Muere degollado un testigo clave en el juicio contra una exalcaldesa de Lima

Un profundo corte de catorce centímetros en el cuello. El cuerpo boca arriba en el baño de la casa. La muerte de José Miguel Castro, gerente municipal cuando Susana Villarán era alcaldesa de Lima, ha conmocionado a un país secuestrado por las mafias y el sicariato. Castro fue asesinado este domingo en la calle Madrid del distrito de Miraflores, en la capital de Perú. Apenas la noche anterior, su padre, Julio Castro, un político de 81 años de larga trayectoria, había conversado con él.

José Miguel Castro estaba en la diana ahora que se avecina el juicio oral contra Villarán, la exalcaldesa (2011-2014) acusada de haber recibido dinero ilícito de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para evitar ser revocada de su cargo. Castro no solo fue su mano derecha en el municipio, sino que además había decidido acogerse a la figura de “colaborador eficaz” y cooperar con la justicia. El parte policial conocido tras su muerte reveló que la cerradura del baño fue manipulada.

Las sospechas en torno a los aportes ilícitos —se calcula que fueron 10 millones de dólares— derivaron en el procesamiento de Castro como presunto integrante de una organización criminal liderada por Villarán. La Fiscalía pidió 25 años de cárcel para él y 29 años para la exalcaldesa. Castro conocía cada uno de sus pasos. En 2019, el Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva en su contra. La medida fue modificada por razones sanitarias durante la pandemia y Castro pasó a cumplir arresto domiciliario.

Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, reveló que se le conocía como Budián, seudónimo que habría sido usado para las transacciones ilegales. Fuentes judiciales señalan que Castro ha entregado a la Fiscalía documentación, pruebas y testimonios sobre los pagos y las personas involucradas. En noviembre de 2019 se reunió con el Equipo Especial del caso Lava Jato del Ministerio Público. Según el portal Epicentro TV, brindó información sobre los casos conocidos como Rutas de Lima, Línea Amarilla y la campaña de revocatoria de Villarán.

Hace tan solo una semana, Budián volvió a conversar con el Equipo Especial. No mencionó que estuviese en peligro ni pidió protección. El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial, se refirió a la sorpresiva muerte de Castro, previo al juicio oral de la exalcaldesa Villarán programado para el 23 de septiembre. “Él había aceptado su responsabilidad en los hechos”, dijo en Canal N. Además, despejó las dudas sobre si su muerte alteraría el curso de las pruebas. “Lo que establece la norma procesal penal es que se pueden utilizar todos los documentos de aquella persona que no se pueda presentar en el juzgamiento”, explicó.

Para la abogada Romy Chang, el proceso contra Villarán no debería afectarse porque la norma indica que si un colaborador eficaz muere, su declaración debe ser leída de igual manera. “En la medida en que él ya no puede declarar, sí se va a tomar la declaración que él dio como un elemento de prueba. Sí se puede valorar y además será utilizado para una eventual sentencia condenatoria”, indicó.

Los políticos peruanos no demoraron en reaccionar a la tragedia. El exministro de Trabajo Juan Sheput subrayó que no es el primer caso en que una persona con información valiosa muere en el país. “Ya antes ha habido sospechosas muertes de personas que sabían mucho: Andrea Vidal sobre la red del Congreso, Nilo Burga en Qali Warma y ahora José Miguel Castro con el municipio de Lima. En todos los casos se trata de procesos que comprometen a funcionarios públicos”, cuestionó. A estas declaraciones se suman las de Jorge Muñoz, exalcalde de Lima, quien ha dado la alerta de que un mismo grupo delictivo puede estar detrás de los casos.