América Latina y el Caribe: un actor clave para la transformación productiva global

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Durante décadas, a América Latina y el Caribe se le ha pedido que proteja su biodiversidad como un bien global a preservar en beneficio de todos los habitantes del planeta. El mundo ha visto a la región como una gran reserva ecológica, un pulmón verde que hay que vigilar y cuyo valor trasciende los servicios ecosistémicos que provee a la población que directamente depende de los recursos naturales. Se ha pedido a los países ambiciosos objetivos de conservación sin tomar en cuenta, en la mayor parte de los casos, la necesidad de movilizar recursos financieros para ello y de revisar los marcos normativos globales que pueden estar limitando su capacidad de acción. Sin embargo, este relato está cambiando. Hoy, América Latina y el Caribe reconoce su importancia como región de soluciones al cambio climático, tanto por su enorme potencial de generación de energías renovables y su riqueza en minerales críticos para la transición energética, como por su protagonismo en la producción sostenible de alimentos y en la conservación de los grandes ecosistemas del planeta. Por ello, reclama su lugar en las mesas de negociación internacionales donde se debaten los grandes retos ambientales y se abordan los enormes riesgos económicos y de seguridad derivados de una deficiente gestión de los recursos naturales.

Los argumentos son convincentes. La región alberga el 60 % de la biodiversidad terrestre, concentra los bosques más extensos del planeta y las mayores reservas de agua dulce. Cada vez con más fuerza, se posiciona como una palanca para un nuevo modelo de desarrollo más sostenible.

Mientras en otras latitudes se trabaja para desarrollar costosas tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, América Latina y el Caribe cuenta con la fotosíntesis —uno de los sistemas más importantes de absorción del CO2 — en sus grandes superficies forestales: en particular la selva amazónica, el Chaco, el Cerrado o los manglares, que funcionan como sumideros naturales. Pero la contribución de la región a la lucha contra el cambio climático va mucho más allá de ser un mero reservorio de carbono.

América Latina y el Caribe, que hoy produce alimentos para más de 1.300 millones de personas, tiene la capacidad de demostrar que puede contribuir a la seguridad alimentaria global sin deforestar, mediante la transformación de sus sistemas agropecuarios con prácticas más productivas y regenerativas que aseguren la prosperidad de los productores en todos los eslabones de la cadena de valor. Además, la región desempeña un papel clave en la transición energética, no solo por su enorme potencial para generar energía limpia, sino por sus reservas de minerales críticos claves para la electrificación de los modelos energéticos (más del 65 % de los recursos globales de litio están en la región). En definitiva, América Latina y el Caribe desempeña un papel clave para abordar los grandes retos globales a los que se enfrenta hoy la humanidad y que requieren de una construcción firme de alianzas sobre la base de modelos que trascienden el extractivismo y sobre los que se han construido sus relaciones comerciales durante las últimas décadas. La región desea reformular su posición en un escenario geopolítico complejo, valorando su papel estratégico en la provisión de soluciones a los grandes problemas globales desde la sostenibilidad, el compromiso con la transición energética y el uso sostenible y productivo de su biodiversidad.

El cambio de paradigma se ha hecho evidente en los últimos años. En 2025, dos citas marcaron la proyección internacional de la región. La primera fue la Cumbre UE-CELAC celebrada en Santa Marta (Colombia), donde los jefes de Estado latinoamericanos y caribeños acordaron una posición común para dialogar con Europa en un plano de igualdad. La segunda, y quizá más simbólica, fue la celebración de la COP30 de Cambio Climático en Belém (Brasil), en el corazón de la Amazonia, poniendo de manifiesto que no es posible abordar la acción climática global —ya sea la reducción de emisiones de CO2 o la adaptación a sus impactos— sin tomar en consideración el papel clave de los ecosistemas.

Pero para que esta voz no se diluya es necesario el respaldo financiero, y este solamente se logra mediante la puesta en marcha a escala global de instrumentos que pongan un precio justo al carbono y otorguen un valor económico a los servicios ecosistémicos. Asimismo, es necesaria la revisión de los mecanismos que rigen los flujos financieros internacionales asociados a la agenda verde para crear incentivos que permitan la transición. Y aquí destaca el papel de la banca multilateral de desarrollo, especialmente de las instituciones regionales como CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Contar con una institución propia que atienda las necesidades de los países de la región, a través de un modelo cooperativo y que movilice recursos a la escala de los desafíos, es clave para que los países latinoamericanos y caribeños tengan una posición global más sólida. Así, podrán construir alianzas con otras regiones, reforzándose mutuamente, especialmente en un momento en que el multilateralismo se pone en cuestión.

El compromiso que CAF ha asumido en la COP30 de destinar 40.000 millones de dólares hasta 2030 a proyectos verdes representa una apuesta clara para promover la transformación productiva de América Latina y el Caribe, impulsando tanto su independencia energética, centrada en energías renovables, como un desarrollo productivo basado en la biodiversidad y la economía azul sostenible. Además, se financiarán infraestructuras más resilientes que favorezcan la integración regional y se potenciarán inversiones para la transformación agropecuaria con prácticas que garanticen el control de la deforestación.

Este esfuerzo se acompaña del uso de instrumentos financieros innovadores que buscan aliviar la carga fiscal de los países de América Latina y el Caribe, al tiempo que promueven la descarbonización, la resiliencia y la conservación de la biodiversidad. En el caso de CAF, destacan el bono azul vinculado a actividades que protegen el océano, los canjes de deuda por naturaleza que permiten restaurar ecosistemas como el del Río Lempa en El Salvador, y los bonos de resiliencia que preparan a los países para enfrentar los desastres naturales.

América Latina y el Caribe se encuentra hoy ante la oportunidad histórica de liderar la transición global hacia modelos más sostenibles, poniendo en valor las soluciones que puede ofrecer a los grandes retos ambientales, construyendo alianzas que refuercen su papel como proveedor de materias primas críticas para la transición energética y la seguridad alimentaria. El mundo necesita lo que la región posee, y la región necesita definir su propio modelo de desarrollo, donde la prosperidad se mida también en hectáreas de bosque conservado, en reservas de agua sin contaminar, en ciudades con movilidad limpia y en comunidades cuya acción es clave para la biodiversidad y la reducción del riesgo de desastres. La región sigue siendo la reserva natural del mundo, pero, a través de su compromiso con la sostenibilidad y de las alianzas globales, transita a convertirse en el más eficaz laboratorio de soluciones.