La hostilidad de Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha provocado un nuevo episodio de inestabilidad en el accionariado de Repsol, el grupo español en el que posee el 9,34% del capital. Las acusaciones públicas de su director, Emilio Lozoya, en la Cámara de Diputados mexicana, contra la gestión del presidente, Antonio Brufau, al que responsabiliza de una pérdida de valor accionarial y de percibir “altas” retribuciones, puede entenderse como una declaración de hostilidad poco corriente en el accionista de referencia de una compañía petrolera, que pone en riesgo el acuerdo societario de principios de 2012 entre Pemex y el Consejo de Repsol. Según dicho acuerdo, el accionista mexicano se comprometía a prestar su aquiescencia a los planes estratégicos del grupo español, así como no superar la participación del 10%.

La actitud hostil de Pemex con el grupo del que es accionista, prolongación de la que ya se produjo con ocasión de su alianza con Sacyr, solo se entiende si se acepta que la empresa pública mexicana quiere abandonar Repsol recibiendo compensaciones que no obtendría si se despidiera en silencio. Sin entrar en el detalle de sus acusaciones, el fondo del malestar de Pemex no puede explicarse por la cotización o el salario de los directivos (que sus representantes aprobaron), sino por la mala situación financiera del grupo mexicano. La expropiación de YPF también influye en la irritación de Pemex, que clama por un acuerdo entre los tres Gobiernos (España, Argentina y México) para recuperar los ingresos perdidos. En Pemex tienen que entender que la expropiación de YPF es un disparate que requiere algo más que acuerdos políticos para resolverse.

Es grave que una empresa pública como Pemex entienda que sus diferencias accionariales en un grupo estratégico como Repsol tienen que resolverse con acusaciones lanzadas a los cuatro vientos. El carácter público del accionista mexicano y el papel de Repsol en el mercado español de la energía sugieren que tales diferencias deben resolverse con negociaciones discretas y la mediación política que sea necesaria. No ha sido así y la ruptura parece difícil de evitar. Si se confirma, Repsol tendrá que recomponer una vez más su composición accionarial. Son demasiadas convulsiones para una compañía que necesita estabilidad como condición necesaria de crecimiento después de la disputa de YPF.