Los 14 migrantes deportados por Estados Unidos a Ghana son enviados a sus países, donde enfrentan persecución

Los temores de los 14 ciudadanos de países de África occidental que fueron deportados desde Estados Unidos a Ghana se han cumplido y han sido enviados a Nigeria y Gambia, sus países de origen, donde pueden enfrentar persecución y tortura. La repatriación se produce después de que sus abogados pusieran en duda la legalidad de haberlos enviado a Ghana y de que una jueza reprendiera al Gobierno de Trump por no hacer nada para evitar que acabaran en sus países de origen.

Cinco de los deportados presentaron una demanda en un tribunal de Washington D. C. la semana pasada pidiendo su regreso a Estados Unidos, donde habían recibido una “suspensión de deportación” judicial para evitar su traslado a sus países de origen. La Administración de Donald Trump hizo caso omiso de las protecciones con las que contaban y el propio poder judicial reconoció su impotencia para obligar al Gobierno a que los retornara.

Los deportados “ya han partido hacia sus países de origen”, confirmó a AP Felix Kwakye Ofosu, ministro de comunicaciones del gobierno de Ghana. Estados Unidos habpia deportado a los 14 migrantes a Ghana el 5 de septiembre, después de llegar a un acuerdo con el Gobierno africano para enviar a migrantes de otros países de África occidental.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, rechazó las críticas de que la decisión fuera un respaldo a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos diciendo que Ghana aceptó a los deportados de terceros países “puramente por un principio humanitario”.

En una rueda de prensa realizada el lunes en Accra, la capital, Ablakwa dijo que Ghana no recibió ninguna compensación financiera de Estados Unidos. “Simplemente no podíamos seguir soportando el sufrimiento de nuestros hermanos de África occidental”, dijo el ministro.

Uno de los demandantes ya había sido trasladado desde Ghana a su país de origen, Gambia, donde enfrenta persecución. El presidente ghanés, John Dramani Mahama, había dicho la semana pasada que la repatriación del resto era inminente.

La jueza Tanya Chutkan, con sede en Washington DC, celebró una audiencia el sábado después de que los abogados de los migrantes afirmaran que sus clientes creían que serían trasladados desde Ghana a sus países de origen. La magistrada pidió al Gobierno que explicara qué gestiones estaba haciendo para evitar que eso sucediera, ya que los detenidos contaban con protecciones judiciales que lo prohibían. A la vez, admitió su impotencia para obligar al Gobierno que los retornara.

“No he tenido reparos en decir que creo que este es un plan muy sospechoso”, dijo durante la audiencia. Sin embargo, agregó que la Corte Suprema había bloqueado una decisión de un tribunal inferior en un caso similar “y no tiene sentido que tome decisiones que se suspenderán de inmediato”, según recoge The New York Times.

Chutkan afirmó que la Administración Trump elaboró ​​el acuerdo para evadir los requisitos legales de Estados Unidos que le exigen abstenerse de enviar migrantes a sus países de origen si enfrentan situaciones de peligro. “Estas preocupaciones no son especulativas”, afirmó Chutkan. “Las preocupaciones son tan reales que el Gobierno de Estados Unidos está de acuerdo en que no deben ser devueltos a su país de origen”.

Los abogados del Departamento de Justicia se apoyaron en un argumento que la Administración Trump ya había utilizado en el caso de Kilmar Armando Abrego García, el salvadoreño que fue deportado por error a El Salvador violando una protección judicial que lo prohibía y que se encuentra detenido en Estados Unidos. Los letrados sostuvieron que, una vez que un migrante era expulsado de Estados Unidos, el asunto estaba fuera de su control.

El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora y que ha dado luz verde a varias medidas de dudosa legalidad de la campaña de deportaciones de Trump, ha autorizado la expulsión a terceros países, suspendiendo el fallo de un juez federal que establecía que los migrantes debían tener primero la oportunidad de demostrar que correrían riesgo de tortura.

“Esto parece ser un plan específico para eludir estas obligaciones”, señaló Chutkan. “¿Qué pretende hacer el Gobierno? Y por favor, no me digan que no tienen control sobre Ghana porque sé que lo tienen”. dijo Chutkan.

Expuesto a la cadena perpetua

Uno de los demandantes, conocido en los documentos judiciales como K.S., fue deportado a Gambia a pesar de haber recibido protección legal que impedía su deportación a ese país. K.S. es bisexual y Gambia penaliza las relaciones entre hombres con una pena máxima de cadena perpetua. K.S. se encuentra ahora escondido en Gambia y teme por su vida, según los abogados.

La deportación de los migrantes a Ghana se produjo en el secretismo con el que se han realizado las deportaciones de otros migrantes a terceros países en África.

La Administración Trump ya ha enviado a migrantes a Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda, todos ellos países con Gobiernos sobre los que pesan denuncias de violación de derechos humanos.

Estados Unidos no hizo público el acuerdo con Ghana y el presidente ghanés solo lo confirmó el 10 de septiembre, días después de recibir a los 14 detenidos.

Los demandantes fueron deportados en plena noche del 5 de septiembre. Fueron sacados de sus celdas en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Alexandria, Luisiana, y trasladados a Ghana en un avión de carga militar estadounidense, según la denuncia. A cuatro de los demandantes les colocaron camisas de fuerza, según dijeron.

Al llegar a Ghana, fueron a un campamento al aire libre donde las condiciones eran “deplorables”, según la denuncia, y donde no había suficiente agua corriente ni refugio permanente, salvo tiendas de campaña.

Noah Baron, subdirector de litigios de la Asian Americans Advancing Justice, organización de derechos humanos que representa a los demandantes, declaró a The Washington Post: “Esto refleja un patrón muy preocupante por parte del Gobierno de expulsar a personas de Estados Unidos a países a los que tenían protección contra el regreso y en los que ellos —el Gobierno— saben, o razonablemente deberían saber, que estarán en grave peligro".