Más allá del ‘tarimazo’

El evento realizado por el presidente Gustavo Petro en Medellín en desarrollo de su controvertida política de paz total, específicamente su componente de Paz Urbana, con presencia en la tarima de nueve peligrosos jefes de bandas criminales judicializados, ha sido objeto de críticas unánimes por todo el establecimiento político y gremial. Empezando, obviamente por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, continuando con el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, los expresidentes Uribe y Santos y la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. Todos a una lo condenaron por ser una afrenta a las víctimas, la dignidad de la justicia y, sobre todo, la deslegitimación de las instituciones democráticas. Resulta, pues, un evento escandaloso porque revela a la luz pública, una vez más, la médula oculta de nuestras instituciones políticas. Y esa médula no es otra cosa que la simbiosis histórica de nuestro Estado y la mayoría de sus instituciones con la violencia, el crimen y su contemporización con la ilegalidad, al menos desde la promulgación de la Constitución de 1991.

Un pecado original y capital constituyente

Podría decirse que nuestras alabadas y veneradas instituciones políticas nacieron con un pecado original y capital constituyente, todavía irredimible, pues para neutralizar el narcoterrorismo de Pablo Escobar y lograr su entrega a la justicia, la Asamblea aprobó el artículo 35 (ya derogado), que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento. Fue un acuerdo tácito entre el Ejecutivo y la mayoría de los delegatorios de la Constituyente, ante la incapacidad de los organismos de inteligencia, investigación y militares del Estado para capturarlo y desmantelar su terrible banda, Los Extraditables. En semejante encrucijada, la Asamblea aprobó la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento.

Fue una decisión que mezcló el pragmatismo político y la contemporización con el crimen, comprensible por esa debilidad punitiva y militar del Estado. Obviamente, ese acuerdo político tenía que darse detrás de la tarima, tras bambalinas. No podía exhibirse y menos conocerse la forma cómo sucedió, pues su ilegitimidad no soportaría la luz de lo público. Valdría la pena que algún día conociéramos esos secretos de Estado y nos fueran revelados por sus máximos responsables, que hoy son adalides inclaudicables de la absoluta transparencia del Gobierno en todos los asuntos públicos y se rasgan las vestiduras por lo sucedido en la tarima de Alpujarra.

En ese entonces, todos los colombianos asistimos a una puesta en escena casi surrealista, que bien podría haber sido concebida y filmada por Luis Buñuel con libreto de García Márquez. Hay que recordar que la entrega de Pablo Escobar fue mediada y anunciada por el padre Rafael García Herreros en el programa decano de nuestra televisión nacional, El minuto de Dios, convocándolo frente a las cámaras a un encuentro en las playas de Coveñas. Ni más ni menos que el encuentro del pastor con el criminal más sangriento y despiadado de entonces, cuya falsa conversión le permitió seguir delinquiendo desde su cárcel-catedral durante 13 meses, sin que todavía sepamos porqué el presidente Gaviria solo se dio cuenta de ello tan tarde y entonces el capo pudo abandonar caminando, plácidamente, su catedral de impunidad.

Una institucionalidad narcopolítica y necropolítica

La pregunta obvia es: ¿Qué tipo de instituciones fueron esas que comprometieron el Estado y la misma Asamblea Nacional Constituyente con la entrega del más sangriento capo a cambio de su no extradición? Que, además, le permitieron el diseño de su propia “catedral” y posterior fuga. Y, por último, que para poder darlo de baja terminaron siendo complacientes y quizá hasta cómplices con el grupo criminal los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), sus enemigos y competidores del cartel de Cali, los hermanos Rodríguez, junto al Bloque de Búsqueda y la DEA.

