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El mayor grupo criminal de Colombia extrae oro dentro de una base militar: el metal termina en la Casa de la Moneda de Estados Unidos

Una investigación de ‘The New York Times’ revela cómo el metal extraído ilegalmente por un cartel colombiano se transforma en monedas oficiales del gobierno estadounidense

Granos de oro encontrados en el río Atrato, en Doña Josefa, en el noreste colombiano.Ivan Valencia (AP)

A pocos metros del Batallón Rifles 31, una unidad militar colombiana en el noroeste del país, decenas de mineros con mangueras de alta presión destrozan el bosque para extraer oro ilegalmente. La mina, conocida como La Mandinga, está controlada por el Clan del Golfo, el cartel más grande de Colombia, designado por Estados Unidos como organización terrorista. Lo extraordinario del caso es que esos mineros que trabajan en calzoncillos hace tiempo que traspasaron el perímetro de la base militar y trabajan a destajo en el mismo lugar que los soldados. A eso se suma, según la investigación de The New York Times, que parte de ese oro termina convertido en las monedas que la Casa de la Moneda de Estados Unidos vende como producto 100% estadounidense.

La mina y la base están tan próximas que los generadores diésel de la operación ilegal se escuchan desde las dependencias militares. Imágenes satelitales y de dron, obtenidas por el Times, muestran que la extracción se ha extendido hasta unos 137 metros de la piscina privada de la base. El comandante de la unidad, el coronel Daniel Echeverry, negó inicialmente que se estuviera explotando oro dentro de su perímetro. Solo cuando acompañó a los reporteros a recorrer el lugar y comprobó los pozos fangosos en terreno militar, ordenó a los mineros marcharse. “Esto es propiedad privada del Ministerio de Defensa, podemos dispararles por estar aquí”, les gritó, según el relato del fotoperiodista Federico Ríos publicado en el Times.

Los mineros respondieron con machetes, piedras y amenazas. Uno roció con gasolina al coronel, a sus soldados y al periodista. Los soldados, con motosierras y bidones de combustible, destruyeron parte del equipo antes de retirarse. La escena, retratada en varias fotografías, es dantesca. Y surrealista. Y plantea una pregunta inevitable: si el Estado no es capaz de impedir la actividad criminal en una base militar, ¿cómo podría hacerlo en el resto del país?

Según la investigación del Times, el Clan del Golfo, el grupo ilegal más grande de Colombia, cobra 400 dólares mensuales a cada equipo de cinco mineros por el derecho a operar en La Mandinga. Cientos de equipos —posiblemente más de mil— trabajan en condiciones tóxicas, mezclando el material con mercurio para separar el oro. La actividad contamina los ríos, deforesta el bosque tropical y financia los asesinatos y atentados con bomba que el cartel utiliza para mantener el control de la región.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha reaccionado en su cuenta de X horas después de la publicación. “He ordenado una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes con total contundencia”, escribió. “Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley”.

Pese a que el Departamento del Tesoro estadounidense mantiene a los líderes del clan en una lista negra financiera, el oro fluye sin mayores obstáculos hacia el mercado internacional.

La investigación documenta cómo el oro extraído ilegalmente se transforma en producto legal mediante un sencillo sistema de papeleo. En las cientos de compraventas de la cercana ciudad de Caucasia, los comerciantes registran cada gramo bajo el nombre de mineros que han obtenido una licencia que está reservada para quienes trabajan a mano y sin mercurio en zonas autorizadas. Muchos mineros tienen esa licencia y no trabajan a mano. Ni sin mercurio. Ni en zonas autorizadas. Las autoridades, denuncia el diario estadounidense, rara vez verifican el origen real del metal y se limitan a comprobar la documentación.

Una vez “legalizado”, el oro se mezcla con suministros de toda Colombia y se funde. Los registros de exportación muestran que el último año llegaron a Texas lingotes por unos 255 millones de dólares procedentes de esa cadena.

En una refinería en las afueras de Dallas llamada Dillon Gage, el oro colombiano se funde junto con material de joyeros estadounidenses, casas de empeño peruanas y minas sudamericanas. A partir de ese momento, según la lógica de la industria, el producto pasa a considerarse estadounidense. “Por lo que a ellos respecta, se originó en Estados Unidos”, explicó al Times Terry Hanlon, director ejecutivo de Dillon Gage, quien dijo que suspendería las compras al exportador colombiano tras los hallazgos periodísticos.

En 1985, el Congreso de Estados Unidos prohibió a la Casa de la Moneda fabricar lingotes con oro extranjero, una norma aprobada para evitar la complicidad con violaciones de derechos humanos durante el apartheid sudafricano. Pero una auditoría del Departamento del Tesoro reveló en 2024 que, durante dos décadas, la Casa de la Moneda nunca preguntó a sus proveedores el origen del oro que compraba.

Cuando el Times consultó por primera vez a la institución, un portavoz aseguró que el oro provenía íntegramente de Estados Unidos, como exige la ley. Tras conocer los hallazgos del periódico, la respuesta cambió: el oro provenía “principalmente” de Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una revisión de las prácticas de adquisición.

Con el precio del oro rondando los 5.000 dólares la onza —cuatro veces más que hace una década—, los incentivos para introducir metal ilícito en los mercados legítimos son enormes. La minería ilegal financia, según documenta el Times, la guerra civil de Sudán, la invasión rusa de Ucrania, las economías sancionadas de Venezuela e Irán y a grupos vinculados a Al Qaeda. Incluso en Colombia, mayor exportador de cocaína del mundo, la minería ilegal ha superado al narcotráfico como fuente de recursos para los grupos armados.

La conclusión del diario norteamericano, tras documentar cómo funciona La Mandinga, resume el gran desafío de Colombia en materia de seguridad. “Encontrar el oro del cartel resultó sorprendentemente fácil —escribió el fotoperiodista Ríos—. ¿Quizá los demás ni siquiera lo estaban buscando?”

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