Cronología del derrumbe de la Jet Set: “Una sistemática y grave negligencia” que mató a 235 dominicanos

“Don: hay un tema importante que hay que revisar en la discoteca. Los plafones se están rompiendo, es que le está cayendo pedazo del techo y es peligroso eso es bueno desde que haya el chance revisar el techo completo”. Este es el mensaje que envió G. A., uno de los trabajadores de la discoteca dominicana Jet Set, en Santo Domingo, a su dueño, Antonio Espaillat, el 7 de abril a las 14.23. Horas después, el local abrió las puertas a cientos de fanáticos de Rubby Pérez, en uno de sus famosos “lunes bailables”. A las 23.40, con la fiesta ya en marcha y frente a la copropietaria del local, Maribel Espaillat, se escuchó el sonido de un objeto caer sobre el falso techo, que G. A. reconoció como “un pedazo de techo”, que incluso lastimó a uno de los asistentes. Maribel negó la petición del empleado de cancelar la fiesta, según ha revelado el ministerio público en un durísimo informe. Una hora después, se produjo la tragedia más horrible que recuerda República Dominicana.

Han pasado más de 70 días desde que el tejado de la discoteca más emblemática del país se desplomara sobre los cuerpos de cientos de personas. 235 de ellas fallecieron y al menos 180 fueron rescatadas con contusiones y heridas que aún perduran. La conmoción inicial de aquel fatídico 8 de abril ha ido mutando hasta la indignación y la búsqueda de justicia de cientos de familias que se siguen preguntando si la tragedia pudo haber sido evitada.

El ministerio público parece estar cada vez más seguro de que sí, y de que los responsables —al menos parcialmente— son los dueños, Antonio y Maribel Espaillat, detenidos el pasado jueves por el delito de homicidio involuntario, que implica penas de entre tres meses y dos años de cárcel. A pesar de la crudeza del documento, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descartó este jueves en la madrugada, tras más de 14 horas de audiencia, la prisión preventiva para ambos, e impuso el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos, unos 750.000 euros. La medida también incluye la prohibición de salir de República Dominicana. Esta decisión será apelada por Procuraduría.

El titular de la dirección de persecución del ministerio público (el departamento especializado en causas penales), Wilson Camacho, lamentó la decisión y aseguró que esta “se burla” de las víctimas. Félix Portes, abogado particular de una treintena de querellas, por otro lado, se mostró asombrado con la “imputación subjetiva”: “Ha sido una imputación favorable a los imputados, cosa que nunca he visto”.

Inicialmente el ministerio público (MP) pidió arresto domiciliario para ella y la prisión preventiva de 18 meses para él. Esto se debe a que revelaron que Antonio Espaillat supuestamente chantajeó y sobornó a los trabajadores para no testificar en su contra. Asimismo, el MP teme que el peso de las declaraciones de G. A., quien ya ha denunciado mensajes amenazantes, pueda conllevar que el imputado obstruya o destruya otras pruebas, según defendió la Procuraduría y la defensa particular durante la vista. La defensa personal pidió que Maribel también asumiera prisión preventiva. El juzgado, sin embargo, desoyó ambas peticiones.

El testigo principal pide protección

En este extenso y severo informe de más de 120 páginas, los fiscales imputan que durante años Jet Set “operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados”. El testigo principal ha solicitado al Estado medidas de protección para que no aparezca muerto “y parezca un accidente”. Según fuentes cercanas al caso, aún no se le han sido otorgadas.

La primera negligencia a la que apunta el MP, en un informe filtrado a la prensa esta semana, es de hace 30 años. En 1994, el establecimiento era un cine que tuvo que haber sido adecuado para su nuevo uso, pero “no se realizaron las variaciones fundamentales en la estructura”. En el transcurso de los años, la discoteca recibió varias denuncias por contaminación acústica y fue intervenida en varias ocasiones, incluyendo una reforma clave para el caso en 2014 o una posterior a un incendio ocasionado en 2023. En 2014, el ingeniero Jose Manuel Hernández Coste fue contactado por la empresa para realizar unas obras que quedaron al 10% de la ejecución.