Desde luego, no fueron instituciones respetables y menos democráticas. Fueron instituciones coaccionadas y funcionales con el crimen, la violencia y la impunidad. Hoy ya está plenamente establecido que los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro fueron posibles por esa simbiosis letal del narcotráfico con la política y varias agencias de inteligencia del Estado, que sirvieron de mampara para perpetrar el magnicidio Galán, y posteriormente los de Jaramillo y Pizarro. Pero todavía más grave es que esa matriz institucional se haya prolongado y camuflado bajo una densa hojarasca legal que creó un entramado de criminalidad sistémico con diversos poderes de facto, desde respetables empresarios agroindustriales hasta emprendedores narcotraficantes, a través de organizaciones privadas como las cooperativas de seguridad rural, más conocidas como “Convivir”, creadas por el entonces presidente César Gaviria mediante el Decreto Ley 356 de 1994 e impulsadas con ahínco por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

Cooperativas legales que sirvieron de incubadoras de numerosos grupos paramilitares que terminaron conformando la criminal federación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y desolaron el campo con sus masacres y fosas comunes. Así se formó y consolidó este entramado de instituciones necropolíticas o tanatopolíticas, cuyo legado son millones de víctimas irredentas y de victimarios impunes que hoy se disputan este espectral espacio político institucional y se escandalizan por la impudicia política del presidente Petro en la Alpujarra.

Petro, un impúdico gobernante

Sin duda, el presidente Petro cometió un acto de impudicia política al llevar nueve temibles y condenados jefes de bandas criminales a su tarima en la Alpujarra, en el contexto de su temeraria e incierta política de paz urbana, que aún carece de un marco legal para garantizar el sometimiento efectivo de dichas bandas y su desmantelamiento definitivo. Un experimento que tiene el nefasto antecedente de la llamada política de “sometimiento a la justicia” del expresidente Gaviria que, a la postre, terminó sometiendo la justicia a las dinámicas del crimen, siendo precisamente las Convivir un eslabón clave de esa deriva narcopolítica y necropolítica de nuestras instituciones políticas fusionadas con el crimen y la ilegalidad. Deriva que ha tenido las más inverosímiles mutaciones y coaliciones políticas y tuvo un momento estelar cuando el entonces presidente Uribe permitió la presencia de tres de los máximos comandantes paramilitares de las AUC en el Congreso de la República: Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza, aún sin estar desmovilizados, para que Mancuso en junio de 2004 ambientara en un histórico y elocuente discurso la posterior ley 975 de 2005, oficialmente denominada de “Justicia y Paz”. Pero la verdad es que esa institucionalización necropolítica se había venido consolidando desde la crisis generada por el Proceso 8.000 con Samper, pasando por la narcoparapolítica que respaldó a Uribe, la Ñeñepolítica de Duque y hoy la presunta financiación ilegal y violación de topes de la campaña presidencial de Petro.

La peor mutación necropolítica

Sin embargo, es en estos últimos años cuando se ha generado la más temible y degradada de todas las mutaciones, como es la simbiosis letal de organizaciones supuestamente insurgentes con las economías ilegales, que se disputan a muerte con bandas y bandolas del narcotráfico nacional e internacional el control de vastos territorios y numerosas poblaciones rurales, hoy sometidas a frecuentes “paros armados”, el confinamiento y el asesinato sistemático de sus líderes sociales. Tal es el entramado real de esa parafernalia de instituciones políticas que hoy el establishment llama a defender, una institucionalidad necropolítica, sustentada y arraigada en poderosas economías ilegales cuyos vasos comunicantes con la economía legal son complejos, densos, turbios y forman una especie de rizoma indescifrable, casi imposible de erradicar. Un rizoma necropolítico que en cada elección nacional para Congreso y Presidencia define quiénes gobiernan, cómo gobiernan y a favor de quiénes. Y ello seguirá siendo así en tanto para ganar las elecciones los candidatos tengan que contar con miles de millones de pesos a su disposición, generosamente aportados por financiadores legales, como Odebrecht en los casos de Juan Manuel Santos y el derrotado Iván Zuluaga, o ilegales como en el 8.000 de Samper o la difusa Ñeñepolítica de Duque. No por casualidad las campañas presidenciales de Samper, Santos, Zuluaga, Duque fueron investigadas por el Consejo Nacional Electoral. Investigación que, en el caso del actual presidente, según reciente fallo de tutela de la Corte Constitucional, deberá ser enviada a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

¡Que vivan las elecciones!

