Madrid exige al Estado los cinco millones del IBI de la Iglesia

"Que pague quien tenga que pagar, o que el Estado compense a los Ayuntamientos por lo que dejan de ingresar en virtud de una ley que no tiene razón de ser", dijo ayer el edil de Hacienda, Juan Bravo.

¿Quién tiene que pagar? La Iglesia católica, el Estado, las estaciones de tren, los hoteles de lujo del centro histórico...

¿Qué deben pagar? El Impuesto de Bienes Inmuebles.

¿Qué ley es esa "que no tiene razón de ser"? La Ley de Haciendas Locales, que establece una serie de exenciones de las que se benefician los antes mencionados y que detraen 97 millones al año de las arcas municipales.

Los cuatro grupos municipales (PP, PSM, IU y UPyD) aprobaron ayer en el Pleno instar al Gobierno a compensar al Ayuntamiento por esas exenciones. Si el Estado quiere que las estaciones o las iglesias no paguen el IBI, que aporte el dinero perdonado.

¿Cuánto dinero es?

La "exención total y permanente de la contribución territorial urbana" para la Iglesia contemplada en los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979 afecta a templos y capillas, residencias de obispos y sacerdotes, oficinas, seminarios y conventos. Según Bravo, se le perdonan 4,86 millones de euros.

Tampoco pagan los edificios públicos de seguridad ciudadana, servicios educativos y penitenciarios, o de la defensa nacional (38 millones perdonados); los inmuebles de la Cruz Roja (13 millones, contando todas las entidades sin ánimo de lucro); las sedes diplomáticas extranjeras (3,2 millones) y las estaciones de ferrocarril (cinco millones).

También se libran del pago los 10.821 edificios catalogados como patrimonio histórico por el Estado, por los que el Ayuntamiento deja de ingresar 30 millones, según Bravo, pese a que algunos "ejercen actividades económicas muy rentables" (hoteles de lujo, etcétera).

La proposición aprobada en el Pleno no se limita a pedir una compensación por las exenciones del IBI, sino, en general, por "el impacto financiero de determinadas políticas fiscales que afectan a la financiación local". Bravo ha cuantificado en 113 millones ese "impacto financiero", y ha puesto como ejemplo de las medidas "legítimamente adoptadas por el Gobierno en impuestos de titularidad estatal pero de gran importancia a efectos de la financiación local que perciben los municipios (IRPF, IVA e impuestos especiales)" la deducción de los 400 euros o el conocido como cheque-bebe.