Ortega y Murillo retiran a Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió este jueves 27 de febrero una encolerizada carta a a Jürg Lauber, presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, informándole de que el régimen ha decidido retirar a Nicaragua de esa instancia. La medida es la respuesta de la pareja presidencial a un informe que publicó un día antes el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés), en el que presentaron pruebas que implican al Ejército del país centroamericano en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

“El informe del autodenominado Grupo de Expertos, que Nicaragua no lo reconoce, al igual que los informes anteriores, declaraciones, comunicados y actualizaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos, que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, alegó la Cancillería sandinista.

La “copresidenta” Rosario Murillo se unió, a través de su habitual mensaje diario televisado en cadena nacional, a la ofensiva contra el informe que desmonta uno de los argumentos capitales del Ejército de Nicaragua, específicamente el pretexto con el que habían evitado, como institución, sanciones de la comunidad internacional: que no participaron en la represión de las protestas sociales en contra del régimen matrimonial en 2018.

“Para Nicaragua, estos irrespetuosos mecanismos perdieron su naturaleza y decencia, no los reconocemos y no nos vemos siendo parte o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los estados, la dignidad de los pueblos. Por tal razón, Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y con toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, tronó Murillo, quien la noche anterior juramentó en plaza pública en Managua a 30.000 paramilitares encapuchados, uno de los principales brazos represores señalado por los expertos de la ONU como responsables de asesinatos extrajudiciales.

La colusión del Ejército en la represión

El Grupo de Expertos, constituido en marzo de 2022 para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, ya ha publicado informes previos sobre la sostenida situación represiva bajo los Ortega-Murillo, pero hasta ahora ha documentado la colusión del alto mando militar en la violenta ofensiva que dejó 350 personas asesinadas, miles de encarcelados y de exiliados.

Según el informe, el 20 de abril de 2018, dos días después del inicio de las protestas masivas, se celebró una reunión en la que participaron oficiales en activo del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, de Inteligencia Militar y de Personal de Cuadros, en la que se dijo que “se enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales”.

El Grupo de Expertos documentó que la represión de 2018 fue diseñada y ordenada desde los niveles más altos del Gobierno. Tanto Ortega como Murillo dieron la orden de aplastar a los manifestantes, lo que derivó en el uso desproporcionado y sistemático de la violencia después de la orden perentoria “de vamos con todo”, girada a todo el aparataje estatal y sandinista. La furia de los jerarcas del régimen derivó en la comisión de crímenes de lesa humanidad que, en la actualidad, son juzgados por un tribunal de Argentina.

El informe saca a relucir detalles hasta hoy desconocidos. Uno de ellos fue que el jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional, Bayardo Rodríguez, leyó una orden presidencial que instaba a los jefes de las distintas unidades militares a “neutralizar” a los implicados en las manifestaciones. Por su parte –prosigue el documento– el comandante en jefe del Ejército Nacional, Julio César Avilés, ordenó la participación de militares en la represión de las manifestaciones, a pesar de no tener competencias en materia de seguridad pública, con pleno conocimiento de que su intervención podría provocar la pérdida de vidas, tal como ocurrió: el peor derramamiento de sangre en Nicaragua desde la posguerra.

Pero además, el Informe señala que la Dirección de Inteligencia de los militares es una pieza clave de una red de espionaje política en conjunto con la Policía, instituciones estatales, grupos paraestatales y funcionarios sandinistas para vigilar, espiar, acosar o geolocalizar opositores y ciudadanos. Esta estructura también determina a quién detener, expulsar, impedir el regreso o despojar arbitrariamente de la nacionalidad.

“Para mi es cierto que hay una responsabilidad penal de los militares de Nicaragua por la comisión de crímenes de lesa humanidad”, dice en entrevista con EL PAÍS Reed Brody, el miembro más reciente del GHREN y conocido como el “cazadictadores” por haber contribuido a llevar al banquillo a sátrapas violadores de derechos humanos como Augusto Pinochet, Jean-Claude Duvalier, Efrain Rios Montt y Hissène Habré.

“La orden fue neutralizar a los manifestantes, pero se usaron armas de alto calibre que no eran para contenerlos, sino para matarlos… Y eso conlleva a una responsabilidad penal”, asegura Reed Brody, en referencia al pasaje del informe que asegura que los militares dotaron a los paramilitares de armamento de guerra. “La cúpula del Ejército de Nicaragua puede ser acusada por crímenes de lesa humanidad, sí, sí”, insistió.

Murillo, en su respuesta televisada, zanjó el asunto con el mismo tono colérico del comunicado de la cancillería sandinista: “Y precisamente, como parte, o como esencia de la verdad verdadera, Nicaragua el día de hoy, rechazando todas las falsedades, las falsificaciones, las calumnias, las mentiras, en un acto de decencia elemental, y cumpliendo con ese sagrado deber de preservar decoro y orgullo [...] repudiamos todos los insultos, todas las ofensas, todas las falsificaciones, todas las agresiones, todo lo que constituye la política colonialista que rige acciones de organismos que deberían servir al bien de todos”.