La comisión parlamentaria aprueba que el Congreso juzgue a Rousseff

Tras una larga sesión que comenzó al mediodía y terminó casi a las nueve de la noche del lunes, pródiga en gritos, abucheos, exhibición de carteles, muñecos y banderas, la comisión parlamentaria especial aprobó la apertura del proceso de destitución parlamentaria (impeachment) de Dilma Rousseff. Lo hizo por un margen considerable: 38 votos a 27. Es un paso más hacia el fin del mandato de la presidenta brasileña, pero no es definitivo aún.

Lo que esta sesión acarrea es que la bola, cada vez más grande y más ardiente, pase para el Congreso. El pleno de la Cámara de Representantes brasileña, con 513 diputados, votará el viernes. Si un tercio de diputados se manifiesta en contra de la apertura del proceso, el impeachment se detendrá; si no, seguirá su camino hacia el Senado. Ahí bastará una mayoría simple para que Rousseff sea apartada del cargo provisionalmente mientras se suceden las otras sesiones, las que, en puridad, juzgarán a la presidenta. Pero la mayoría de los analistas creen que una vez descabalgada del poder, Rousseff, cada vez más debilitada, no volverá.

La votación del lunes estaba considerada casi un trámite. Pocos creían que el Gobierno conseguiría ganarla. Pero la diferencia, 11 votos, se antoja mayor de lo esperado, con lo que Rousseff y sus aliados comprueban que se encuentran peor de lo que pensaban. La sesión, accidentada y nerviosa, llegó al final con los diputados en un estado de frenesí creciente. Unos, contrarios al impeachment, gritaban desatados “¡No va a haber golpe!”, otros, a favor del proceso, respondían, no menos enloquecidos: “Fuera el PT (Partido de los Trabajadores, formación de Rousseff y Lula)”. Otros, más allá, replicaban, enarbolando banderas y carteles: “Fuera Dilma”.

Los pro-impeachment recordaron que el motivo último de que se juzque a la presidenta son las denominadas pedaladas fiscales, es decir, el maquillaje de las cuentas públicas para enjugar el déficit presupuestario, que constituye un motivo legal para llevar a cabo este proceso. Pero además, añadieron razones puramente políticas: la impopularidad de Rousseff, la corrupción de Petrobras o la profunda crisis económica que atraviesa el país. Los contrarios recordaron que esas pedaladas fiscales son una mera excusa para llevar a cabo una suerte de golpe de Estado envuelto en legalidad ideado para echar del poder a alguien elegido en las urnas dos años atrás.

Los argumentos son los repetidos desde hace semanas. Pero la cuestión es que el impeachment avanza inexorablemente hacia sus jornadas decisivas. El viernes comenzará la que, según los expertos, constituye la última barrera creíble del Gobierno: la de la Cámara de Representantes. Tanto Rousseff como el expresidente Lula confían en convencer a los 173 diputados necesarios para detener el proceso. Pero no va a ser fácil. Desde Brasilia, para conseguirlo, Lula negocia frenéticamente con parlamentarios indecisos prometiéndoles cargos o haciéndoles sentir su influencia y su peso político.

Nadie, hoy por hoy, se atreve a dar un resultado cierto. Los periódicos publican gráficos que se renuevan constantemente con los diputados adheridos a uno y a otro lado. Pero hay una cincuentena larga de indecisos –o que se dicen indecisos- que se han convertido en clave y objeto de todas las miradas. Ellos decidirán con su voto el próximo fin de semana si el proceso sigue adelante y si, por tanto, Rousseff da una paso más en dirección al abismo político.