Pisos turísticos bajo la ley

Flexibilizar las reglas para incorporar nuevas realidades económicas a la legalidad es un objetivo legítimo y necesario en una sociedad dinámica como la que aspiramos a tener. Los pisos turísticos salieron de la competencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013 y desde entonces están sujetos a regulaciones dispares según las comunidades autónomas, en ocasiones en colisión con los sectores hosteleros que se sienten afectados y en ocasiones en colisión con una sana competencia. Baleares prohíbe los pisos turísticos y permite solo los chalés unifamiliares; Madrid impedía alquilar por estancias inferiores a cinco días hasta que una sentencia de su Tribunal Superior de Justicia anuló esta disposición; Canarias lo restringe en zonas turísticas en una medida impugnada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Las prohibiciones y límites tan excesivos son inaceptables en una economía abierta como debe ser la española. Pero permitir no es desregular, y en ese sentido la necesidad de licencias y de los impuestos correspondientes es la vía para que ese sector pueda seguir creciendo y genere beneficios para el turista, para el arrendatario y no cause perjuicios a la sociedad.

Barcelona ha ordenado el cierre de 256 pisos y ha impuesto multas de 30.000 euros a los portales de alquiler Airbnb y Homeaway por publicar anuncios de pisos sin licencia, una medida que desata la furia de estas plataformas y de los partidarios de la desregulación. Pero el exceso de visitantes —Barcelona recibió 8,9 millones de turistas en 2015— se ha convertido en el cuarto problema para sus ciudadanos, y es responsabilidad de las autoridades municipales ordenar esa realidad.

Los portales no se consideran responsables de infracciones de terceros y han recurrido la multa, que el Ayuntamiento amenaza con elevar hasta los 600.000 euros. El pulso judicial está servido y deben ganarlo el equilibrio y la legalidad.