Por eso todos y todas las numerosas precandidaturas, líderes políticos y gremiales, altos dignatarios de las ramas del poder público, órganos de control, medios de comunicación masivos y sus autorizados analistas “deformadores” de opinión coinciden unánimemente en que hay que salvaguardar la transparencia, en realidad opacidad, del próximo proceso electoral. Porque la opacidad financiera en que siempre se han desarrollado las elecciones ha sido y es la savia de esa institucionalidad necropolítica y gracias a ellas se reviste Colombia periódicamente con los falsos oropeles de la “democracia más estable y profunda de América Latina”. Es tal la solidez de ese fariseísmo y narcisismo institucional colombiano que todavía oculta con éxito la mayor crisis humanitaria de todo el continente, expresada en estas macabras cifras del Informe Final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición: “450.664 personas perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018. Si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de homicidios puede llegar a 800.000 víctimas. Principales responsables de homicidios: Grupos paramilitares: 205.028 víctimas (45 %), Grupos guerrilleros: 122.813 víctimas (27 %). Del porcentaje de guerrillas, el 21 % corresponde a las FARC-EP (96.952 víctimas), el 4 % al ELN (17.725 víctimas) y el 2 % a otras guerrillas (8.496 víctimas). Agentes estatales: 56.094 víctimas (12 %)”. Cifras que superan con creces las víctimas mortales de todas las dictaduras del Cono Sur y que confrontan dolorosamente el fariseísmo y el narcisismo institucional de la mayoría de quienes hoy defienden esta “democracia”, pero en realidad piensan solo en asegurar sus curules en el Congreso y contemporizar desde la Casa de Nariño con semejante orden necropolítico.

Más allá de las elecciones y ‘tarimazos’

Mientras no seamos capaces de esclarecer y superar esa realidad electofáctica y necropolítica que rige nuestras instituciones y transformarlas en una auténtica democracia con instituciones políticas biofílicas, en función de la ciudadanía, promotoras de la equidad social y de la vida en todas sus dimensiones, seguiremos perpetuando por más de 100 años esta sangrienta realidad y nunca será posible la convivencia entre todos y todas con la naturaleza. ¿Será este un tema de debate en las próximas elecciones? ¿Habrá alguna candidatura o coalición que proponga la regulación legal del cultivo y la transformación industrial y farmacéutica de la maravillosa y portentosa Mama Coca? ¿Habrá alguna candidatura que desafié tanto fariseísmo y narcisismo institucional, sin incurrir en la impostura de programas gubernamentales irrealizables en cuatro años, como “Colombia potencia mundial de la vida” y la “Paz Total”? En fin, ¿será posible que la Carta del 91 deje de ser un comodín al servicio de la necropolítica y empiece a ser un Estado Social de derecho con instituciones biofílicas, promotoras de la vida política, social y ambiental de todos en Colombia? Solo entonces sabremos de verdad qué es convivir democráticamente y saldremos de este laberinto mortal de instituciones tanáticas en que estamos atrapados y extraviados desde nuestra cuna hasta la tumba. Instituciones que han arrebato la vida durante este año a más de 70 líderes sociales y tiene en vilo la del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Por eso carece de sentido llamar a defender las actuales instituciones y quienes lo hacen en nombre de la democracia no son más que fariseos y narcisos, solo empeñados en la conservación de este orden necropolítico en función de recortados intereses, donde ya es casi imposible discernir entre lo legal y lo ilegal; lo legítimo de lo ilegítimo, como en tantos episodios de la vida nacional, siendo la tarima el más reciente. Por eso es imperioso ir más allá de las elecciones y los tarimazos.