La muerte lenta de Jesús, el mexicano que se negó a ir a un hospital por temor al ICE

Guadalupe fue perdiendo fuerzas mientras miraba, con tristeza, videos y fotos de su marido, Jesús Juárez Cruz. El teléfono móvil le pesaba cada vez más a medida que desfilaban las memorias: un Jesús alegre, fuerte, activo, jugando con su nieta. Todo eso se ha desvanecido. “Me vinieron muchos recuerdos y me puse muy mal. Sentí como que me desmayaba”, cuenta esta migrante mexicana indocumentada, que accedió a relatar su historia con la condición de proteger su identidad por temor a represalias del Gobierno de Donald Trump.

El cadáver de Jesús se encuentra ahora en una helada morgue de California y, en unos días, lo sepultarán. Guadalupe asegura que el fallecimiento de su marido está vinculado a las duras políticas migratorias que imperan en Estados Unidos. La salud de Jesús fue disminuyendo y terminó postrado en la cama de su casa. Necesitaba de su familia hasta para las necesidades básicas. A pesar de esas circunstancias, él jamás acudió a un hospital por temor a que lo detuviera y deportara la policía migratoria (ICE, por sus siglas en inglés). Fue demasiado tarde cuando su esposa y sus hijos se convencieron de que debían llevarlo al médico. Murió a finales de febrero. Tenía 50 años y dejó a cuatro huérfanos, uno de ellos menor de edad.

“Yo le dije a mi hijo: ‘Por favor, lleven a su papá al doctor’. Porque yo miraba que él ya no comía”, narra Guadalupe con el alma en un hilo. “Teníamos miedo de que llegaran (agentes del ICE) y nos lo quitaran”.

Desde que Trump volvió al poder el año pasado, han surgido denuncias de que agentes enmascarados entran a hospitales y otros centros médicos para realizar detenciones, una práctica que estuvo vetada durante años en estos espacios por considerarse lugares sensibles, al igual que en escuelas y tribunales. Cuando el republicano regresó a la Casa Blanca, revocar esa política fue una de sus primeras medidas. El cambio ha provocado, según las organizaciones defensoras de los migrantes, un temor en la comunidad, como el que sentía Jesús. Entidades que representan a trabajadores de la salud advierten que estos operativos ponen en riesgo la atención médica de los indocumentados.

El deterioro de la salud de Jesús

Guadalupe habla con entereza durante la mayor parte de la entrevista, a pesar de que se ha convertido en una viuda sin empleo ni ahorros, y que en cuestión de horas acumuló una deuda de 34.000 dólares por gastos fúnebres. El Consulado de México en San Bernardino ha ayudado económicamente a los deudos de Jesús y les ha procurado una funeraria de bajo costo. De cualquier manera, morir en California es muy caro y la familia Juárez ha recurrido a la solidaridad pública a través de la plataforma GoFundMe.

Jesús era joven cuando abandonó su empobrecido poblado natal (Tungareo, Michoacán) con el objetivo de apoyar a los suyos con remesas. En el norte, aprendió cada tarea del oficio de la construcción. En un evento de música regional mexicana conoció al amor de su vida, Guadalupe, también originaria de Michoacán. La pareja tuvo cuatro hijos (hoy de 16, 21, 26 y 27 años). Ella trabajaba limpiando casas y oficinas.

Todo dio un giro cuando Jesús empezó a beber sin control. Una mañana de 2009, cuando llevaba a su hijo a la escuela, un policía de Los Ángeles notó que manejaba como si estuviera ebrio. Jesús falló la prueba de alcoholemia. Su deportación fue inevitable. De vuelta en su tierra, deprimido por estar lejos de los suyos, se hundió en la adicción. No volvió a ser el mismo, ni siquiera cuando, años después, cruzó una vez más la frontera. “No quería comer, se encerraba y nomás quería estar tomando. Tomaba sin parar”, lamenta Guadalupe.

En el momento más crítico de la intoxicación por el alcohol, Jesús azotaba su cabeza contra las paredes, sin medir las consecuencias. Poco antes del golpe de la pandemia, ya había dejado de ser un empleado responsable. Se extraviaba de camino a las construcciones y no comprendía las indicaciones que le daba su patrón. Un día se quedó definitivamente en casa. Hasta ahora, su familia no tiene un diagnóstico de lo que le sucedió. Espera que el certificado de defunción arroje cierta luz.

Jesús pasó sus últimos días viendo fijamente hacia el techo. Su esposa lo alimentaba “como si fuera un bebé”. Su hijo Joe, de 21 años, asumió el rol de cuidador después de que concluyó la preparatoria. “Lo ayudaba a bañarse, a prepararse para el día, le daba de comer, y también salíamos para que pudiera sentir el aire fresco y el calor del sol... Ahora es algo a lo que tendré que acostumbrarme, aprender a vivir sin él”, escribió el joven en un mensaje de texto.

Jesús se rindió definitivamente la madrugada del 21 de febrero. Había planes para llevarlo el día anterior a una clínica privada, pero su hijo llegó tarde del segundo trabajo. Al filo de las cinco de la madrugada descubrieron que Jesús ya no tenía signos vitales. Fue una escena desgarradora. “No quería llamarle a la policía, pero mi hijo me dijo que tenía que hacerlo”, relata Guadalupe, quien no supo siquiera quién se comunicó con las autoridades. A las diez de la mañana, empleados de la oficina del médico forense se llevaron el cuerpo.

“Los agentes del ICE no son bienvenidos en centros médicos”

A medida que se acercan el velorio y entierro de su esposo, Guadalupe reflexiona sobre el cuestionado actuar del ICE, que acata los planes de Trump: expulsar a todos los indocumentados que viven en este país. Su marido estaría en la lista negra de la agencia, a pesar de que se ganaba la vida honestamente, por haber vuelto tras la deportación. “Si él hubiera tenido toda la atención médica, no hubiera pasado esto”, dice ella con firmeza.

El ICE no respondió a una serie de preguntas enviadas por este medio relacionadas con el caso de Jesús y sobre la presencia de sus policías en hospitales. Por su parte, un funcionario del Consulado de México en San Bernardino dijo que pediría autorización a la Cancillería para hablar de este asunto, pero no emitió un comentario hasta la publicación de este reportaje.

La preocupación que en su momento tuvo Jesús no es aislada. La comparten organizaciones que defienden a los inmigrantes y sindicatos que agrupan a miles de trabajadores de la salud. “Los agentes del ICE no son bienvenidos en centros médicos públicos del condado de Los Ángeles”, expresa Mike Long, vocero del Local 721 del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), que representa a más de 100.000 empleados de hospitales, clínicas e instituciones de salud mental en el sur de California. “El estatus migratorio no debería impedir que nadie reciba la atención médica que necesita”.

Cuando la máquina de deportaciones de Trump tenía su mirilla sobre Los Ángeles, durante el verano de 2025, policías migratorios irrumpieron en centros médicos. La Asociación de Enfermeros de California reprochaba entonces que agentes del ICE se habían presentado en el hospital Glendale Memorial, a 20 kilómetros al noreste de Los Ángeles, para detener a un paciente y sacarlo de la institución, “aparentemente en contra de la recomendación” de un médico. Esta organización advertía que esa acción sentaba un precedente “extremadamente peligroso” y señalaba que era “absolutamente inaceptable y viola los estándares éticos y de cuidado médico no solo de este paciente, sino de la salud pública”.

La situación escaló al ámbito judicial en julio de 2025, cuando agentes enmascarados del ICE que portaban chalecos antibalas irrumpieron en el hospital Ontario Advanced Surgical Center, a 60 kilómetros al este de Los Ángeles. Perseguían a uno de tres jardineros que estaban fuera del instituto. Dos trabajadores del hospital trataron de interrumpir el operativo exigiendo a los oficiales que mostraran sus identificaciones, según se observa en un video que se viralizó. “Quítale las manos de encima. Ni siquiera tienes una orden judicial”, expresó enfurecida Danielle Ávila, quien era parte del personal del centro, al interponerse entre su compañero José Ortega y uno de los policías. Ávila y Ortega ahora enfrentan cargos por atacar a un agente federal y conspirar para interferir en un operativo policial, delitos que conllevan condenas de hasta 14 años de prisión, informó el Distrito Central de California del Departamento de Justicia.

El fiscal federal de Los Ángeles Bill Essayli aclaró sobre ese incidente que no se trataba de un paciente, sino de un hondureño indocumentado que corrió hacia el hospital huyendo del ICE. “Esta historia es otro ejemplo de la falsa narrativa de los medios impulsando una agenda que deslegitima a agentes federales”, expresó el funcionario en un comunicado.

Por ahora se desconoce la magnitud del problema. El personal médico continúa documentando este tipo de episodios, que no se limitan a California. En enero, agentes migratorios entraron a un hospital de Minneapolis, esposaron a su cama a un enfermo “con un alto riesgo médico” y permanecieron a su lado durante más de 24 horas, señalaron la congresista demócrata Aisha Gómez y el grupo Unidos MN, citados en una nota de la cadena CBS News.

Guadalupe, la esposa del fallecido Jesús Juárez Cruz, se identifica con el dolor de los familiares de las más de 40 personas, incluyendo 14 mexicanos, que han muerto bajo custodia del ICE desde que Trump llegó a la Casa Blanca, una fría cifra que retrata las consecuencias de sus políticas antiinmigrantes.

La viuda ve el futuro con incertidumbre. No puede regresar al pueblo michoacano donde nació hace 45 años, porque su familia salió de allí desde la desaparición de su padre hace 15 años. Sujetos armados se lo llevaron y jamás volvieron a saber de él. Guadalupe dice que ese dolor la preparó para el que enfrenta en este momento. “No hay vuelta atrás. Ahora digo: ‘Hubiera llevado a mi esposo al hospital’. Pero ya no puedo regresar el tiempo”.