Al borde del colapso

La propuesta del PSOE de crear una nueva tasa impositiva para financiar las pensiones ha despertado la inquietud ciudadana sobre el futuro de la protección social en España. Buena parte del debate sobre esta cuestión habido hasta el momento arroja conclusiones que avalan esa intranquilidad. En primer lugar, la mal llamada reforma de las pensiones aplicada por el Gobierno es solo un parche ridículamente pequeño para el tamaño de la brecha abierta en la financiación actual del sistema; quien dude de esta aseveración, solo tiene que comprobar cómo el Ejecutivo ha tenido que ir extrayendo dinero de la llamada hucha de las pensiones para ir pagando las aportaciones anuales a los pensionistas. Por desgracia, la reforma solo contribuyó a disfrazar y aplazar el problema con un diagnóstico erróneo y un remedio de compromiso.

El diagnóstico más ajustado es que el modelo de financiación basado en el principio de que los cotizantes de hoy pagan a los pensionistas de hoy (contando además con la reserva de la hucha) está totalmente desbordado por la crisis del empleo y, sobre todo, porque ha aumentado el periodo de tiempo —y el coste que acarrea— que va desde del momento en que un trabajador se jubila y el momento de su fallecimiento. Esta es la variable que socava las pensiones actuales y que obliga a reconsiderar seriamente el sistema.

Por una parte, la población envejece y percibe sus retribuciones durante más tiempo; por otra, disminuye la población activa, y la población ocupada ni aumenta al ritmo necesario para cubrir las consecuencias del envejecimiento ni sus rentas crecen a la velocidad con la que deberían aumentar los ingresos por cotizaciones para cubrir el gasto presente.

La hipótesis de Mariano Rajoy, según la cual bastaría con aumentar el empleo para disolver el problema, es ingenua y temeraria. Ni con la mejor proyección histórica de empleo podría compensarse el aumento del coste del modelo producido por la elevación de la esperanza de vida. En consecuencia, la propuesta del PSOE no debe ser despachada como alarmismo injustificado. Es hora de reconocer que una parte del sistema tiene que ser pagado a través del presupuesto para conjurar el riesgo de colapso a medio plazo. Quizá la fórmula más adecuada no sea una tasa finalista, sino integrar una parte de las pensiones en el cuadro de necesidades presupuestarias globales.

Pero ni siquiera la financiación parcial vía presupuestos evita la tarea política de afrontar una reforma en profundidad del sistema. En ella deben participar todas las instituciones del país, para decidir cuestiones tales como si el método de reparto debe ser corregido con medidas presupuestarias, hasta qué límite, si bastaría con aumentar las cotizaciones (al coste de gravar la creación de empleo) o si es oportuno recurrir a sistemas de capitalización, con el Estado como depositario. Y, a continuación, pactar las decisiones con los agentes sociales. En lugar de parches coyunturales, esta es la reforma que, si las condiciones políticas lo permiten, necesita y merece la sociedad española.