Milei profundiza su avanzada sobre las instituciones y las políticas de derechos humanos

La motosierra de Javier Milei sigue funcionando y mutilando las áreas del Estado que el Gobierno ultra considera en las antípodas de su ideología. Mientras aumenta el gasto en la Secretaría de Inteligencia, por ejemplo, los organismos públicos enfocados en los derechos humanos sufren una nueva tanda de recortes, despidos de trabajadores y degradación institucional. Así, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acaba de ser reducida a subsecretaría. El Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA —que funciona donde estuvo el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada— pierden sus estructuras y su autonomía. Lo mismo ocurre con el Banco Nacional de Datos Genéticos, el organismo creado para colaborar con la búsqueda de los hijos de desaparecidos que fueron apropiados durante la dictadura (1976-1983).

Las Abuelas de Plaza de Mayo, que todavía buscan a unos 300 nietos, denuncian que estas medidas impulsan “el vaciamiento de las políticas de memoria y derechos humanos”, por lo que piden ayuda a la sociedad argentina y mundial: “Hay que frenar el avasallamiento de derechos y la destrucción del Estado antes de que sea tarde y ya no quede nada”.

Desde su llegada al poder, el Gobierno de Milei viene desfinanciando y desguazando las instituciones y las políticas de derechos humanos desarrolladas tras la restauración de la democracia y que le valieron a Argentina reconocimiento internacional. El presidente y sus funcionarios han cuestionado el número de 30.000 víctimas del régimen militar, un símbolo del reclamo sostenido por los organismos de derechos humanos, y han insistido en equiparar los crímenes del terrorismo de Estado con los cometidos por la guerrilla en los años setenta. También han atacado al proceso judicial que, desde 1985, ha condenado a 1.233 represores en 354 juicios —en la actualidad, hay otros 14 juicios en marcha—.

El último embate del Gobierno contra el sector fue ejecutado mediante sucesivos decretos del presidente, dictados desde el 21 de mayo pasado. La justificación oficial fue la habitual: reducir gastos y personal. “Menos burocracia, más servicios, más responsabilidad y respeto por los recursos de los argentinos”, afirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La conversión del área de Derechos Humanos en una subsecretaría implicará, según la Casa Rosada, “recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal”, así como “un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales [unos 7,5 millones de dólares]”.

El Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA —declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO— dejarán de ser organismos descentralizados de la cartera de Derechos Humanos y pasarán a formar parte del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, que será reformado. El Gobierno asegura haber despedido a más de 400 trabajadores que se desempeñaban en el área y, con los nuevos cambios, los sindicatos temen que haya más de 150 nuevos ceses.

En el caso del Banco de Datos Genéticos, creado en 1987 y donde se resguardan muestras e información de las familias que aún buscan a sus parientes apropiados cuando eran niños, el decreto de Milei lo convierte en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Perderá autonomía administrativa y operativa, al igual que el Archivo de la Memoria y el Museo ESMA.

Las Abuelas de Plaza de Mayo advirtieron que los decretos de Milei ponen en riesgo la continuidad funcional y la preservación documental de las entidades afectadas. Su preocupación central, detallaron en un comunicado, radica en que se generará una mayor “ralentización del trabajo por falta de personal y el desfinanciamiento de tareas centrales para la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado y las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese período”.

La organización HIJOS, que agrupa a descendientes de desaparecidos, se pronunció en un sentido similar: “Buscan destruir lo que logramos consolidar en estos más de 40 años de democracia. Atacan cada fibra de las políticas de Estado destinadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y que nos permiten seguir siendo el país del Nunca Más”.

Este viernes, militantes de organismos de derechos humanos y trabajadores estatales del área protestaron contra la nueva avanzada del Gobierno. Lo hicieron con una recorrida por los lugares donde operó el centro clandestino de la ESMA, detrás de una bandera que decía: “Los derechos humanos no se degradan por decreto”.