Estados Unidos se precipita hacia un Estado de tecnovigilancia masiva

Escaneo masivo y no autorizado de las redes sociales. Análisis de datos biométricos, de renta, salud o seguridad social. Intervención de comunicaciones telefónicas. Geolocalización a través del móvil. Seguimiento de trayectos en coche mediante lectores de matrículas. Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, el Gobierno de EE UU está usando estas y otras herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) para fiscalizar y perseguir sin autorización judicial a miles de personas, mayormente inmigrantes, extranjeros de paso o estudiantes. En los últimos cuatro meses, Trump y su hasta ahora consejero estrella, el magnate Elon Musk, han acelerado de la mano del sector privado la construcción de un estado de la tecnovigilancia masiva del que, por primera vez en la historia, Washington saca pecho en vez de negar su existencia.

“La vigilancia en EE UU no empezó con Trump, ni concluirá cuando este deje la Casa Blanca. Los cimientos del actual estado de la tecnovigilancia se establecieron durante décadas, con apoyo bipartidista a políticas que normalizaron prácticas invasivas en la aplicación de la ley, en el ámbito militar y en el control fronterizo”, explica a EL PAÍS la activista por los derechos civiles bareiní Esra’a Al Shafei, que lleva años estudiando este asunto. “Este sistema se alimenta de grandes presupuestos destinados a agencias de inteligencia, así como de proveedores privados, todo bajo el pretexto de la seguridad nacional y la prevención del delito”, describe. Empresas como Palantir, Anduril o GEO Group están aportando a Washington herramientas digitales para construir toda esta infraestructura de la vigilancia.

Trump no deja de añadir capas a este sistema. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó en abril que está usando una herramienta llamada Babel X para “recopilar información de redes sociales sobre los viajeros que puedan estar sujetos a más vigilancia”, según dijo el propio organismo. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por su parte, ha reconocido que viene usando otro programa, SocialNet, que agrega datos de más de 200 fuentes, incluyendo Facebook, Twitter/X, Instagram o Linkedin, así como aplicaciones de citas.

Washington reconoce oficialmente que basta con encontrar en los feeds “actividad antisemita”, como manifestarse en contra de la masacre de Gaza, para que las autoridades puedan denegar el derecho de asilo o ciudadanía. También se anima a los funcionarios estadounidenses a denunciar a sus colegas en caso de que aprecien que en ellos algún tipo de “sesgo anticristiano”, según afirma una Orden Ejecutiva firmada por Trump en febrero. “Usar la vigilancia en redes sociales para intimidar, acosar, alienar, deportar, encarcelar o arrestar es antitético a muchos de los principios en los que se basa la democracia”, ha advertido Paromita Shah, directora ejecutiva de la ONG estadounidense en defensa de los inmigrantes Just Futures Law.

Las redes sociales son solo la superficie. Para alimentar esta maquinaria automatizada de seguimiento de sospechosos hacen falta datos de calidad sobre los ciudadanos. Una parte de esa información se está obteniendo comprándosela a grandes corredores de datos, o data brokers, como Thomson Reuters o Lexis Nexis, que elaboran perfiles exhaustivos de millones de personas con hasta 10.000 tipos de datos sobre cada individuo a partir de su rastro online. Desde nombre, dirección, nivel de renta o dónde hace la compra hasta tipo de ocio preferido, edad a la que se casan sus amigos, historial sexual o perfil emocional, toda esa información está disponible.

Pero la otra parte de ese gran repositorio de datos se está destilando dentro del propio gobierno federal. Ahí entra una de las ocurrencias estrella de Trump y quien hasta ahora era su asesor estrella, Elon Musk: el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por el propio Musk y que lleva meses amasando datos oficiales sensibles de centenares de millones de ciudadanos procedentes de otras agencias federales, desde situación fiscal hasta historiales médicos. Datos que, según alertan algunos observadores, puede que se lleve consigo ahora que ha decidido alejarse de la Casa Blanca.

Los datos cosechados por DOGE le están sirviendo a Palantir, que acumula contratos por más de 2.700 millones de dólares con la Administración, para construir una nueva plataforma de deportación para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, InmigrationOS. Servirá para “apoyar el análisis completo de las poblaciones objetivo” y contribuirá al sistema de seguimiento de individuos, según figura en el resumen del contrato, en el que se especifica que el primer prototipo deberá estar listo en septiembre.

Los tentáculos del estado de la tecnovigilancia son extensos. Procesa datos, pero también tiene ojos por todas partes. “La infraestructura incluye herramientas como drones de vigilancia con reconocimiento facial, recopilación de datos biométricos, lectores de matrículas, torres de vigilancia equipadas con cámaras de alta resolución y sensores, herramientas de policía predictiva o seguimiento de ubicación, por nombrar solo algunas”, dice Al Shafei, fundadora de Surveillance Watch, un repositorio de referencia internacional con información sobre empresas implicadas en el negocio y objetivos conocidos.

