Argentina, pionero en proteger sus glaciares, avanza con una reforma que compromete la seguridad del agua

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Argentina no solo destaca por sus increíbles paisajes y biodiversidad, también lo hace por sus legislaciones en materia ambiental. La Ley de Glaciares, sancionada hace 15 años producto de la movilización de la comunidad científica, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, se consolidó como la primera legislación en el mundo que protege a los glaciares y el ambiente periglacial, por considerarlos bienes de carácter público y fundamentales para la provisión de agua dulce del país.

Argentina cuenta con casi 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas hídricas a lo largo de más de un millón de kilómetros cuadrados. Estas formaciones, junto con el ambiente periglacial, representan las reservas estratégicas de agua dulce del país para el presente y el futuro de la población.

La norma vigente establece, tal cual cita su artículo primero, que hay “presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico”.

Sin embargo, la semana que viene el Senado de la Nación tratará un proyecto de reforma de la ley que es, lisa y llanamente, un atropello a los derechos de los argentinos, ya que busca comprometer la seguridad hídrica de la población, al dejar sin protección gran parte de estos ecosistemas.

La modificación propuesta es inconstitucional y sienta un grave antecedente en términos de vulneración de derechos conseguidos por la sociedad civil para poner a resguardo los bienes comunes de los argentinos. Vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, el principio precautorio y de prevención establecidos en la Ley General del Ambiente y el principio de no regresión ambiental reconocido en el Acuerdo de Escazú.

A su vez, la iniciativa busca trasladar a las provincias la definición de qué glaciares y qué zonas del ambiente periglacial deben ser catalogadas con “función hídrica relevante” y, por ende, protegerse. Esto rompe con el carácter nacional y uniforme de los presupuestos mínimos ambientales y habilita criterios desiguales y meramente administrativos sin ningún tipo de rigor científico para sistemas hídricos que no reconocen límites políticos entre jurisdicciones provinciales. De este modo, la protección de estos ecosistemas dependería de decisiones sujetas a intereses de mérito y conveniencia política.

El país ya cuenta con una ley pionera por su alcance en la protección de glaciares y ambiente periglacial, por la que se debería sentir orgullo, porque resguarda un bien finito e indispensable para el desarrollo de la sociedad y generaciones futuras: el agua dulce.

Sin embargo, nos quieren hacer creer que la norma vigente simboliza un “impedimento” al desarrollo o que “no está bien redactada o definida”. Proteger los glaciares es una política de Estado que la sociedad argentina ya eligió en 2010 y que la Corte Suprema de Justicia ratificó en 2019. Y ahora es el Congreso, a través de sus representantes, quien debe procurar la defensa de la norma y que no se retroceda en lo ya establecido. Cuidar los glaciares no es frenar el desarrollo: es asegurar que el país tenga agua para sostenerlo.

Reformar regresivamente la Ley de Glaciares no sólo comprometerá el futuro hídrico de la Nación, sino que también erosionará las bases mismas de la seguridad jurídica que pretende promover. La Ley de Glaciares no necesita ser reformada: necesita ser cumplida. Esperamos que el Congreso honre el compromiso que asumió hace 15 años al sancionar una ley modelo en el mundo y no permita regresiones que comprometerán el bienestar de los argentinos y argentinas.