Sale en libertad la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez, condenada por el derrocamiento de Evo Morales

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) salió en libertad este jueves después de pasar casi cinco años en la cárcel, sentenciada por el golpe de Estado de 2019. La decisión fue tomada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que aceptó una revisión de la condena solicitada por la defensa de la exmandataria. El órgano judicial retrocede así en la resolución que había emitido en septiembre pasado, cuando negó el mismo pedido de libertad. “En este país jamás hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral”, dijo Áñez a su salida de la cárcel de Miraflores, en La Paz, frente a una multitud y sosteniendo la Biblia y la bandera nacional.

La antigua jefa de Estado enfrenta al menos otros siete procesos, entre ellos el de la represión contra las protestas tras el derrocamiento de Evo Morales, que dejó una veintena de muertos, y de supuestas irregularidades de corrupción. Sin embargo, ahora se defenderá en libertad y será procesada mediante un juicio de responsabilidades, y no por la vía ordinaria, como había ocurrido hasta ahora. Siete de los nueve magistrados del tribunal votaron a favor del fallo. “Jeanine Áñez no actuó con dolo, no lesionó un bien jurídico protegido, y su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano”, se lee en el documento.

El principal argumento de Áñez, que ahora la Justicia avala, es que las acusaciones en su contra deben ser tratadas en la Asamblea Legislativa, la cual debe autorizar con dos tercios de votos la apertura de un juicio de responsabilidades, y no como si se tratara de una ciudadana común. El camino hacia su liberación se vislumbró en agosto, cuando el TSJ instruyó repentinamente a los tribunales revisar los plazos de detención preventiva de quienes estaban siendo procesados por liderar la asonada política de octubre y noviembre de 2019. El fallo argumentaba que los acusados llevaban retenidos sin condena más tiempo del permitido por ley (24 meses).

Áñez fue liberada entonces de la detención cautelar por los casos abiertos, pero le pesaba todavía una sentencia de 10 años por el caso conocido como golpe de Estado II. Los sucesos que llevaron a la renuncia de Morales fueron investigados durante el gobierno saliente de Luis Arce y la Fiscalía dividió la denuncia en dos partes. La primera, golpe de Estado I, indaga en lo ocurrido antes de la dimisión de Morales; Áñez y otros líderes cívicos son acusados en ese caso de sedición, terrorismo y conspiración. En cambio, golpe de Estado II se centra en la forma en que Áñez asumió el poder, causa por la cual fue hallada culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

“Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó […] Asumí el compromiso sabiendo que iban a querer doblegarme”, dijo la exmandataria el jueves. Morales renunció forzadamente el 10 de noviembre de 2019, después de que el Ejército y la Policía le retiraran su apoyo y decidieran respaldar las protestas callejeras que denunciaban fraude en los comicios de ese año. Dos días después, Áñez, senadora de la oposición, se proclamó presidenta interina en una sesión parlamentaria sin quórum debido a la ausencia del ala oficialista. El TSJ argumenta ahora que existió un vacío de poder por la renuncia en masa de altos cargos del partido gobernante, lo que alteró la sucesión constitucional.

El 24 de noviembre, representantes del partido del derrocado Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), aceptaron formar parte de una mesa de diálogo para llevar adelante la transición. Durante ese periodo de legitimación murieron al menos 22 personas que rechazaban el nuevo Gobierno por la violenta represión policial y militar. La entonces presidenta firmó un decreto supremo que eximía a los militares de responsabilidades penales.

La Asociación de Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata calificó la liberación de Áñez como un “alineamiento” de la Justicia con el nuevo Gobierno de Rodrigo Paz, de centroderecha, que asumirá este sábado. “La decisión desmerece a las víctimas. Hay un informe de la CIDH que dice claramente que en el Gobierno de Áñez hubo torturas, masacres y violaciones de derechos humanos […] El TSJ denota un sometimiento al nuevo orden”, denunció ante los medios el vocero de la organización, David Inca. A su salida del centro penitenciario, la antigua jefa de Estado declaró este jueves: “Se tuvo que ir el monstruo para que los administradores de la Justicia actúen de acuerdo a la norma”.

También se pronunciaron en contra del fallo el presidente del MAS, Grover García, y representantes de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. Mientras que miembros de la oposición, como Carlos Mesa, o figuras internacionales, como la venezolana Corina Machado, celebraron la resolución.