Petro nombró a una notaria mentirosa
¿Puede ser notario una persona a quien públicamente se le ha demostrado que miente? En principio no. Pero aparentemente para el presidente eso no importa


En Colombia no solo estamos acostumbrados a que los políticos nos roben y nos crean oligofrénicos, sino que, por cosas vinculadas a esos mismos políticos, seguimos manteniendo con vida unos cargos y unas entidades que en pleno siglo XXI no tienen mucho sentido, aunque sí son útiles para nombrar amigos, garantizarles un buen ingreso y que de paso le entreguen una tajada del dinero al político nominador.
Es el caso de las notarías, institución que nace hace casi 2000 años en la antigua Roma y que desde entonces se ha caracterizado por ser la garante de la fe pública, depositaria de documentos públicos y privados sobre los cuales el notario se convierte en el custodio de la confianza de quienes intervienen en cualquier tipo de contrato. En Colombia la ley lo dice claramente: un notario debe ser “una persona de excelente reputación”. Así que no hay excusa para que ante una oficina pública de semejante responsabilidad quede una persona de ética cuestionada o cuestionable.
¿Puede ser notario una persona a quien públicamente se le ha demostrado que miente? ¿Puede ser garante de la fe pública y de la protección de los intereses de aquellos que acuden a una notaría una persona señalada de cometer delitos como peculado, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales o prevaricato? En principio no. Pero aparentemente para el presidente Gustavo Petro, nominador de quien hoy ocupa el cargo titular en la Notaria 36 del circuito de Bogotá, eso no importa. Desde agosto del año pasado esa es la realidad de la notaria Daniela Andrade.
Hace una semana expliqué en este mismo espacio la forma en que se torció la norma existente para asignar notarías con la excusa de un concepto del Consejo de Estado. Sin embargo, más allá de la flexibilización tipo sastre para permitir el nombramiento de la señora Andrade, lo grave es que una persona con señalamientos de índole penal tan delicados haya llegado a ser nombrada. Más aún cuando, antes de la designación, el secretario de transparencia advirtió al presidente sobre las acciones ilegales presuntamente realizadas por la señora Daniela.
Pero seamos generosos, pensemos que el presidente Petro no hizo caso a su secretario de transparencia porque no le cree y lo mantiene en ese puesto a pesar de no confiar en él. Otorguemos al mandatario el derecho a cometer un error por ignorancia sobre la realidad de las acciones de la señora Andrade. Han pasado varios meses y tal vez nadie le ha dicho al presidente la verdad. Pero ayer las mentiras de la señora quedaron en evidencia.
El lunes pasado, en una entrevista, fue la misma Daniela quien dijo que cuando firmó como vicepresidenta de la Fiduprevisora unos contratos que permitieron el desvío de 1,3 billones de pesos de la salud de los maestros del país lo hizo porque se lo había ordenado el Consejo Directivo del Fondo del Magisterio. También dijo que existían actas donde constaba esa orden. ¡Falso! Ayer W Radio reveló las actas y demostró que a ella nunca le dieron la orden de firmar nada. De hecho, el 26 de diciembre el Consejo dejó claro que no se autorizaba la firma, pero ella en contravía firmó 8 de los 10 contratos al día siguiente, 27 de diciembre de 2023. ¿Será que le cuentan al presidente el asunto? ¿Será que a Daniela la investigará Fiscalía y Procuraduría? ¿O, a lo colombiano, todo seguirá igual?
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