La pobreza cae en Colombia, pero el descenso es más lento para las mujeres y los indígenas

Las cifras de la reducción de la pobreza monetaria que vio Colombia durante 2024, celebradas por el Gobierno y también varios analistas, esconden una fractura que se profundiza en los márgenes. Aunque la tasa nacional bajó al 31,8%, los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), presentados este lunes, revelan que esa mejora va a un menor ritmo entre los grupos más vulnerables. El enfoque diferencial, que desagrega por género, etnia y condición migratoria, muestra que la pobreza se concentra con fuerza en quienes acumulan condiciones de vulnerabilidad, y que el primer factor de riesgo es el género.

Ser jefa de hogar es una condición suficiente para aumentar la probabilidad de caer en la pobreza. En 2024, el 36,1% de los hogares con jefatura femenina vivía en pobreza monetaria, frente al 28,4% de los liderados por hombres. La diferencia es de 7,7 puntos porcentuales, pero va más allá de un matiz y es una línea de quiebre que se repite en todo el país. En otra línea de medición —el de pobreza extrema, que implica vivir con menos de dos dólares al día—, la penalización es similar: por cada diez hogares encabezados por hombres en esta condición, hay catorce liderados por mujeres.

La brecha de género se amplía en los territorios históricamente golpeados por la desigualdad y el racismo. En Quibdó, capital del departamento del Chocó, donde la población es afrocolombiana, la incidencia de pobreza monetaria para los hogares con jefatura femenina fue del 64,7%, superando en 17,5 puntos porcentuales a la incidencia masculina. Aunque esta diferencia se redujo levemente frente a 2023, la capital chocoana encabeza una vez más la lista nacional en términos de disparidad de género y financiera. Los valores de pobreza extrema también muestran que la ciudad lideró entre las capitales, con una brecha de 14 puntos.

La vulnerabilidad económica de las mujeres se agudiza en los territorios donde la presencia estatal es más débil. La desigualdad se repite en regiones periféricas como Riohacha, Valledupar o Florencia, en donde las brechas llegan a superar los 15 puntos porcentuales entre géneros. En contraste, en las grandes ciudades las diferencias son más contenidas. Bogotá registró la brecha más baja del país, con apenas 3,4 puntos entre jefaturas masculinas y femeninas. Manizales y Medellín también se ubicaron en la parte baja de la tabla, con diferencias de 4,7 y 5,8 puntos, respectivamente.

Hay otros factores más allá del género, y cuando este se cruza con el origen étnico, la brecha se hace agujero. En los hogares indígenas, la jefatura femenina implica una incidencia de pobreza monetaria 4,9 puntos mayor que la masculina. La brecha se dispara a 15,1 puntos en los hogares afrodescendientes comandados por una mujer. Pero la sola pertenencia étnica ya marca una distancia abismal respecto al promedio nacional: casi el 60% de los colombianos que se autorreconocen como indígenas vivieron en pobreza monetaria durante 2024, casi duplicando la del promedio nacional (31,8%).

Y aunque la pobreza monetaria extrema registró un descenso de 0,9 puntos porcentuales a nivel nacional —pasó de ser el 12,6% en 2023 al 11,7% en 2024—, en términos comparativos el problema es mayúsculo. El 38,1% de los indígenas estaba en esta condición en 2024, más del triple del promedio nacional, que se ubicó en el 11,7%. El departamento del Chocó vuelve al foco en este tema: allí, la diferencia entre indígenas y población sin autorreconocimiento étnico alcanzó el 56,2% en pobreza monetaria. En pobreza extrema, la brecha se disparó hasta el 77,1%.

La situación es como una cebolla de capas infinitas: de acuerdo a las cifras del DANE, la máxima de vulnerabilidad se alcanza cuando la pertenencia étnica se cruza con la condición de víctima del conflicto armado. Los datos de 2023, que sirven como referencia, muestran que el 48,8% de las personas víctimas de la violencia vivían en pobreza monetaria, muy por encima del promedio nacional de ese año. Entre las víctimas de desplazamiento forzado, la incidencia alcanzó el 50%. La pobreza más alta registrada fue la de la población víctima que se reconoce como indígena: 66,7%, cifra que supera en más de 20 puntos a la de las víctimas sin autorreconocimiento étnico. En pobreza extrema, la situación es igual de crítica: el 43,5% de la población víctima indígena estaba en esa condición. La reducción de la pobreza entre 2022 y 2023 en la población víctima fue de apenas 1,3 puntos, lo que subraya la lentitud del progreso en el sector más golpeado del país.