Policías salvadoreños reconocen detenciones arbitrarias bajo el Gobierno de Bukele: “Primero detener, luego investigar”

La guerra contra las pandillas desatada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador se ha sustentado en prácticas abusivas de parte de las autoridades de seguridad. Un nuevo informe publicado este viernes por Human Rights Watch, basado en entrevistas con agentes policiales y documentos internos de la Policía salvadoreña, revela “detenciones arbitrarias y abusos de poder”, así como “una política de cuotas y evidencia fabricada” para garantizar el éxito de la controvertida iniciativa de seguridad del mandatario. “La policía fabrica evidencias para cumplir con cuotas de arrestos, extorsiona a personas inocentes, ignora el debido proceso y desobedece órdenes judiciales”, alerta Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.

Bukele implementó en marzo de 2022 un régimen de excepción que suspendía derechos constitucionales como la libertad de asociación, con el objetivo de detener la brutal violencia que desangraba al pequeño país centroamericano y mantenía en una suerte de secuestro extensas regiones del territorio. Hasta la fecha, han sido detenidas 86.000 personas, incluyendo a más de 3.000 niños, bajo la sospecha de pertenecer o colaborar con pandillas. Bukele construyó una megacárcel en 2023, llamada CECOT, que ha sido denunciada como centro de torturas por organizaciones de derechos humanos. El mandatario se ha declarado victorioso en su “guerra” y mantiene altos niveles de popularidad en su país. Su política de mano dura, sin embargo, ha sido criticada por los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos.

“Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dijeron que muchas detenciones fueron resultado de la presión para cumplir con cuotas diarias de arrestos y se basaron en pruebas no corroboradas o fabricadas. Describieron detenciones motivadas por el simple hecho de que una persona tuviera un tatuaje de cualquier tipo, por información falsa incluida en fichas policiales y por llamadas anónimas no verificadas. También relataron un clima de impunidad que facilitó que algunos agentes exijan sobornos y, en algunos casos, favores sexuales a mujeres a cambio de no detener a sus familiares”, denuncia el informe del organismo.

HRW presenta entrevistas con agentes de policía que admiten abusos. “No hay investigaciones. La Policía crea perfiles. Son actos arbitrarios... Las fichas policiales son la ‘evidencia’ de que alguien es un pandillero”, asegura uno. Otro agente agrega: “Había gente que solo llamaba y decía que una persona era ‘colaboradora’ y nosotros íbamos a detenerla. La práctica es primero detener, luego investigar”. Uno más afirma: “Se detuvo a personas solo porque no le caían bien a un vecino”. El organismo entrevistó a 11 agentes de policía, quienes tienen entre 9 y 31 años de servicio. Nueve de ellos son miembros activos, detalla el informe.

“Aunque los policías describieron los serios problemas de seguridad que representan las pandillas y reconocieron mejoras notables en la seguridad, también denunciaron las prácticas que, según ellos, se vieron obligados a adoptar por presión de sus jefes”, relata HRW. “Los agentes contaron que a menudo eran reprendidos cuando no cumplían con las cuotas diarias de arrestos. Algunos dijeron que no podían terminar sus turnos, ir a comer o descansar en las delegaciones policiales hasta que no hubieran cumplido con su cuota de arrestos. Según relataron, negarse a detener a alguien o expresar preocupación sobre la falta de pruebas para detenerlo frecuentemente resultaba en amenazas de traslados a puestos no deseados o incluso acusaciones del delito de “incumplimiento de deberes”, agrega el informe.

Una de las acusaciones más graves es la de órdenes de no permitir la liberación de las personas detenidas. Estos agentes revelan un “protocolo para armar un nuevo caso contra cualquier persona cuya liberación fuera ordenada por los tribunales”. El objetivo, explican desde HRW, era arrestarla de inmediato “justo al pasar el portón de la prisión”. “La violencia de las pandillas ha disminuido significativamente en El Salvador”, afirma Goebertus. “Sin embargo, la población sigue expuesta a abusos por parte de las fuerzas de seguridad que actúan sin control. La experiencia sugiere que estas prácticas abusivas se intensificarán si no se establecen mecanismos sólidos de rendición de cuentas”, recomienda la activista.