “no se está desfinanciando” al Garrahan, pero planteó que “el dinero no está llegando donde tiene que llegar” por responsabilidad de la propia administración del hospital. En la misma línea, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, afirmó que “no es un problema de plata”, sino “de cómo se gasta”. “La gestión actual está saneando el hospital de irregularidades ocultas y ahora lo reordena para que los médicos ganen más con mejor administración”, agregó.

Pero, a la vez, el Gobierno abrió un canal de negociación con las organizaciones de médicos y trabajadores. En el primer encuentro no hubo acuerdo ni acercamientos. El único anuncio concreto fue que, desde junio, se aplicará un nuevo sistema de control biométrico del presentismo en el hospital.