Los múltiples llamados a controlar el megáfono de Petro llegan a oídos sordos

El presidente Gustavo Petro suele repetir cada cierto tiempo que no tolera que lo silencien, sobre todo cuando las instituciones le piden prudencia. Cuando el Consejo de Estado falló esta semana que debe regular el uso “inadecuado y desproporcionado" que hace de las alocuciones presidenciales, que ya no está usando para anunciar emergencias sino que ocurren cada semana y por varias horas, Petro aseguró en varios trinos que “eso es censura y simple censura“. Cuando la Comisión de Regulación de Televisión le dijo, en abril, que él no puede usar los canales institucionales para promover una marcha a favor de una consulta popular, alegó una vez más que “estamos ante un nuevo acto de censura”. Pero los llamados a que mesure sus declaraciones públicas se han vuelto más seguidas, sobre todo ante unas elecciones legislativas y presidenciales que ya están a pocos meses.

El procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, por ejemplo, se pronunció esta semana. Por ley, recordó, está prohibido para los presidentes y funcionarios del Gobierno apoyar a un candidato o partido antes de los comicios. El procurador, quien está encargado de vigilar que la regla se cumpla, hizo un llamado a Petro en sus redes sociales y en tono amable. “El presidente de la República, y los miembros de su gabinete, tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución”, afirmó.

Hay días en los que la intervención es sutil, y otros en los que es bastante obvia. Esta semana misma, Petro criticó en sus redes un fallo que no le permite a los tres precandidatos de la izquierda unirse bajo un solo movimiento, el Pacto Histórico, alegando que era un “sabotaje a la democracia”, y luego los convocó a la Casa de Nariño para hablar de la decisión y el paso siguiente. “Creo que fue claro que estaba participando en política ahí”, dice la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios. “Una cosa es defender el proyecto suyo, pero otra muy distinta es la intervención partidista”, añade.

No es la primera vez que el presidente entra en el tejemaneje de la estrategia electoral. Petro, por ejemplo, fue quien presionó públicamente para que se escogiera al candidato de la izquierda por consulta, y luego fue quien dio luz verde a las candidaturas del senador Iván Cepeda y del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, a pesar de que este último generaba muchas resistencias entre los militantes del petrismo.

También han cruzado la raya los ministros. El procurador Eljach criticó esta semana que el ministro del Interior, Armando Benedetti, haya dicho que Roy Barreras y Daniel Quintero “son los dos mejores candidatos”. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dijo por su lado a la revista Semana que un candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, no tiene “formación intelectual y ética, siendo un abogado de la mafia”. Eljach tomó nota.

Alejandra Barrios cuenta que todos los presidentes, desde que ella fundó la MOE en 2006, han roto la regla y han intervenido indebidamente antes de las elecciones. Álvaro Uribe es recordado porque en 2010 le pedía a los ciudadanos votar por quien protegiera sus “tres huevitos” (la seguridad, la inversión y la cohesión social). Iván Duque, en 2022, también fue señalado ante las autoridades por señalar al candidato Petro por su “autoritarismo”. Pero Barrios añade: “Si bien ha pasado en otras administraciones, creo que ahora sí se ha vuelto más seguido, las opiniones del presidente sobre su representación política son seguidas, constantes, y uno pensaría que ya se corre el riesgo de normalizarse“.

“Nosotros tenemos una deuda con la reglamentación de qué entendemos en detalle como intervención en política, entonces por ahora solo tenemos unos lineamientos que nos da la Procuraduría”, explica Barrios. “En otros países se ha logrado tener reglas más claras, pero en Colombia lo único que es muy claro es que se intenta alejar al presidente del ejercicio partidista porque, en un país presidencialista, el jefe de Estado tiene mucho poder. Entonces el eje de lo que dice se vuelve centro de la discusión política, y por eso se le pide guardar el equilibrio, que guarde las distancias, que no se involucre”, añade.

El procurador no tiene poder sancionatorio sobre el presidente, explicó Eljach esta semana, pero incluso si lo tuviera no es claro que el pedido a la prudencia fuera atendido. Hace dos semanas, el Consejo de Estado le exigió a Petro retractarse ante el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, por señalarlo de defender la esclavitud motivado por un “odio étnico”. “Utilicé un recurso lingüístico”, se defendió el presidente. Petro borró su mensaje inicial, sin la retractación exigida.

El presidente tiene una actitud igual de desafiante ante la nueva decisión del Consejo de Estado que exige que se regulen las largas alocuciones presidenciales en donde se ve a Petro haciendo monólogos semanales, rodeado de sus ministros, y rompiendo con la parrilla de los canales públicos y privados. Esto sin que haya una emergencia que justifique por qué se deben poner todos los canales en función del soliloquio.

Poco después, la Comisión de Regulación de Comunicaciones envió una carta el viernes a varios medios de comunicación, tres canales de televisión abierta, exigiendo información sobre las “políticas editoriales” de estos. Entre otras cosas, piden saber “cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten”, y que se “anexe soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de estas decisiones”.

Varios medios pusieron el grito en el cielo, y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió un comunicado explicando que, si bien la CRC tiene que “analizar el pluralismo informativo”, tales requerimientos “constituyen una forma de censura indirecta: vulneran la reserva de fuente, afecta la autonomía editorial y genera un efecto inhibidor sobre la deliberación interna”. Petro, por su lado, alegó: “No se me censurará solamente a mí, sino a toda la prensa que use el espectro electromagnético”. El presidente no traza la diferencia entre un canal de noticias y sus alocuciones televisadas, se presenta como un reportero cualquiera y no como el hombre con el megáfono más grande del país. El procurador o el Consejo de Estado le piden bajar el volumen a ese megáfono, pero, por ahora, el presidente solo lo sube.