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CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
Opinión

Una guerra contra la niñez

Aunque todos los tipos de violencia cometidos en la guerra son repudiables, las victimizaciones contra los menores de edad ocupan un lugar particular por haber sido ejercidas sobre personas que aún no habían desarrollado su conciencia

Campamento personas reinsertadas de las FARC, en Icononzo, Tolima, en noviembre de 2021.Camilo Rozo

El histórico reconocimiento por parte del último secretariado de las FARC sobre reclutamiento forzado, violencia sexual y violencias basadas en género marca un hito en los sistemas de justicia transicional en el mundo y abre paso a que las víctimas y familiares puedan tener verdad plena y reparación.

Aunque todos los tipos de violencia cometidos en la guerra son repudiables y condenables, las diversas victimizaciones contra los menores de edad ocupan un lugar particular, aún más doloroso, por haber sido ejercidas sobre personas que aún no habían desarrollado plenamente su conciencia, su capacidad de razonamiento y de decisión. A todos, sin distinción alguna, se les cercenó el libre desarrollo de la vida y, en vez de balones, ruedas de carro, palos o muñecas, sus juguetes y juegos fueron fusiles, acciones militares, guardias nocturnas y combates.

“Nos dijeron que íbamos para un campamento y que nos regresaban al otro día. Cuando llegamos, había más menores de edad. En total 35 entre hombres y mujeres. Nos empezaron a dar cursos, a meter la psicología de que, si nos volábamos, ellos sabían dónde vivía la familia, que no respondían, que ahí era hasta el final, que era por tiempo indefinido”, le contó a la Comisión de la Verdad un menor de edad reclutado por el frente 38 de las FARC. Junto a él, 18.676 niñas, niños y adolescentes fueron forzados a pertenecer a alguna de las facciones de la extinta guerrilla de las FARC, desde las redes urbanas y milicias hasta sus grupos de operaciones especiales, como lo señala este otro testimonio: “Duramos como un mes. Día y noche… duro, duro. No dormíamos, no comíamos. Decían: ‘Vamos a marchar’, y nos hacían emboscadas entre nosotros mismos, ¡con fuego de verdad, no era de mentiras! Porque nosotros íbamos a ser fuerzas especiales.”

El reconocimiento de delitos por parte del antiguo Secretariado marca un hito respecto a los Tribunales internacionales que han juzgado estos mismos crímenes. Históricamente, tanto grupos insurgentes como paramilitares han negado la práctica pese a la evidencia, como ocurrió con los menores reclutados en la guerra civil de Sierra Leona- cientos de ellos con edades entre los cinco y los 10 años- y los niños soldados de la República Democrática del Congo. Quedaron sin verdad y justicia la violencia sexual, la tortura y los tratos crueles e inhumanos contra la niñez y juventud.

En Justicia y Paz -el proceso de Justicia Transicional con los grupos paramilitares- las violencias basadas en género, la violencia sexual, la interrupción de embarazos y los abortos forzados fueron de los temas más difíciles de juzgar y los más negados por parte de los perpetradores, con cerca del 97% de los casos en impunidad. Que la antigua guerrilla reconozca hoy estos delitos abre un faro de luz para que los casos sean juzgados y sancionados. La aceptación de hechos da razón al clamor histórico de las víctimas que ahora esperan justicia.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el reclutamiento de menores alcanzó sus picos más altos en 1999, 2002, 2007 y 2013, con un máximo alrededor de 2002, siendo los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare -donde operaron los Bloques Oriental y Sur- los que acumularon la mayor cantidad de casos de reclutamiento. El aumento en las cifras coincide con el plan de expansión de las facciones insurgentes y el fracaso de los diálogos del Caguán adelantados en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).

El reclutamiento en las FARC fue un acto consciente, intencionado y con un propósito deliberado por la organización guerrillera que, pese a sus reglamentos internos y a las políticas desplegadas por el propio Secretariado, nunca hubo un acatamiento y dirección para acabar con las múltiples violencias. Muestra de lo anterior es el sostenimiento en el tiempo y la composición de estructuras, destacamentos y grupos de operaciones especiales con menores de edad, como lo fue la Columna Móvil ‘Arturo Ruiz’, creada en el 2000 en La Macarena, Meta.

De los 362 integrantes de esta estructura, 141 eran menores de edad, formados por el Secretariado de las FARC con el objetivo de recuperar militarmente el Magdalena Medio. Plan que fue frustrado por la Quinta Brigada del Ejército y la controversial ‘Operación Berlín’, presentada como un éxito militar cuando la inteligencia conocía previamente que niñas y niños hacían parte de la Columna Móvil, y varios de ellos fueron asesinados en combate, otros rematados a tiros en estado de indefensión. Sin duda, uno de los casos más dolorosos de la guerra.

A ello se suma que la organización armada se ensañó contra las comunidades más vulnerables. La Comisión de la Verdad documentó, a partir de 700 testimonios, los patrones de reclutamiento de la organización guerrillera que se concentraron en zonas rurales de pobreza, edad, género y pertenencia étnica. Basta ver unos minutos del documental Infancias reclutadas para tener una dimensión del horror; familias desintegradas, resguardos indígenas reclutados, niños huérfanos convertidos en armas de guerra y cuerpos de niñas utilizados a satisfacción de los comandantes.

Los fotorreporteros también han sido otros de los testigos del reclutamiento. En el libro Verde de Federico Ríos se encuentran 59 retratos de mujeres y hombres guerrilleros menores de edad, quienes posaron en 2016 ante la cámara y luego firmaron sus propias fotografías con sus nombres de guerra y edad, algunos con 11 años. La serie titulada Polaroids es otra muestra del sostenimiento de una política que no fue acabada por el Secretariado de la organización y que, por el contrario, se prolongó en detrimento de los menores.

Pese a lo doloroso y al horror de cada uno de los relatos, se debe entender este reconocimiento también como un triunfo propio del trabajo del Sistema de Justicia Transicional, desde la magistratura, abogados, acompañantes de víctimas y los mismos responsables. Es un acierto que, de cara a satisfacer el derecho de verdad de las víctimas, sienta un precedente único que debe ser acompañado para que aparte del esclarecimiento de hechos, haya reparación integral, verdad y justicia, sobre todo, justicia. @A_CelisR

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