El Departamento de Seguridad Nacional ha adquirido en los últimos meses a la empresa Cellebrite, a Paragon Solutions, a Venntel y a NSO Group, los desarrolladores de Pegasus, varias licencias de software para espiar teléfonos móviles, según datos recogidos por Just Futures Law. Esta tecnología sirve para entrar en los dispositivos y ver todo lo que sucede en ellos, pero también hay otras herramientas para seguir la localización de los móviles. Una investigación de la revista Time demostró que se ha identificado por esta vía, y sin autorización judicial, a mujeres que cruzaban la frontera entre estados y se acercaban a clínicas de aborto para interrumpir el embarazo.

Despliegue acelerado

Un análisis del inventario de casos de uso de IA del Departamento de Seguridad Nacional llevado a cabo por Just Futures Law constata que en los últimos meses se han registrado al menos 23 nuevas tecnologías de IA para la gestión de aduanas. Según una investigación de The New York Times, el Gobierno federal ha invertido 7.800 millones de dólares desde 2020 en tecnologías para la inmigración, asociándose con 263 empresas para desarrollar y desplegar esas herramientas.

Puede que Trump no haya inventado la tecnovigilancia, pero la ha abrazado con fuerza. “Este proceso ha sucedido extremadamente deprisa. Trump ha hecho que para las grandes tecnológicas sea más fácil hacer lo que ya querían hacer, pero sin necesidad de ningún barniz de blanqueo ecológico o democrático”, apunta a este periódico Timnit Gebru. La ingeniera etíope fue codirectora del equipo de Ética de la IA de Google hasta 2020, cuando la despidieron poco antes de publicar un artículo científico en el que describía cómo los modelos algorítmicos en los que se basa la IA generativa están fuertemente sesgados y perjudican a las minorías. Un año más tarde fundó el instituto DAIR, desde donde investiga los daños que causa la IA en los colectivos más vulnerables. “Realmente cuesta seguir el ritmo de lo que vamos sabiendo sobre este tecnoaparato. Es terrible. Y no oigo hablar de esto al Partido Demócrata”, critica.

“Desde que Trump volvió a la Casa Blanca, la expansión de las herramientas de vigilancia se ha acelerado, con políticas que utilizan la recopilación de datos de manera más agresiva que antes”, indica por su parte Al Shafei. “También estamos viendo más solicitudes de propuestas por parte de estas agencias gubernamentales para buscar empresas que puedan proporcionar herramientas de vigilancia más invasivas y sofisticadas, por lo que podemos esperar que esta tendencia continúe en expansión”.

Las víctimas del sistema

Todo este entramado se está usando con objetivos claros. “Estas medidas han afectado de manera desproporcionada a inmigrantes, refugiados, estudiantes y comunidades marginadas y de bajos ingresos. Aunque la escala e intensidad de la vigilancia están aumentando, el problema no es nuevo”, resalta Al Shafei.

Nadie es ajeno de las implicaciones de la maquinaria que Trump está puliendo y engrasando. Un informe elaborado por varias ONG para la ONU habla de “evaporación de los derechos humanos” para referirse a lo que está pasando en las fronteras terrestres estadounidenses. “Una relación más estrecha entre el gobierno y las empresas de vigilancia, junto con una intensificación de la vigilancia en EE UU, representa una amenaza real para los derechos y libertades fundamentales”, sostiene Michael De Dora, investigador especializado en política de EE UU de la organización en defensa de los derechos digitales Access Now. “La Administración de Trump valora la seguridad nacional por encima, o incluso a expensas, de los derechos humanos y la privacidad. Los miembros de su administración no solo están vigilando a las personas, sino que han llegado a discutir la suspensión de principios democráticos fundamentales, como el habeas corpus”.

Europa no es inmune a lo que está sucediendo en EE UU. “Agencias como Frontex o Europol están invirtiendo en bases de datos biométricos, reconocimiento facial y herramientas de monitorización basadas en IA que se asemejan mucho a los sistemas ya en marcha en EE UU”, ilustra Aljosa Ajanovic, analista del European Digital Rights Institute (EDRi).

Volviendo a EE UU, muchos observadores creen que es muy difícil acotar la aplicación de todos estos controles tecnológicos sobre los extranjeros. Ni siquiera los más acérrimos trumpistas, opina De Dora, deberían apoyar el despliegue del estado de la tecnovigilancia. “Una vez que se acepta esta maquinaria y está en funcionamiento, se puede utilizar contra cualquiera”.