Boluarte traza un plan para sacar a Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Desde que Perú recuperó la vida en democracia en el 2001, ningún Gobierno había tensado tanto las cuerdas con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el de Dina Boluarte. Su mandato, que inició con medio centenar de ciudadanos muertos durante las protestas que estallaron tras el intento de autogolpe de Estado de Pedro Castillo, está marcado por declaraciones y actitudes desafiantes. Boluarte alega que la intromisión de la corte amenaza la soberanía del país. A dos meses de cumplir tres años en el poder, la mandataria con menor respaldo popular de la que hay registro —atascada en un 3% de aprobación— ha anunciado la medida radical de su periodo: la gestación de una ley que acelerará el retiro de Perú del Pacto de San José.

El aviso lo dio desde Palacio, acompañada de sus ministros, apenas una semana después de que el Tribunal Constitucional ordenara la suspensión de todas las investigaciones en su contra hasta que concluya su mandato en julio de 2026. “No vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones [...] Es hora de que el Perú afirme, sin ambigüedades ni concesiones, su derecho a decidir su propio destino”, dijo la mandataria sobre la que pesan nueve denuncias constitucionales.

Aquel discurso del pasado 27 de agosto, durante la ceremonia del Día de la Defensa Nacional, no pudo darse en un contexto más favorable para la jefa de Estado: el mismo día, la Fiscalía allanó la casa de su hermano, Nicanor Boluarte, por presuntos vínculos con una organización criminal que sería liderada por el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, acusado de tráfico de influencias, censurado por el Congreso e impedido de salir del país hasta el próximo año.

Poco después de las declaraciones de la presidenta, el Gobierno formalizó la creación de un grupo de trabajo que tendrá como propósito elaborar una propuesta de Ley de Soberanía Nacional. La discusión no estará abierta a la sociedad civil y más bien será liderada por el sector Defensa, es decir, por las fuerzas armadas, además de miembros de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Cancillería y la cartera del Interior. El grupo deberá tendrá un par de meses para emitir el proyecto.

La medida del Ejecutivo se da en medio de un clima de tensión por la promulgación de una ley de amnistía que beneficia a militares y policías acusados, procesados o sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante el periodo de violencia entre 1980 y 2000. Boluarte defendió la ley y dijo que solo busca la justicia para aquellos que “arriesgaron su vida contra la insania del terrorismo”. Pero además apeló al populismo: “no somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana”.

Son una cadena de hechos los que reflejan los pactos y las maniobras del Ejecutivo para mantenerse en el poder. El portal de investigación Ojo Público ha contabilizado que el Estado peruano ha incumplido o desacatado los fallos de la Corte IDH en 14 oportunidades. Los casos más graves son la restitución del indulto del autócrata Alberto Fujimori a fines de 2023 que vulneró las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y la ley, avalada por el Ejecutivo, que permite la prescripción de los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos antes del 2002.

Hace unas semanas, Boluarte selló su alianza con una postal que despertó la indignación de la ciudadanía. Se dio un caluroso saludo con Juan Rivero Lazo, exjefe del servicio de inteligencia del Ejército que en 2001 fue condenado a 25 años de cárcel por la masacre de Barrios Altos — en 1991, el grupo paramilitar Colina asesinó a quince personas, entre ellas un niño, por supuestamente ser terroristas— y que salió en libertad el año pasado. Fue uno de los invitados especiales en la ceremonia de promulgación de la ley de amnistía, celebrada en Palacio.

El proyecto de un marco normativo para salvaguardar la soberanía nacional se produce, además, en el marco de otra discusión que polariza: las intenciones del Ejecutivo de instaurar la pena de muerte para los casos de violación de menores, feminicidio y sicariato. En ese sentido, el Ministro de Justicia ha llevado a cabo 23 mesas de trabajo descentralizadas para sumar adeptos. De concretarse, se desconocería nuevamente el Pacto de San José que prohíbe ampliar el alcance de la pena capital, solo admitida para casos de traición a la patria.

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer ha respaldado a Boluarte al sostener que “el Perú estaría mejor si la Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvieran una visión más objetiva no solo con el Perú, sino con todo el sistema”. Su cartera creó un grupo de trabajo en la primera mitad de agosto para evaluar la vinculación de Perú al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero no solo se trata del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Partidos de ideologías opuestas como Alianza para el Progreso y Perú Libre han presentado diversos proyectos de ley para promover la salida de Perú del sistema.

Para distintos analistas, la decisión de Boluarte se debe a una razón principal: blindarse cuando le toque rendir cuentas con la justicia. Cuando deje el trono deberá responder por las muertes durante las protestas ciudadanas en su contra, abandono del cargo para realizarse cirugías estéticas, encubrir a prófugos, y favorecer al gobernador regional de Ayacucho con partidas presupuestales a cambio de relojes de alta gama.

Según el medio Enfoque Derecho, el debate de la permanencia de Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos significaría un “grave retroceso democrático” debido a que “lejos de constituir una amenaza a la autonomía nacional, representa un límite legítimo y necesario al poder estatal, cuyo fundamento se encuentra en la propia Constitución y en los compromisos internacionales asumidos voluntariamente por el país”. El eventual retiro de Perú traería consigo impunidad y pérdida de credibilidad internacional, sostienen. En el continente, solo dos países concretaron su salida: Trinidad y Tobago y Venezuela.