La fuga de 20 pandilleros de Barrio 18 de una cárcel de máxima seguridad desata una crisis en Guatemala

Autoridades guatemaltecas confirmaron que 20 reos, integrantes de la pandilla del Barrio 18, se fugaron de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad hace dos meses, si bien la información no ha sido revelada hasta ahora. La noticia ha abierto una crisis para el Gobierno de Bernardo Arévalo: tanto desde su propio partido como desde la oposición están pidiendo buscar los responsables de la fuga. Este grupo criminal fue designado como organización terrorista extranjera y terrorista global por el Departamento de Estados Unidos en septiembre por su implicación en actos violentos contra fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y civiles en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación de Guatemala, explicó que el viernes 10 de octubre, las unidades de inteligencia penitenciaria alertaron sobre una posible evasión, por lo que realizaron una verificación y conteo de reos con tecnología biométrica. “Durante el procedimiento se estableció de manera fehaciente que 20 privados de libertad habían evadido los controles de seguridad y ya no se encontraban en Fraijanes II”, indicó Jiménez en una conferencia de prensa del lunes.

Según las autoridades, la fuga fue planificada, se realizó por grupos y contó con el apoyo interno y externo, por lo que no se descarta la participación de guardias y funcionarios del Sistema Penitenciario.

Estados Unidos lanza advertencia

Estados Unidos pidió al Gobierno de Guatemala a través de un comunicado de prensa que actúe de manera “inmediata y enérgica” para recapturar a los fugados, y advirtió a quienes hayan colaborado con la fuga de los pandilleros. “La fuga de terroristas del Barrio 18 de prisión es totalmente inaceptable. El Gobierno de Guatemala debe actuar de manera inmediata y enérgica para recapturar a estos terroristas, quienes representan una amenaza tanto para Guatemala como la seguridad del territorio estadounidense. Todos los involucrados en estas fugas deben ser plenamente responsabilizados”, reza un comunicado publicado en sus redes oficiales.

La legendaria pandilla del Barrio 18 gana miles de dólares al año a través del cobro de extorsiones que realiza a pequeños vendedores de colonias ubicadas en zonas rojas, así como de derecho de paso a grandes empresas que distribuyen sus productos en tiendas de barrio y por trabajos de sicariato, según investigaciones policiales.

Las órdenes de operación de la organización se dictan desde las cárceles del país centroamericano. El líder del Barrio 18 es Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo, a quien el Ministerio de Gobernación ha intentado aislar y controlar en una cárcel de máxima seguridad, pero no ha tenido éxito, pues este ha sido respaldado por los tribunales para evitar su traslado de prisión.

Ochoa Mejía está casado con María Marta Castañeda Torres, una de las sobrinas de Sandra Torres, ex primera dama de la Nación (2008-2012) y excandidata presidencial. Castañeda Torres está presa por su supuesta implicación en el asesinato de una fiscal del Ministerio Público.

Piden destitución del ministro

Los diputados oficialistas del suspendido partido Movimiento Semilla, que llevó al poder al presidente, Bernardo Arévalo, pidieron la destitución del ministro Jiménez tras la fuga de los privados de libertad. “Tuve comunicación con el presidente Arévalo para solicitarle la destitución de la cúpula responsable por estos hechos, empezando por el ministro de Gobernación. Con la bancada respaldamos al presidente Arévalo y su gestión, pero no la incompetencia que han mostrado sus funcionarios”, dijo el diputado Samuel Pérez.

Pérez agregó que Jiménez ya no goza de la confianza de la población para continuar en el puesto y que lo “mínimo” que espera es una estrategia para recapturar a los reos fugados. Por el momento Arévalo, quien se encuentra de viaje oficial en Europa, no se ha pronunciado oficialmente sobre la fuga. Se ha limitado a replicar un mensaje en su cuenta de la red social X de su vicepresidenta, Karin Herrera, en el que informaba de la captura de uno de los 20 reos fugados y aseguraba que el resto continuaba “siendo buscados para que, cuanto antes, enfrenten todas las consecuencias ante la ley”.

Por otra parte, el ministro Jiménez fue señalado por el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exfiscal del Ministerio Público Juan Francisco Solórzano Foppa, de haber negociado junto a su viceministra antinarcótica un “pacto” con la pandilla para dejarlos en libertad y disminuir la ola de violencia que vive Guatemala. También dijo, en un video publicado en sus redes sociales, que los 20 reos huyeron del penal disfrazados de agentes de la Policía Nacional Civil.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa en el Palacio Presidencial, Jiménez rechazó y negó las acusaciones y también dijo que no renunciará al cargo. “Yo no voy a dejar el puesto hasta no resolver este problema, no puedo dejar este problema resuelto a medias”, sentenció el ministro.

En 2018, un reportaje publicado por el diario Prensa Libre relató cómo 14 reos integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se fugaron de dos cárceles del país con el apoyo de guardias penitenciarios a cambio del pago de aproximadamente 260.000 dólares.

En esa ocasión, la fuga se detectó luego del conteo de reos, después de que investigadores policiales asignados a las pandillas se encontraran en las calles con varios de los que recordaban que habían capturado. Los jueces guatemaltecos también comentaron en esa ocasión que, como muchos de los integrantes de estos grupos tienen condenas que son de por vida o quienes están en prisión preventiva les programan las audiencias con muchos meses de por medio, les resulta fácil cambiar su identidad por alguien más o simplemente evadir las prisiones.

Entre los diecinueve prófugos que andan sueltos hay asesinos, cabecillas y violadores. El ministro de Gobernación también confirmó la destitución de varios funcionarios de Presidios y anunció que tendrá el apoyo de Estados Unidos para interrogar con polígrafo a los sospechosos de la fuga para determinar proceder con las denuncias respectivas.