Brexit, pero menos

La repentina conversión de la primera ministra británica, Theresa May, al antieuropeísmo más extremo acaba de tropezar con la justicia. Su proclama de que “Brexit significa Brexit”, o sea, que la salida del Reino Unido de la UE debe ser a cara de perro, queda tocada en la línea de flotación. Ello es así porque un tribunal de primera instancia ha dictaminado que no es el Gobierno, sino el Parlamento, el que debe opinar previamente y elaborar una ley que module la presentación a Europa de la voluntad de divorcio. Técnicamente, le compete activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa que autoriza la secesión.

Y resulta que el Parlamento es abrumadoramente europeísta. Dos tercios de sus miembros prefieren permanecer en la UE, aunque respeten los avatares de la azarosa democracia directa y plebiscitaria. Y aunque el referéndum fuese consultivo y no vinculante jurídicamente. De modo que, aun siendo improbable que las Cámaras den marcha atrás sobre la decisión popular, al menos tenderán a evitar un Brexit duro. Así como a propiciar una salida que mantenga estrechos lazos económicos, jurídicos y humanos de los británicos con los otros europeos.

Cierto que el Gobierno ha anunciado que recurrirá. Incluso de mala manera, vecina al desacato propio de los rebeldes antisistema, al asegurar que no alberga “ninguna intención de dejar que esta decisión modifique los planes previstos”.

Pero juegan contra él el principio de legalidad y el del control del poder Judicial sobre el Ejecutivo, característicos pilares del imperio de la ley en un Estado de derecho: y aún más si es tan antiguo y consolidado como el británico.

Hace varios siglos que el Reino Unido consagró la soberanía parlamentaria, por la cual la “prerrogativa real” reside al final no en el Gobierno, sino en las Cámaras. La de ahora constituye, pues, también, una bella lección de historia para los excitados espíritus del populismo antieuropeo.