La oposición de Trump a la ‘Ley Chips’ golpea al sueño de Costa Rica de ser centro regional de esa tecnología

El ambicioso plan de Costa Rica de convertirse en el semillero continental de la industria de semiconductores y socio especial de Estados Unidos en su afán por reubicar gran parte de la producción instalada en Asia ha sufrido fuerte tropiezo. La trasnacional estadounidense Intel y su competidora Qorvo anunciaron al cierre de julio el traslado de su manufactura a países asiáticos debido a ajustes globales que, sin embargo, se vinculan también al viraje del gobierno de Donald Trump con la llamada Ley Chips de Joe Biden en su afán de inyectar millones de dólares a la industria considerada estratégica para la economía y la seguridad nacional.

Un año después de presentar una política especial junto a autoridades del Gobierno de Biden y poner la mira en aprovechar el multimillonario paquete de estímulos para las compañías de semiconductores, Costa Rica recibió como agua helada el anuncio de Intel de repetir ahora el movimiento que ya había hecho en 2014, cuando cerró su planta de manufactura para trasladarla a Asia. La inquietud en círculos empresariales fue mayor cuando la competidora Qorvo comunicó, un día después, que también echa el candado a su fábrica en suelo costarricense después de 30 años de operación. Se dificulta así el sueño del Gobierno actual de convertir a Costa Rica en un núcleo continental de la industria de la mano de Washington y el programa de subvenciones por 39.000 millones de dólares para estimular al sector en su territorio o cerca.

Todavía Estados Unidos tiene una relación cercana con el Gobierno de Rodrigo Chaves, incluso “íntima”, como dijo el mandatario, pero el panorama sobre los chips cambió con la llegada de Donald Trump y su intención de frenar la ejecución de una ley que tildó de “horrible” y que meses atrás inspiró en Costa Rica una política especial para convertirse en centro regional de los microprocesadores. Trump pidió en marzo al Congreso derogar ese programa y uno de los damnificados en la aplicación ha sido Intel, según la justificación que dio este miércoles el presidente Rodrigo Chaves al rechazar responsabilidad alguna de su Gobierno.

“El Gobierno de Donald Trump decidió eliminar muchas transferencias que bajo la Ley Chips iban para Intel y la compañía tomó una serie decisiones corporativas luego de que perdió en el último reporte creo que 2.900 millones de dólares. Con su nuevo CEO [Lip-Bu Tan], hay una estrategia de reducción de costos después del golpe competitivo ante otras empresas del mercado de microprocesadores”, dijo Chaves sobre la compañía que mantendrá en Costa Rica sus operaciones de investigación y servicios corporativos.

El Banco Central reduce el crecimiento de la economía

Aunque el presidente minimizó el impacto de la noticia, este mismo miércoles el Banco Central redujo 0,3 puntos, hasta 3,5%, el porcentaje de crecimiento de economía proyectado para el 2026 en razón de “la reducción en las exportaciones de los servicios de transformación por la salida anunciada de dos empresas dedicadas la manufactura de componentes electrónicos”.

Debido al crecimiento de otros sectores tecnológicos —como los dispositivos médicos— en los últimos años, los chips ya no pesan tanto en las exportaciones como hace dos décadas, y los lamentos en el ecosistema de inversión local han sido inmediatas. “La decisión de Intel es dolorosa”, admitió el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar. La Unión Costarricense de Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) expresó preocupación por el anuncio de la multinacional estadounidense y pidió a las autoridades locales acelerar reformas que mejoren el clima de inversión para evitar que otras compañías se marchen o reduzcan operaciones. El expresidente José María Figueres, quien trajo a Intel durante su Gobierno en 1997, culpó a la administración Chaves de descuidar al sistema educativo y de revaluar la moneda local un 30% en dos años, en detrimento de los exportadores que reciben sus ingresos en dólares.

También se manifestó el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, más afín a grupos empresariales, quien recordó el entusiasmo que había con la Ley Chips. “Las cosas han cambiado y muy posiblemente cambien más en contra de esa posibilidad (concentrar inversión nueva en semiconductores). Si la Ley Chips desaparece, los proyectos y fondos asociados podrían también desaparecer, reduciendo el financiamiento para fortalecer la fuerza laboral especializada y debilitando la atracción de inversión extranjera en Costa Rica”, escribió el exmandatario.

En el tintero están reformas legales para abrir a más participación privada la producción de electricidad, para impulsar la formación de técnicos especializados y legalizar jornadas laborales de hasta 12 horas en formato de cuatro días de trabajo y tres libres, pero la tirante relación del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa no abona a los acuerdos. También hay tareas pendientes en bilingüismo, reconoció el presidente Chaves, aunque sostiene que los indicadores indican un buen desempeño de la economía, superior a los promedios internacionales, de la mano de Estados Unidos. La producción creció un 4,3% en 2024, las exportaciones se expandieron un 9% y la inversión extranjera aumentó 13% en ese año, aunque en 2025 se encendieron las alarmas al registrarse en el primer trimestre una caída interanual de 25%. Esto lo atribuyeron las autoridades al envío de capital de las filiales hacia sus matrices y también el contexto de incertidumbre global.

El ambiente de inversiones, sin embargo, se mantiene saludable, sostiene el ministro Tovar, quien aseguró que, al margen de los cambios en Estados Unidos, sigue vigente la política costarricense para desarrollarse en el sector de los microprocesadores. En la lista de pendientes hay tareas como aumentar la formación de personal y el reforzamiento de normas de propiedad intelectual, además de reducción de trámites burocráticos y de reglas migratorias para atraer profesionales especializados, como se había anunciado cuando el estímulo desde Washington era otro.