Lo excepcional del juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón

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La Justicia en México pocas veces sorprende. Horas antes de terminar el 2025, un tribunal en Puebla declaró responsables del feminicidio de Cecilia Monzón al expolítico del PRI Javier López Zavala y a dos de sus cómplices en el crimen, Jair Domínguez y Silvestre Vargas; y les impuso una sentencia de 60 años en prisión: la pena máxima. No fue una sorpresa para quienes siguieron de cerca el caso en los últimos tres años —abogados, familiares, amigos, periodistas y activistas—, pero sí para una buena parte de la opinión pública que sabe que el 95% de los feminicidios en México quedan impunes.

El caso tenía varios factores en contra, además del oxidado sistema judicial mexicano: el principal acusado es un conocido político, que alguna vez aspiró a ser gobernador de Puebla, con todos los recursos —tanto económicos como sociales— necesarios para conseguir que el veredicto nunca llegara y con conexiones políticas suficientes para que el aparato de justicia se atascara. El feminicida iba de gane el día que lo detuvieron y, probablemente, pensó que la Fiscalía nunca armaría una buena acusación para sostener ante el juez, que los abogados de la víctima no encontrarían suficientes pruebas para responsabilizarlo, y que la familia Monzón se cansaría antes de llegar a un veredicto y una sentencia.

En estadística se considera excepcional aquello con una probabilidad de que ocurra menor al 5%. La familia Monzón ha logrado justo eso. Con el dolor por la muerte de Cecilia a cuestas, pero con gran dignidad, no se dieron por vencidos y creyeron que en México la justicia para las mujeres es posible, si se sigue un camino claro y certero. Como lo creía Cecilia, una abogada que litigaba en casos en favor de las mujeres. El relevo lo tomó su hermana Helena, también letrada, que se aseguró de no dejar ningún detalle suelto en el caso más importante de su carrera: la defensa por la vida de su hermana.

El camino para Helena Monzón fue cuesta arriba desde el primer día que se presentó en la Fiscalía de Puebla para saber de primera mano sobre el caso. En esos primeros días, en los que todavía procesaba la pérdida de su hermana y se hacía cargo de su sobrino, el hijo de Cecilia, tuvo la entereza para dar los pasos necesarios para llevar el caso ante la justicia y que esta respondiera. México miró en primera fila, y como muy pocas veces es posible ver, el proceso judicial que Helena llevó acompañada de abogados, fiscales y activistas. En sus redes sociales desvelaba el laberinto burocrático del sistema judicial, las cuestionables herramientas que los acusados empleaban para demorar cualquier avance y la revictimización de la que era objeto. Nunca quitó el dedo del renglón y sigue sin hacerlo.

“Me di cuenta de que si la Fiscalía presenta mal la acusación, una prueba o sencillamente no da argumentos fuertes, el caso no tendrá ningún recorrido. No importa que una tenga una buena asesoría o que sus alegaciones se sostengan. Las víctimas no somos dueñas de los casos”, contaba Helena Monzón en un texto que envió a la redacción de EL PAÍS en marzo de 2025. En la sentencia para este feminicidio fue fundamental la atención pública al caso, pero también que cada una de las partes involucradas en el proceso judicial haya hecho su parte. Monzón ha mencionado que presentar la denuncia y hacerse personalmente cargo de ella, hizo la diferencia. La mayoría de los crímenes contra las mujeres no reciben este tipo de atención y detalle, pero el caso Monzón puede ser la puerta que lleve a que más feminicidios no queden impunes. La receta no es fácil y requiere de una constante vigilancia al sistema judicial: ojos que miren todo el tiempo el cumplimiento de su deber, sin atajos.

El caso Monzón se convierte ahora en el estándar a cumplir. Cientos de familias en México que han perdido a mujeres en feminicidios se merecen que el sistema de justicia las crea, las respete y cumpla hasta el último momento. Lo ideal es que aquello de que 10 mujeres mueren al día en México deje de ser así, pero ante la cruel realidad, las instituciones tienen que hacer su trabajo. “Nunca más normalicemos que un feminicida, por ser poderoso, por ser político, por ser quien sea o por corromper a un juez o por pagarle a un ministerio público, por lo que sea, va a quedar impune”, ha dicho la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, tras conocer la sentencia. Su frase puede ser editada para abarcar más: “Nunca más un feminicida impune”.

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