Los expertos denuncian la ilegalidad de permitir a los agentes del ICE invadir residencias sin una orden judicial

Un nuevo memorando que autoriza a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) a entrar en las casas sin una orden judicial ha hecho saltar las alarmas entre los expertos, que consideran las nuevas directrices una violación sin precedentes de las garantías constitucionales. Según se reveló este jueves, la agencia insta a los funcionarios federales a hacer uso de la fuerza para ingresar en las residencias y llevarse detenidas a las personas que estén dentro sin tener la autorización de un juez. “Si el extranjero se niega a permitir el acceso, los agentes del ICE solo deberán usar la fuerza necesaria y razonable para ingresar a la residencia, previa notificación de su autoridad y de su intención de entrar”, dice el documento.

El memorando se envió en marzo del año pasado, pero solo se ha conocido esta semana. Whistleblower Aid, una organización legal sin fines de lucro que ayuda a los trabajadores que denuncian irregularidades, se hizo eco de ello después de obtener la información de dos funcionarios del ICE que quisieron mantener el anonimato para evitar represalias.

La iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, ha levantado ampollas entre analistas y defensores de los derechos civiles, que la consideran ilegal, ya que la Cuarta Enmienda de la Constitución protege a todas las personas en el país contra registros e incautaciones irrazonables, independientemente de su estatus migratorio. “Es realmente impactante. Esto representa un nuevo nivel en la forma en que la Administración Trump traspasa los límites legales y normativos, y creo que está sorprendiendo a mucha gente porque se dan cuenta de que vulnera algunas de las protecciones constitucionales más básicas que tenemos en Estados Unidos y que podría terminar afectando tanto a ciudadanos estadounidenses como a inmigrantes”, opina Kathleen Bush-Joseph, analista política del Instituto de Política Migratoria (MPI).

Según el documento, los agentes no necesitan más que una orden administrativa, no judicial, para invadir la residencia. La diferencia es que la primera la emite un juez de inmigración y sigue a una orden de deportación. La segunda debe ser emitida por un juez tras evidenciarse que se ha cometido un delito. Los jueces de inmigración dependen del poder Ejecutivo, no como el resto del cuerpo judicial, aunque nunca hasta ahora habían denunciado la politización de su trabajo. Desde que llegó Trump, la Administración les ha enviado directrices, obligándoles a acelerar los procesos y a desestimar casos de asilo. El republicano, además, ha despedido a muchos de los jueces de inmigración que no seguían sus pautas y los ha sustituido por abogados militares. El objetivo es aumentar las órdenes de expulsión y lograr la mayor deportación de la historia, prioridad del segundo mandato de Trump. La autorización a los agentes para invadir residencias con solo una orden administrativa facilitará la tarea.

“Que el gobierno afirme tener el poder de irrumpir en los hogares de las personas y arrestarlas sin una orden judicial es la personificación de la tiranía”, ha declarado el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) en un comunicado. Whistleblower Aid alertó de que los dos empleados federales estaban “revelando una directiva política secreta y aparentemente inconstitucional”.

El Gobierno lo ve de otra manera. El vicepresidente, J. D. Vance, que viajó a Minneapolis para defender su agresiva operación contra los migrantes en esa ciudad, declaró el jueves que, según la interpretación del Gobierno de Trump, “se pueden hacer cumplir las leyes de inmigración del país mediante una orden administrativa si se cuenta con una orden de detención administrativa”.

El memorando no se distribuyó entre todo el personal de la agencia, sino que se envió a algunos altos cargos y se ha usado para adoctrinar a los nuevos agentes. El ICE lanzó una intensa campaña de reclutamiento en los últimos meses porque con los agentes de que dispone no puede cumplir los objetivos que le ha impuesto el presidente. En este tiempo, se ha prácticamente duplicado en tamaño al superar los 20.000 agentes, más que otras agencias federales como el FBI, y ha reportado más de 150.000 aplicaciones para unirse al cuerpo. Esta campaña también ha levantado alarmas por los prácticamente inexistentes prerrequisitos necesarios para aplicar y el cortísimo entrenamiento que se le está dando a los nuevos reclutas.

En este escenario, la política para entrar a domicilios particulares no afectará solo a los migrantes con orden de deportación, según los expertos. “Ya hemos visto casos de muchos ciudadanos estadounidenses arrestados por error durante largos períodos, y sabemos que las fuerzas del orden a veces se equivocan. Entran en la casa de la persona equivocada, tienen el nombre incorrecto o, simplemente, la persona tiene un nombre común. Por ejemplo, si tu apellido es García o Sánchez, la gente está preocupada de perder su trabajo o de que entren a su casa”, advierte Bush-Joseph.

Un estudio de la Universidad de Los Ángeles (UCLA) publicado esta semana confirma lo que varios informes han mostrado a lo largo del año: que, en contra del discurso oficial de que se está deportando a criminales, la mayoría de las personas detenidas y expulsadas carece de antecedentes penales y los agentes migratorios usan un perfil racial para elegir sus presas. Las detenciones mensuales de latinos sin antecedentes penales se multiplicaron por seis durante la Administración Trump en comparación con el último año del Gobierno de Joe Biden. El informe muestra que los periodos de detención también se prolongaron considerablemente y se volvieron más perjudiciales, con traslados más frecuentes entre centros de detención. Además, la deportación ha reemplazado en gran medida la liberación: casi 9 de cada 10 detenidos latinos sin antecedentes penales fueron deportados, mientras que solo una pequeña fracción fue puesta en libertad en sus comunidades. El informe advierte que estas tendencias podrían indicar un cambio hacia el confinamiento masivo con consecuencias de gran alcance.

A pesar del memorando, el IRLC, que orienta a los migrantes para lidiar con la ofensiva contra la comunidad extranjera lanzada por Trump, no ha cambiado sus consejos. “Sus derechos constitucionales no han cambiado. Incluso si el ICE no respeta sus derechos, usted tiene derecho a negarse a permitir que las fuerzas del orden entren en su domicilio sin una orden judicial. El ICE no ha mostrado ninguna intención de utilizar tácticas de desescalada, por lo que su seguridad es primordial”, recomiendan.