La compra de armas en Brasil echa el freno con Lula tras el festín de Bolsonaro

Acabar de raíz con la política de barra libre para las armas que había impuesto su antecesor, Jair Bolsonaro. Esa fue una de las principales medidas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en sus primeros meses de Gobierno, en 2023. Las nuevas normas que empezaron a entrar en vigor ese año han dado resultados espectaculares: la venta de armas ha caído un 91% entre 2022 (el último año de Gobierno del ultraderechista) y 2024, el primer año con todo el marco legal más restrictivo ya en vigor.

Las facilidades que dio Bolsonaro para que cualquier ciudadano de a pie pudiese comprarse un arma multiplicaron las ventas, que tuvieron un empujón aún más fuerte en su último año de mandato, ante la perspectiva de que, con una eventual salida del Gobierno, la fiesta se acabase.

Ese año se vendieron casi 450.000, un récord total, según datos publicados por el diario Folha de S. Paulo. El año pasado, en cambio, fueron apenas unas 39.000. Brasil tiene más de 210 millones de habitantes y alrededor de 1,5 millones de armas en manos de 980.000 CACs (la categoría que engloba a cazadores, tiradores y coleccionadores), los que tuvieron más facilidades para comprar en los últimos años. La gran mayoría de esas armas (más de 930.000) fueron compradas en los cuatro años de la administración Bolsonaro.

El líder ultraderechista, siempre con EEUU como modelo inspirador, hizo de la flexibilización de la tenencia y porte de armas su principal bandera en materia de seguridad. Los especialistas pusieron el grito en el cielo por los efectos a largo plazo que tendría esa política y Lula, de regreso en la Presidencia, no dudó en intentar desmontarla lo antes posible.

Redujo de 60 a seis el número de armas que los llamados CACs pueden comprarse cada año, y cualquier ciudadano volvía a tener por delante el desafío de demostrar la “necesidad efectiva” de comprarse un arma (antes bastaba un formulario).

Se acabaron los permisos para transportar armas cargadas hasta los clubes de tiro, a los que se impusieron restricciones que acabaron asfixiando muchos negocios. Las pistolas de calibre 9 milímetros y otros modelos similares, que llegaron a estar entre las más vendidas, volvieron a estar clasificadas como de uso restringido, sólo aptas para las fuerzas de seguridad.

Las medidas funcionaron, pero no es oro todo lo que reluce. El Gobierno Lula anunció en su momento un programa de recompra para sacar de circulación el mayor número de armas posible, pero hasta ahora no se ha hecho realidad. De hecho, el mayor desafío es controlar ese enorme flujo de pistolas y escopetas que antes no existía.

Una de las medidas fue apartar al Ejército como el órgano inspector. Ahora quien otorga las licencias es la Policía Federal, que ha tenido que contratar a 600 personas, aún por debajo de las 3.000 que estimó el Ministerio de Justicia que serían necesarias para ejercer esta nueva atribución.

Un dato preocupante es que, aunque la venta de armas legales ha caído notablemente, ha subido la de fusiles. En lo que va de año ya se han registrado más de 1.200, más que en todo 2024. Parte de ese armamento pesado es el que acaba después en manos del crimen organizado, y alimenta los sangrientos enfrentamientos en las favelas de las grandes ciudades.

El coladero en la legislación y la vista gorda que hacían los militares encargados de verificar el registro de armas es una de las herencias malditas de la política de flexibilización. Según un informe del Tribunal de Cuentas publicado el año pasado, entre 2019 y 2022 el Ejército otorgó más de 5.000 licencias a personas que habían sido condenadas por delitos como narcotráfico u homicidio.

Los especialistas alertaron de que facilitar la venta de armas era una bomba de relojería. Era cuestión de tiempo de que eso se tradujera en un aumento de los índices de violencia. No obstante, no es eso lo que muestran los datos, al menos de momento.

Brasil sigue firme en su curva de descenso de los homicidios iniciada en 2018. En 2023, el último año con datos completos disponibles, en Brasil fueron asesinadas 45.474, un 20% menos que hace diez años, según los datos del Anuario de la Violencia, divulgado en mayo por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública.