La ‘app’ de reconocimiento facial del ICE, en la mira por fallos y por amenazar un auge de la vigilancia estatal

Un agente federal detiene un auto en una parada “rutinaria” en medio de la ofensiva antimigratoria del Gobierno de Donald Trump. El conductor baja la ventana y, antes de pedir algún documento, el oficial toma una foto de la persona que está tras el volante. O, tal vez, durante una redada migratoria, algunos vecinos intentan evitar que los agentes enmascarados entren sin una orden judicial a un domicilio particular y se produce un enfrentamiento. Los agentes inmovilizan a un testigo, y mientras aún forcejea desde el suelo, le apuntan la cámara del móvil y le toman una foto.

No son imágenes para el recuerdo. Las fotos van inmediatamente a un registro de reconocimiento facial para supuestamente buscar coincidencias con criminales conocidos, pero además, desde la implementación de una directriz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la primavera del año pasado, termina en una base de datos gubernamental de la cual se sabe poco. Todo este proceso ahora está en la mira por presuntas imprecisiones, fallos técnicos, y por amenazar un auge sin precedentes de la vigilancia estatal en Estados Unidos.

En medio de las negociaciones para financiar el DHS, las cuales están girando en torno a la implantación de límites y controles sobre la actuación de los agentes federales que están llevando a cabo la política migratoria del presidente Trump, el debate sobre el uso de sistemas de identificación biométrica también se ha colado en el Congreso. Un grupo de senadores demócratas presentó la semana pasada una iniciativa legislativa para prohibir al DHS y a sus agencias de migración —entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)— el uso de tecnologías de reconocimiento facial.

El proyecto, bautizado como ICE Out of Our Faces Act (Ley del ICE Fuera de Nuestras Caras), está encabezado por el senador Edward J. Markey, de Massachusetts, junto a los senadores Jeff Merkley y Ron Wyden, ambos de Oregón, y la congresista Pramila Jayapal, del Estado de Washington. La iniciativa busca frenar lo que sus promotores describen como la construcción de un aparato de vigilancia biométrica sin límites claros ni control democrático.

“Durante años, he estado dando la voz de alarma sobre los peligros de un estado de vigilancia nacional basado en la tecnología de reconocimiento facial. Ahora, estamos viendo cómo los agentes federales sin escrúpulos de Trump despliegan esta tecnología en nuestras calles de todo el país mientras intenta reforzar su control autoritario”, afirmó el senador Merkley en la presentación de la propuesta de ley. “Sin supervisión, esta tecnología es peligrosa en manos de cualquier gobierno, y la Administración Trump la está utilizando de forma abusiva para pisotear la privacidad, la libertad de expresión y las libertades civiles. Todos los estadounidenses amantes de la libertad deben unirse a nosotros para hacer frente a este ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

La propuesta prohibiría de forma explícita que el ICE y CBP adquieran o utilicen tecnologías de este tipo. Además, obligaría a eliminar todos los datos recopilados mediante estos sistemas y permitiría que individuos afectados y fiscales generales estatales soliciten sanciones civiles en caso de violaciones. La legislación cuenta con el respaldo de organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la Electronic Frontier Foundation (EFF) y el Electronic Privacy Information Center (EPIC), entre otras.

Una ‘app’ controversial

El impulso legislativo coincide con una investigación del medio especializado en tecnología WIRED, que documenta cómo el DHS comenzó a usar en la primavera de 2025 en todo el país la aplicación Mobile Fortify. Según los registros y documentos internos del departamento revisados por la revista, la app fue aprobada y puesta en marcha de manera acelerada y sin los procesos de revisión de privacidad que históricamente han acompañado la adopción de tecnologías con impacto directo en los derechos civiles.

Mobile Fortify fue presentada en su momento oficialmente como una herramienta para “determinar o verificar” identidades durante detenciones y operativos federales de migración, y justificada al estar obedeciendo a una orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su segundo mandato, que llamaba a un endurecimiento “total y eficiente” de la política migratoria. Sin embargo, como demuestra el análisis de WIRED, la propia arquitectura del sistema no está diseñada para que la app confirme identidades de forma fiable. Genera posibles coincidencias, no identificaciones positivas, una limitación que ha sido ampliamente señalada por expertos y que se ve todavía más comprometida si las fotos no son tomadas en condiciones óptimas de luz y estabilidad. En el campo, rara vez se dan las condiciones para tomar una fotografía estilo pasaporte, lo cual genera un muy alto riesgo de coincidencias erróneas.

De acuerdo a las patentes revisadas por WIRED, la tecnología que impulsa Mobile Fortify se basa en algoritmos desarrollados por NEC Corporation of America, filial estadounidense del conglomerado japonés NEC. El sistema convierte imágenes faciales captadas en la calle en plantillas biométricas que se comparan con bases de datos gubernamentales, devolviendo una serie de “candidatos” que superan un umbral de similitud. Ese umbral puede ajustarse para priorizar velocidad y volumen, a costa de aumentar el riesgo de falsos positivos, especialmente cuando las imágenes se toman fuera de condiciones controladas.

El medio también revela que la aprobación de la aplicación coincidió con el desmantelamiento de controles centrales de privacidad dentro del DHS y la eliminación silenciosa de directrices internas que restringían el uso del reconocimiento facial. Estos cambios fueron supervisados por Roman Jankowski, un exabogado de la conservadora Heritage Foundation y colaborador del plan político Proyecto 2025, quien hoy ocupa un alto cargo en la oficina de privacidad del departamento.

Tanto expertos como defensores de derechos civiles advierten que el uso de esta tecnología en contextos cotidianos amplifica los riesgos de vigilancia masiva y discriminación. Se han documentado numerosos casos en los que agentes federales desplegados como parte de los macrooperativos migratorios de la Administración Trump han escaneado los rostros de ciudadanos estadounidenses, observadores y manifestantes. Además, bajo las laxas regulaciones actuales, los datos biométricos recopilados pueden almacenarse durante años y compartirse entre agencias, con escasa transparencia sobre su uso o los mecanismos de corrección de errores.

Por todo esto, para los promotores del ICE Out of Our Faces Act, el problema va más allá de la precisión técnica de la aplicación usada. “La Administración Trump no está utilizando estas herramientas para mantener la seguridad pública. Lo está haciendo para silenciar el discurso legítimo y castigar la disidencia”, sentenció el senador Markey. Dado el control republicano actual de ambas cámaras del Congreso, la propuesta de ley tiene una baja probabilidad de prosperar, pero el debate que genera vuelve a enfrentar una visión de un Estado que amplía su capacidad de vigilancia en nombre del control migratorio y otra en la que estas herramientas suponen una amenaza directa a la privacidad, la libertad de expresión y los límites constitucionales del poder público.