De haberse terminado el trabajo, asegura la Procuraduría, “se hubiese podido detectar la grave falla de la estructura, ya que el mismo implicaba el análisis de las varillas, las vigas, las columnas, las losas y el techo”. “Pero eso no fue posible por la falta de seguimiento y de interés al respecto por parte de los hoy imputados, quienes mostraron una gran irresponsabilidad”, continúa el informe, “frente a la seguridad de sus clientes”. Este también señala cómo la eliminación de una columna, con fines estéticos y sin evaluación profesional, afectó “significativamente” la estabilidad del techo. Estas obras fueron realizadas con “total inobservancia de los reglamentos”, añade.

“El Estado también falló completamente”

Salvador Catrain, representante legal de 11 de las más de 100 querellas presentadas, lamenta la “falta de congruencia” del MP entre este crítico informe y la calificación del delito (de homicidio involuntario, de tres meses a dos años de cárcel) en lugar de homicidio (de 10 a 20 años). “Nosotros entendemos que existe un dolo eventual [una forma de culpabilidad en la que, aunque no hubiera intención de causar el daño, se prevé que una acción podría causarlo y, aun así, se actúa]. Ellos sabían cuáles iban a ser las consecuencias eventuales de celebrar la fiesta ese día. Tienen que ser juzgados por homicidio, incluida ella [Maribel]. Es igual de culpable que él”.

En el informe se añadieron mensajes de la hermana a uno de los habituales obreros para que revisara los plafones “manifestándole su temor de que afectara a alguien presente en el lugar”.

“Él era la cabeza de la empresa, y ella su mano derecha. Son culpables ambos por igual. Ellos y el Estado”, insistió Catrain. “Es una responsabilidad compartida; porque el Estado y el Ayuntamiento omitieron su obligación de fiscalizar este tipo de establecimientos que tenía aforo de hasta 2.000 personas. El Estado también falló completamente”.

El estudio alude también a unos peritajes realizados días después del rescate de las víctimas, en las que concluyen de manera inicial que la causa del colapso se debe al sobrepeso del tejado. Desde el año 2011 hasta el derrumbe, el techo del Jet Set Club presentó una ocupación “constante y progresiva” de la cubierta del edificio, pasando de siete elementos visibles en 2011, como equipos mecánicos o unidades técnicas, hasta alcanzar los 17 elementos hace dos meses, incluyendo casetas técnicas, ductos, tinacos para el suministro de agua y seis aires acondicionados, de entre 15 y 20 toneladas cada una.

La mayoría de estos elementos fueron puestos en el techo por empleados del local sin conocimientos específicos para obras de esta envergadura, algo a lo que también hizo referencia Espaillat en la única entrevista que ha concedido tras el derrumbe. En la conversación con la periodista dominicana Edith Febles negó haber añadido “pesos adicionales” al tejado con el tiempo, como ya han desmentido las pruebas de la Procuraduría.

En cuanto a las filtraciones de agua y arenilla, el informe muestra como, “de manera increíble, entre el techo y los plafones, se colocaba una lona para contener el agua que filtraba desde arriba y así evitar que la misma cayera directamente sobre los plafones y luego se filtrara hacia el interior de la edificación”. Esta lona, explican, era retirada cada cierto tiempo para mover el agua que acumulaba; un procedimiento que se repitió días antes de la tragedia. Es por ello que el órgano estatal concluye que esta cadena de acciones y omisiones de los imputados “demuestra un patrón sistemático de irresponsabilidad y negligencia que causó 235 muertes y más de 180 heridos”.

Para las víctimas que acudieron al despacho de Catrain, la contundencia de las palabras del MP es una pequeña luz entre el duelo y la frustración. Y esperan, como explica Franklyn Suero, testaferro del grupo de adultos mayores Haineros Dorados, quienes perdieron a 11 colegas aquella noche, que el Estado haga justicia y no les vuelva a fallar.